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Lakua priorizará la atención en los comedores escolares tras la sanción

El Departamento de Educación del Gobierno de Lakua aseguró ayer que dará prioridad a que el servicio de comedores escolares públicos de la CAV «se siga prestando» y «no se desatienda», después de que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) haya impuesto una sanción de 18 millones a ocho empresas del sector por «pactar precios».

Después de una investigación llevada a cabo tras recibir una denuncia de una empresa del sector, la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha considerado demostrado que durante al menos diez años –hasta 2014–, las ocho empresas que suministraban comidas en colegios públicos «renunciaron a competir en todos los lotes para los que habían demostrado capacidad, por medio de una pauta orquestada de presentación de ofertas con el objetivo de conseguir un reparto de lotes».

Así, durante los años investigados las empresas sancionadas llevaron a cabo «una práctica que les garantizó la prestación del servicio de comedores en el mismo lote a cada una de ellas y a un precio alterado al alza por la concertación».

La AVC considera que esta conducta constituye «una infracción muy grave» de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe cualquier práctica concertada entre empresas que tenga por objeto o por efecto restringir la competencia en el mercado.

Subraya que esta práctica tiene «una incidencia muy alta en la sociedad vasca», dado que afecta a un porcentaje elevado de población y que los costes son «parcialmente financiados por el Gobierno Vasco de manera directa (en un 35% del presupuesto) e indirecta (vía ayudas a estudiantes)». Cada día se elaboran cerca de 92.000 menús en estos centros y durante el curso se dan más de 17 millones de menús en la CAV.

La falta de competencia «ha impedido a la administración convocante de los concursos y a las propias familias –que llevan a sus hijos e hijas a los centros y que abonan una parte del precio del menú escolar– beneficiarse de las diferencias en precio y calidad del servicio que se derivan de la libre competencia», señala.

La limitada apertura a la competencia que se ha producido en el curso 2015-16, una vez incoado el expediente, ha generado un ahorro de 7 millones de euros –hasta ahora el contrato era de 90 millones– «sin merma alguna para la calidad del servicio». En los diez cursos sujetos a investigación el Departamento de Educación dedicó 854 millones del presupuesto público solo para sufragar este servicio.

Postura de Lakua

Una vez conocida la resolución, el Gobierno de Lakua aseguró que lo ocurrido «es grave» y que la analizará para ver «si procede emprender alguna actuación», y señaló que ahora su prioridad es que esta sanción no suponga «la desatención» del servicio de comedores escolares. Además, explicó que las empresas sancionadas podrán seguir haciendo su trabajo «si el marco jurídico no se lo prohíbe y si no son inhabilitadas para ello», aunque precisó que pueden seguir trabajando «siempre y cuando la sanción, cuya cuantía no es irrelevante, no las haga inviables».

 

Cuatro de las empresas sancionadas recurrirán ante el TSJPV

Auzo Lagun, Cocina Central Magui y Cocina Central Goñi, en un comunicado conjunto, y Gastronomía Baska anunciaron ayer mismo que recurrirán la resolución de la AVC ante el Tribunal de Justicia del País Vasco porque «no ha existido acuerdo o concertación con nadie» y «nunca» han realizado «acto alguno susceptible de ser considerado contrario o restrictivo de la competencia».

También denuncian que la resolución es «desproporcionada» y que «no se ajusta a derecho».GARA