Ha transcurrido casi medio siglo desde que se ocupase la finca 55 para construir la intersección entre las actuales avenidas Maurice Ravel y Zumalakarregi, y 38 desde que Construcciones Panera solicitase al Consistorio bilbaino licencia para edificar 160 viviendas junto a otros cuatro bloques que había construido previamente en Zurbaran. Entonces, en 1978, los responsables municipales se la denegaron y se inició una sucesión de procesos en los juzgados entre la empresa, la administración local y los vecinos. Son estos últimos, precisamente, quienes han descubierto que los terrenos municipales que ocupa el actual bulevar, donde se construyó el nudo viario de Zurbaran, están a nombre de Panera.

Al detectar esa irregularidad, tal y como obliga la Ley 33-2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, han presentado una moción a través de la Asociación de Vecinos Gure Etxea para su debate en el Pleno municipal, en la que instan al Gobierno Aburto a que registre los terrenos de la parcela 55 de la autovía a nombre del Ayuntamiento. La iniciativa cuenta con el aval del movimiento ciudadano de Bilbo.

Ese espacio de 5.000 metros cuadrados, según se recoge en el Boletín Oficial de Vizcaya del 17 de julio de 1968, fue expropiado a Panera y a otros socios. En aquella época, aunque los terrenos se ocuparon según se recogía en el plano parcelario del proyecto del Ministerio español de Obras Públicas, el alcalde franquista Javier Ybarra no ordenó su expropiación ni se inscribió como propiedad municipal en el registro. Por entonces, no era necesario ese trámite al haberse ocupado para acometer una obra pública.

Fue en 2003 cuando por ley se estableció la obligatoriedad de que las administraciones públicas inscriban en el registro de la propiedad los bienes y derechos de su patrimonio, «ya sean demaniales –es decir, obra pública– o patrimoniales». A pesar de que existe esa obligación legal, el Consistorio no la ha cumplido en doce años. Aduce para ello que en ningún momento «ha visto perturbada la posesión pacífica de los terrenos municipales en cuestión, ni discutida la titularidad de los mismos», algo –precisan los vecinos– que no es verdad, porque tanto el Ayuntamiento como ellos mismos han debido litigar debido a esa finca registral.

En 2015, se escribió el último capítulo, cuando el Tribunal Supremo desestimó un recurso de los herederos de Panera, que en caso de haber sido fallado a su favor hubiera supuesto que las arcas municipales habrían tenido que indemnizar a la constructora con 18,7 millones de euros. La empresa reclamaba el «beneficio perdido» desde 1991, cuando el equipo de gobierno que presidía José María Gorordo recalificó el solar de 3.500 metros cuadrados –donde se querían edificar las 160 viviendas– como zona verde tras una importante movilización ciudadana. Sus supuestos «derechos», explican los vecinos, los «obtendría» de esgrimir la titularidad de la parcela 55, la que ahora piden al Pleno que se registre, pues el otro solar no dispondría de volumen edificatorio alguno.

Proteger el interés público

A pesar de los problemas que le ha ocasionado, el Consistorio argumenta para rechazar la inscripción de la parcela 55 que «la salvaguarda de la integridad del patrimonio municipal estaba y permanece garantizada, dada su carácter de terrenos de dominio público por la especial protección que la legislación patrimonial otorga a los bienes de esta naturaleza». Resulta curiosa la explicación cuando en 2006 el Ayuntamiento denegó el inicio de un expediente de expropiación, solicitado por la constructora un año antes, al estimar que la propiedad de los terrenos no estaba clara.

Los promotores de la moción advierten que la explicación del Consistorio bilbaino respecto al supuesto control sobre los terrenos de dominio público no concuerda con lo recogido en la Ley 33-2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que establece que, a consecuencia de los «desmanes ocurrido en esta campo», es obligado el registro; lo ocurrido en Zurbaran creen que es un ejemplo claro.

La asociación vecinal Gure Etxea expone, además, la posición de un experto en el régimen jurídico de los bienes de las entidades locales, Tomás Cobo Olvera, que defiende que «los bienes de dominio público también pueden ser objeto de usurpación real, sin perjuicio de la imprescriptibilidad, inembargabilidad o inalienabilidad que se predica de los mismos».

«Lo que encontramos inexplicable es que la constructora –en referencia a Panera– ponga un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento, por el que le pedía 18 millones de euros, con la finca registral de la parcela de la autovía que el Ayuntamiento se niega a registrar», manifiestan. Los vecinos insisten en que la «garantía» está en la inscripción de los bienes públicos en el registro de la propiedad y citan que los alcaldes José Luis Robles (1983-1987) y José María Gorordo (1987-1990) ordenaron que «se dieran pasos en la regularización de esta anómala situación», algo que no ha sucedido.

Los vecinos quieren que el Ayuntamiento de Bilbo defienda de una vez el interés público, al tiempo que recuerda que el Gobierno municipal, entonces presidido por Iñaki Azkuna, tuvo la oportunidad de zanjar el asunto a raíz de la Ley 33-2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas pero no lo hizo, prolongando otra década de pleitos en los juzgados.