Solo tres meses después de los atentados yihadistas de París, la reforma constitucional impulsada por el presidente francés, François Hollande superó la primera etapa, pero se mantienen las dudas sobre sus oportunidades de llegar al final.

El proyecto de «ley de protección de la nación», en el centro de encendidos debates desde la izquierda a la derecha, fue sometido ayer a la Asamblea, donde una mayoría de 317 diputados lo respaldó frente a 199 votos contrarios. El primer ministro, Manuel Valls, dijo estar satisfecho del resultado.

La revisión de la Constitución supone la introducción de dos artículos; uno que introduce en la ley fundamental el Estado de Emergencia y el otro, que abre la posibilidad de despojar de la nacionalidad francesa a condenados por delitos de «terrorismo» con doble nacionalidad.

La votación era un reto crucial para Hollande, que había planteado la reforma aprovechando las emociones de los atentados más graves en el Estado francés, que provocaron 130 muertos y cientos de heridos el 13 de noviembre en París.

Un eventual rechazo habría enterrado su iniciativa y habría supuesto un fracaso espectacular, que podría haber sido devastador para sus ambiciones de aspirar a un nuevo mandato dentro de poco más de un año, en la primavera de 2017.

«Votar en contra es poner en dificultades al Gobierno y en minoría al presidente», había advertido el primer ministro a los electos de su partido, a la vista de que no faltan las voces críticas, que se extienden incluso al propio Ejecutivo. Con todo, el voto favorable logrado ayer no supone el fin de la prueba para el Gobierno. Para conseguir su aprobación definitiva, la reforma debe ser avalada por el Senado en términos idénticos a los de la Asamblea, antes de una nueva votación que debe contar con la mayoría de tres quintos de las dos cámaras reunidas en pleno. Valls se mostró convencido de que la revisión «será adoptada por una mayoría del Congreso».

La mayoría alcanzada y las profundas divisiones en el seno del grupo del PS, en el conjunto de la izquierda, pero también entre la oposición de derecha mantiene, sin embargo, las dudas sobre las oportunidades del proyecto. En la derecha, el expresidente de la Asamblea, Bernard Accoyer, predijo un fracaso al Gobierno al considerar un objetivo inalcanzable los tres quintos del conjunto de las dos cámaras. El favorito en los sondeos de las primarias, el ex primer ministro Alain Juppé criticó «una reforma inútil que divide y se convierte en una farsa». Cuando Hollande presentó el proyecto el 16 de noviembre recibió el aplauso de los parlamentarios, pero el debate se ha enconado en torno a la retirada de la nacionalidad.

La medida provocó la dimisión, a finales de enero, de la ministra de Justicia, Christiane Taubira, que argumentó un importante desacuerdo político.

Para intentar convencer a los opuestos a la medida, el Gobierno hizo el martes, in extremis, votar a mano alzada una enmienda que elimina toda referencia a la doble nacionalidad.

Otro ministro discrepante

Pero, a la vez, el Gobierno vio surgir en su seno otra voz discordante, en este caso la del ministro de Economía, Emmanuel Macron, cuyas relaciones con Valls se han tensado notablemente. «A título personal», Macron expresó su «malestar filosófico» sobre la pérdida de nacionalidad. La opinión la valió una seca censura por parte del primer ministro, que aseguró que el proyecto está apoyado por «todo el Gobierno, Emmanuel Macron entre otros».

Y otro escollo será la creciente hostilidad de parte de la izquierda a la prolongación del estado de emergencia, mientras la derecha pide al Ejecutivo que prepare ya la salida del estado de excepción.

En vigor desde los atentados de noviembre, el estado de emergencia, que permite registros y detenciones domiciliarias sin autorización judicial, se prevé prolongar hasta fines de mayo, dos semanas antes de la organización de la Eurocopa, que atraerá a miles de espectadores. Sería la mayor duración que ha conocido el Estado francés.

Un nuevo Gobierno para las presidenciales

La salida del Gobierno francés del ministro de Exteriores, Laurent Fabius, para presidir el Consejo Constitucional ha abierto la vía del cambio de Ejecutivo, que el presidente, François Hollande, podría anunciar esta semana.

El nuevo Ejecutivo servirá al jefe del Estado para encarar las elecciones presidenciales de 2017, intentando aumentar su apoyo electoral. La popularidad que se disparó tras los atentados de noviembre, ha caído otra vez y solo entre un 15% y un 19% de los franceses tiene una opinión favorable sobre el presidente. El nivel récord del paro ensombrece su candidatura para un segundo mandato, ya que la condicionó al aumento de los contratos.

Hollande es cada vez más criticado en sus propias filas, que le reprochan una deriva derechista. Las críticas, centradas en la economía y la seguridad –sobre todo por la reforma constitucional–, son tales que incluso su condición de «candidato natural» a la Presidencia empieza a tambalearse.GARA