La referencia de las decisiones del Consejo de Ministros del pasado viernes no deja lugar a dudas. El Gobierno español recurre ante el Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda de la CAV y pide la suspensión cautelar de sus principales artículos porque «la adopción de las medidas recogidas por la ley vasca tendría un impacto significativo sobre las entidades de crédito y sobre el mercado hipotecario». A esto se añade que vulnera «la competencia estatal de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica».

Se trata de un recurso de carácter «unionista» y «recentralizador», puesto que a ojos de la mayoría de los partidos vascos, incluido el Gobierno de Lakua, invade competencias que son propias de las instituciones autonómicas. Pero ese unionismo está puesto al servicio de una ideología de clase, en el que los intereses de las entidades de crédito están por encima de las necesidades de las personas.

Esto queda bastante claro en el escrito del propio Gobierno de Rajoy. Pero por si no fuera así, Stop Desahucios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, e IRPH Stop Gipuzkoa ofrecen su traducción simultanea: «El recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la Ley de Vivienda Vasca es un recurso en contra del derecho de las personas al uso de una vivienda digna. Un recurso que persigue que la vivienda siga siendo un negocio para banqueros, inmobiliarias y especuladores». Estas asociaciones recuerdan que el Ejecutivo del PP «ha recurrido todas las leyes autonómicas en materia de vivienda aprobadas» tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Y añaden que, al mismo tiempo, no aplica las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, puesto que las leyes que ha aprobado con su mayoría absoluta no respetan los derechos consagrados desde Europa.

Sacralizar la propiedad privada

La Ley de Vivienda se aprobó en junio del pasado año con los votos favorables del PSE, EH Bildu y UPyD, y el rechazo de PNV y PP. Pero este partido, a pesar de ser minoritario en la CAV, dispone de un arma prácticamente infalible: el recurso del Gobierno al TC que conlleva la suspensión automática de los artículos que impugne. En este caso el Ejecutivo de Rajoy aduce que la norma vasca invade competencias estatales de regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y en materia de derecho civil, ya que determina e impone una nueva regulación del derecho de propiedad sobre la vivienda al incluir un nuevo deber, el de habitar la vivienda.

Y de nuevo Stop Desahucios ofrece su explicación del párrafo anterior. A su entender, este recurso del PP «afecta al núcleo principal de la ley; cuestiona el derecho subjetivo a una vivienda digna y quiere anular medidas contra los desahucios, para movilizar la vivienda deshabitada, para intervenir viviendas que no cumple su función social, para expropiar el uso de viviendas vacías propiedad de los bancos, para crear un parque de viviendas de alquiler y, en definitiva, medidas para frenar la emergencia habitacional actualmente existente».

Según el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, el recurso «solo puede obedecer a un intento de sacralizar la propiedad privada por encima del interés general». Y denuncia, por ejemplo, que Madrid cuestione la capacidad competencial de Euskadi para establecer un canon sobre los pisos deshabitados, «cuando es una figura que de hecho ya ha estado activa en algún territorio, como Gipuzkoa, y que la nueva Ley generaliza para toda la Comunidad con unos criterios homogéneos».

Dani Maeztu, de EH Bildu, subraya otra clara contradicción. «Es paradójico –afirma– que una ley que pretende hacer realidad un derecho reconocido en la Constitución española sea llevada al Tribunal Constitucional precisamente por eso, por plantear medidas concretas que hagan real lo que hasta ahora solo ha sido un derecho formal, teórico». El parlamentario independentista señala que el recurso supone «un ataque frontal a un derecho social básico, como es el derecho a una vivienda digna».

El papel del PNV

Desde el PNV y el Gobierno de Lakua se ha denunciado el «afán recentralizador» que se observa en este recurso. «Esto hay que tomarlo como un nuevo ataque al autogobierno vasco», declaró Joseba Egibar.

Dani Maeztu, de EH Bildu, mantiene que «el Gabinete de Rajoy ha vuelto a dejar claro que en su vocabulario político no figura el respeto al autogobierno vasco y que en Madrid no hay ni habrá sitio para el reconocimiento y el respeto de las decisiones legítimas de este país, sean sobre política de vivienda, la jornada laboral de 35 horas o el estatus político que necesita la sociedad vasca. Su única obsesión es la recentralización del Estado llevando al límite el control sobre la actuación de las instituciones vascas».

Pero además de a Madrid, también se mira a la actuación de Lakua y del PNV, que no cabe olvidar que estaban en contra del contenido de la Ley. Desde los grupos que impulsaron la norma se duda de que se haya defendido debidamente la norma en la comisión bilateral con Madrid para evitar este recurso. José Antonio Pastor, del PSE, habló de «postureo» jeltzale e instó al lehendakari, Iñigo Urkullu, a «alzar la voz para defender las competencias propias y a utilizar todos los recursos jurídicos para evitar que el Tribunal Constitucional suspenda la aplicación de la Ley».

Stop Desahucios cree que los jeltzales deberían dar explicaciones sobre cuál ha sido su posición en los meses de negociaciones que se han mantenido en dicha comisión bilateral

Un Gobierno en funciones

Aunque el anuncio del recurso de inconstitucionalidad se hizo al poco de aprobarse la Ley de Vivienda en el Parlamento autonómico, a nadie le ha pasado desapercibido que la decisión de ejecutarlo se haya tomado cuando el Gobierno de Rajoy ha perdido su mayoría en el Congreso y está en funciones.

Un derecho social básico, como es tener acceso a una vivienda digna, queda ahora en manos de un Tribunal Constitucional con mayoría de nombramientos del PP. En esas manos estará que ganen las personas o sigan primando los intereses de los bancos.