La población extranjera en la CAV es un 8,4% del total, pero los ciudadanos autóctonos tienen la percepción de que son muchos más, concretamente el 17,9%, es decir, el doble. Así lo reflejan los datos obtenidos en el Barómetro del año 2015 realizado por el Observatorio Vasco de la Inmigración, Ikuspegi.

Este ente constata un «descenso de las actitudes negativas» hacia las personas migrantes respecto a años anteriores, aunque los porcentajes totales stán lejos de ser positivos.

Ikuspegi destaca positivamente que solo un 1,6% de las personas encuestadas sitúen la inmigración como el principal problema y apunten a otras cuestiones como el desempleo (con un 90,4%), las cuestiones económicas (30,5%), la corrupción y el fraude (18,2%) o la política (17,4%).

Además, más de la mitad (57,5%) cree que las personas migrantes de otros grupos étnicos suponen un enriquecimiento cultural, y un 51,1% opina que sus prácticas religiosas no ponen en peligro el estilo de vida. Sin embargo, el 67,4% de los encuestados preferiría vivir en barrios donde la mayoría de los vecinos sean de su misma raza o grupo étnico. Incluso uno de cada cinco optaría por un lugar en que nadie sea de una raza o grupo étnico distinto al suyo. En el lado opuesto, solamente a un 6,5% le gustaría vivir en un lugar con diversidad y en convivencia con otras culturas.

Respecto a esa convivencia, casi una de cada ocho personas cree que sería mejor que todos los ciudadanos hablen en las lenguas del país de acogida, algo que podría tener relación con la necesidad comunicativa, pero que no justifica que el 50,1% de los encuestados apuesten por que todas las personas compartan las mismas costumbres y tradiciones.

Siete de cada diez encuestados creen que la convivencia debe lograrse con un esfuerzo compartido de personas extranjeras y autóctonas, teniendo en cuenta que –según el 63% de los encuestados– las personas migrantes abandonen las partes de su religión que «entren en conflicto» con la legislación.

En cuanto a la identidad vasca, el nacionalismo y el euskara, la mayoría (cerca del 75%) considera que los extranjeros no afectan negativamente a estas cuestiones. De esta manera se produce un ligero cambio sobre la tendencia que se venía dando desde 2010, por lo que Ikuspegi espera ver en los próximos años si los datos continúan por ese camino.

Las ayudas sociales

«En un contexto de crisis económica y recortes sociales y un mayor número de personas necesitadas de ayudas sociales, se genera el caldo de cultivo idóneo para el aumento de la valoración negativa hacia la inmigración en el Estado de Bienestar. La preocupación principal se centra en las ayudas sociales, donde las personas extranjeras y las autóctonas compiten por estos recursos. Sin embargo, la preocupación que se daba en años anteriores se ha ido rebajando en este última etapa de crisis económica», apunta en su informe Ikuspegi haciendo referencia a las mejorías que se han identificado.

Aun así, cabe destacar que mientras que cerca del 70% de las personas consideran que tanto la educación como la asistencia sanitaria son derechos universales, las opiniones cambian cuando hablamos de asistencia jurídica, ayudas sociales, VPO o derecho a voto, ya que estas se vinculan a la situación de regularidad de la población extranjera.

De este modo, únicamente el 40% de los encuestados cree que todas las personas sin excepción deberían poder acceder a las RGI si lo necesitan sin importar el tiempo de empadronamiento. Frente a ello, un 24% considera que las personas migrantes deberían acceder a estas ayudas después de que todos los autóctonos que las necesiten la hayan recibido, mientras que el 28% la limitarían solamente a las personas en situación administrativa regular.

Un 57,5% de quienes contestaron a la encuesta consideran que las personas migrantes «se aprovechan excesivamente de la RGI, llegando a acapararla» mientras que el 55,6% opina que esta ayuda hace que esta población «no quiera trabajar».

Depende de donde sean...

Respecto al origen de los extranjeros, quienes despiertan mayor simpatía entre la población de la CAV son los ciudadanos procedentes de la Unión Europea occidental (con una puntuación de 6,2 sobre 10), Argentina (5,9), Africa subsahariana (5,8) y Estados Unidos (5,7).

Les siguen los nacidos en Ecuador (5,5), Paraguay, Nicaragua, Colombia y Bolivia (empatan con un 5,4) y Asia (5,1). Las procedencias que peor puntuación han obtenido son Pakistán (4,5), Rumania y UE oriental (4,2) y el Magreb (3,8).

350 familias donostiarras han acogido niños saharauis en los últimos 30 años

Un total de 350 familias han participado en la iniciativa “Vacaciones en paz”, que permite a niños saharauis dejar por dos meses los campos de refugiados en las tres décadas que lleva en marcha.

La concejala de Cooperación de Donostia, Duñike Agirrezabalaga, presentó ayer el programa para celebrar el 30 aniversario. Este se llamará “Aila 30” («aila» significa «familia» en el dialecto saharaui) y comenzará con un acto que tendrá lugar mañana en el Ayuntamiento con la participación de familias de acogida, monitores, pediatras, representantes del Fronte Polisario, alcaldes que han gobernado la ciudad y niños que estuvieron acogidos y que actualmente viven en Donostia.

Este año volverán a venir a la capital guipuzcoana 30 niños, de los cuales dos todavía no tienen una familia asignada, por lo que piden colaboración. En total, el año pasado 330 niños pasaron el verano en la CAV mediante este programa de “Vacaciones en paz”. GARA