El presidente estadounidense, Barack Obama, emprendió ayer la que será su última visita en el cargo a Arabia Saudí, un aliado histórico de Estados Unidos pero muy irritado por la política de Washington en la región. El distinto clima de la visita se reflejó en que la llegada de Obama a Riad no fue retransmitida en directo por la televisión nacional, al contrario de la de enero de 2015. A pesar de las palabras de bienvenida del rey saudí, Salman bin Abdulaziz y de la siempre fuerte cooperación militar, Riad desconfía de Obama y mira ya hacia su sucesor tras las elecciones de noviembre.

Las decisiones de la Administración de EEUU, que rechazó intervenir en Siria contra Bashar al-Assad y las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán –el rival geopolítico de Arabia Saudí– han molestado a las petromonarquías del Golfo.

«Para Obama, el problema central de Oriente Medio es la lucha contra el ISIS, mientras para la dinastía de los Saud es Irán», señala el analista del Washington Institute for Near East Policy Simon Henderson, que opina que, aunque la visita pretende reforzar la alianza de EEUU con la petromonarquía, mostrará cómo se han alejado ambos aliados.

Frente a quienes en la visita no ven más que una «foto de familia» antes de la despedida de Obama, la Casa Blanca insiste en subrayar la solidez de una alianza que se remonta a Franklin Roosvelt, y pone el acento en los «esfuerzos conjuntos contra el yihadismo» en Irak y en Siria. No obstante, Washington espera más de Riad en este sentido.

«La relación siempre ha sido complicada. Pero existe una base de cooperación sobre intereses comunes, en particular el antiterrorismo», asegura Ben Rhodes, consejero de Obama. Por su parte, Riad y las petromonarquías esperan un aumento de la ayuda militar estadounidense y apoyo para luchar contra ciberataques, mientras ven a Teherán detrás de cualquier movimiento disidente. Así, esperan que Obama articule un duro discurso contra Irán que cambie el ofrecido hasta ahora. Por ejemplo, el mes pasado apeló a sus «amigos» saudíes a encontrar un medio de compartir su vecindad con Teherán.

Responsabilidad por el 11-S

Pero además de Siria e Irán, ha surgido otro motivo de crispación en este viaje: el proyecto de ley que permitiría llevar a autoridades saudíes ante los tribunales por su posible rol en los atentados del 11-S.

Familiares y varios congresistas republicanos y demócratas, entre ellos la líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, están presionando al Gobierno a desclasificar un informe de 28 páginas que aparentemente contiene información que vincula a Arabia Saudí con los ataques de 2001 en los que murieron casi 3.000 personas y en los que 15 de los 19 implicados eran de origen saudí.

El Gobierno de Arabia Saudí ha amenazado con adoptar represalias económicas si el país enfrenta alguna demanda

La víspera de su salida, Obama, que ha prometido vetarlo, se empeñó en explicar su oposición a este proyecto. «Si abrimos la posibilidad de que individuos y EEUU puedan empezar a demandar de forma rutinaria a otros gobiernos, entonces estamos también facilitando que EEUU sea demandado continuamente por individuos de otros países», advirtió.

Obama, por su parte, esperaba que las conversaciones se centraran en la lucha contra el ISIS. También de visita en Riad, el secretario de Defensa, Ashton Carter, pidió a las petromonarquías que se impliquen más en Irak, no solo militarmente, sino también en el ámbito político y económico para reconstruir el país.

Irán, obligado a pagar 2.000 millones de dólares

Nueve meses después del acuerdo sobre el programa nuclear iraní que posibilitó el levantamiento de sanciones contra Irán, el Tribunal Supremo de EEUU ha decidido que Teherán debe pagar casi 2.000 millones de dólares como compensación para las familias de víctimas de atentados que creen que estuvieron apoyados o fomentados por Irán. Supervivientes y abogados de víctimas demandan el pago de esos fondos, que corresponden a inversiones del Banco Markazi, el banco central iraní, y que Washington mantiene congelados. Entre ellos figuran familiares de 241 soldados que murieron en 1983 en dos atentados suicidas contra las tropas estadounidenses y francesas desplegadas en Beirut. La decisión del tribunal avala un decreto que Barack Obama firmó en 2012 para bloquear los fondos y la votación en el Congreso de una ley para dar cumplimiento a la incautación. La Banca central iraní recurrió al Tribunal Supremo al entender que el Congreso había violado la separación de poderes por intervenir en un asunto penal, pero la Corte ha rechazado el argumento. GARA