El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, califica de «infames» las declaraciones del juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, y pide al Consejo General del Poder Judicial que adopte «algún tipo de medida» contra este, por haber afirmado que «la tortura se ha producido de una manera clara», y que «la respuesta que se ha dado desde los tribunales no ha sido la adecuada ni la acorde con un Estado democrático y de derecho».

Fernández Díaz marca los límites de la libertad de expresión. Solo el hecho de constatar la existencia de torturas hace que arrecien las amenazas de lo que conlleva un delito de «apología del terrorismo».

Seguramente existen más casos de tortura documentados. Recuerdo el acta del interrogatorio de Tempesta, firmada en Pavía el 24 de julio de 1470. Son muchos los tormentos infligidos desde entonces. En septiembre de 2006, el Congreso americano da vía libre a la Commission Military Act, también denominada The Torture Law (La Ley de la tortura). A partir de esta fecha, la tortura se convierte oficialmente en axioma político.

Erradicar la tortura, su negación, justificación, banalización y/o legitimación, debería de ser una utopía realizable para quienes defienden un proyecto de emancipación personal, social y política.