Bajo el disfraz de una «campaña contra la corrupción» y a favor del impeachment, se ha conformado una ofensiva de clase que busca definir una salida de la crisis no solo eliminando derechos sociales adquiridos sino las condiciones cognitivas, organizativas y de legitimidad para el reconocimiento y la defensa de los derechos de los trabajadores. Es un ataque oportunista, justo en el momento de mayor desgaste de las representaciones populares tradicionales, y cuando todavía están en su fase germinal las luchas sociales de nuevo tipo.

La adhesión al «imperativo de la disciplina fiscal» o de la «estabilidad financiera» como «bienes jurídicos» o «bienes públicos», fueron loas de sumisión entonadas hasta el cansancio por los titulares de las áreas económicas de los gobiernos de Lula y de Dilma. La Ley de Responsabilidad Fiscal fue una criatura de Pedro Malan y Arminio Fraga, exministros de FHC,  adoptada en 2002 por Antonio Palocci y Guido Mantega y agigantada a partir de 2014 por los ministros Joaquim Levy y Nelson Barbosa. La criatura se autonomizó de tal forma que sirve para poner bajo juicio cualquier gobierno que maneje el presupuesto público fuera de los estrictos dictámenes de los acreedores de la deuda y rentistas en general.

La despolitización de la política económica propició el nacimiento de una temeraria figura de delito de desvío ideológico, populista o estatista, el crimen de «irresponsabilidad fiscal».

Las clases dominantes alegan ahora que es un hediondo crimen el maquillaje de los déficits fiscales. Al mismo tiempo incitan una creatividad inagotable con los títulos secundarios de la deuda, todo basado en la mismísima ley férrea de las finanzas desreguladas. El pillaje propiciado por la actualización y multiplicación de la deuda pública se hace tan omnipresente que parece fácil para los grandes medios apuntalar selectivamente los robos en el menudeo, aquellos que presiden la denominada «circulación de elites» por medio de elecciones y distribución de cargos. La cuestión no se reduce al financiamiento empresarial de las campañas electorales, porque es en la confluencia del aparato del Estado con las grandes empresas que se constituyen proyectos, alianzas y capturas de fondos.

En el actual grado de concentración e imbricación financiera de los capitales en Brasil ya no es posible pensar en dos esferas distintas: Estado de un lado y Sociedad Civil burguesa del otro. Lo que se puede inferir es la existencia de recurrentes intersecciones entre esas esferas.

Los sectores económicos hegemónicos –cadenas productivas especializadas en recursos naturales y grupos montados en la deuda pública y sus derivados desenfrenados– dependieron siempre de la máxima plasticidad del Estado. Esos segmentos indican cómo el país atraviesa las crisis, intensificando los procesos de expoliación y de segregación social. Por eso, peor que el impeachment es la sustentación perenne que transforma las máximas del fundamentalismo liberal (equilibrio fiscal y estabilidad monetaria) en normas constitucionales intocables. Se convierte en ley máxima lo que proviene de una matriz económica monetarista y fiscalista, como si solo hubiese una única forma de política económica.

El verdadero temor de la derecha brasileña no es el fantasma de Lula o del PT. Para que la burguesía brasileña y sus sostenedores extranjeros continúen durmiendo tranquilos ya no basta con garantizar la curva ascendente de extracción de plusvalía. Es preciso mostrar y ritualizar sacrificios de la fuerza social organizada que eventualmente pueda amenazar la intensificación del proceso de expropiación previsto.

Lo que están poniendo como blanco es la posibilidad de cualquier horizonte redistributivo en Brasil. El clamor para cortar algunas cabezas oculta una revancha burguesa tardía contra las conquistas populares iniciadas en los 80. Una contrarrevolución sin revolución pronto se torna una operación similar a una aplanadora que destruye conflictualidades y alteridades potenciales. La ola fascista revela entonces que el golpe contra Dilma es una mera formalidad.

Todos esos entreactos y preámbulos ya se pusieron en marcha. Mientras tanto, el acto en sí, o sea, el golpe realmente tan temido, no es el impeachment. Si el golpe menor agiliza y facilita el golpe mayor, hagamos un combate avanzado contra las distintas conjunciones golpistas que no se contentarán en apartar a la Presidente. De antemano se sabe que no habrá «apoyo de las masas» para una plataforma de mitigación de una agenda enemiga del tipo privatizaciones acotadas, tasa de intereses un poco menos altas o recortes sociales menos profundos que los que implantarían un gobierno de coalición del PMDB-PSDB, resultante del golpe inicial.

Si queremos que perdure una democracia capaz de entorpecer y modular la guerra de clases, hasta que tengamos capacidad de vencerla o superarla, no será suficiente con derrotar el golpismo mediático-judicial-legislativo. Es preciso someter el corazón del capital a un nuevo tipo de arena política, fundada en la movilización y la organización popular en el marco de un amplio frente contra la fórmula fiscalista de salida de la crisis, y contra una profundización de las privatizaciones y la flexibilización de los derechos sociales.