Mañana, 5 de mayo, los votantes del norte de Irlanda decidirán la composición de la Asamblea Legislativa de Belfast y del Ejecutivo pluripartito norirlandés. Si en Gran Bretaña la atención se centra en los resultados que obtendrán los candidatos laboristas y conservadores, en un esfuerzo por vislumbrar el posible resultado del referéndum sobre la permanencia del reino en la Unión Europea y evaluar el impacto del nuevo liderazgo laborista de Jeremy Corbyn en la mayoría conservadora, en la isla vecina son otros los asuntos que preocupan a analistas y electores. En el norte de Irlanda, donde sí preocupa el impacto de una posible salida de la Unión Europea, las cuestiones que preocupan a la mayor parte de los votantes son otras, tales como la implementación de los cambios acordados en las últimas negociaciones en el norte de Irlanda sobre la gobernación de la autonomía.

«Petición de preocupación»

Para empezar, uno de los temas de discusión es qué partido político se alzará con la mayoría en estas legislativas. Ello se debe no tanto a los números como a quién tomará posesión como primer ministro y, lo que es aún más importante, qué formación política se alzará con los treinta escaños necesarios para desencadenar lo que se ha dado en llamar «petición de preocupación» –el mecanismo utilizado por los partidos de la Asamblea de Belfast (particularmente el unionista DUP) para forzar una toma de decisiones basada en el voto de la mayoría de las dos comunidades en la institución, es decir, por mayoría unionista y por mayoría republicana, y que los unionistas han utilizado como mecanismo de veto (al contar este partido con la mayoría de los escaños unionistas) para ciertas votaciones que les resultan incómodas, como la del matrimonio homosexual–. Precisamente, el colectivo LGBTQ está haciendo campaña en contra del DUP precisamente por el veto del partido unionista contra el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El abuso de este mecanismo en la última legislatura fue muy criticado en los estamentos políticos y precisamente su reforma fue uno de los temas tratados en las negociaciones del pasado invierno durante la penúltima crisis política norirlandesa.

Las encuestas de opinión muestran en estos últimos días una caída en el voto del DUP, que se queda en un 26,5%. También anuncian un incremento en el apoyo a Sinn Féin, que alcanza un 25,8% de apoyos.

En el año 2011, el DUP obtuvo 38 escaños frente a los 29 de Sinn Féin, pero el partido republicano consiguió el mayor porcentaje de votos en el norte de Irlanda en las elecciones europeas y locales de 2014.

En este caso, todo parece indicar que la esperada baja participación electoral así como el reducido número de votos necesarios en los distritos unionistas favorecerán al DUP.

Procedimientos revisados

Como parte del Acuerdo de Viernes Santo, el Ejecutivo norirlandés representa proporcionalmente la composición de la Asamblea legislativa, es decir, todos los partidos políticos con más de ocho diputados pueden designar a un candidato a un puesto en el Ejecutivo, como fue el caso del Partido de la Alianza en 2011.

Precisamente, el hecho de que el Partido de la Alianza se hiciera con dos ministerios en el año 2011 (el de Justicia les fue asignado al ser el único partido que no se alinea como unionista ni como nacionalista) enfadó particularmente a los unionistas de UUP y a los nacionalistas del SDLP, que contaban con 16 y 14 diputados respectivamente. Doblaban el número de representantes elegidos, pero se quedaron sin ministros.

Ahora, una vez realizada la revisión de los procedimientos de elección del Ejecutivo, se garantiza que ello no ocurrirá, ya que la adjudicación del Ministerio de Justicia significaría que el Partido de la Alianza no contaría, en el caso de una repetición de sus ocho escaños, con la posibilidad de nominar a otro cargo en el Ejecutivo.

A ello se une el hecho de que las carteras del Ejecutivo norirlandés se han recortado a nueve, frente a las doce que existían en el anterior Gobierno, con la creación de un nuevo Ministerio, la Oficina del Ejecutivo, en el que participarán los dos partidos políticos más votados, mientras que el Ministerio de Justicia será adjudicado al candidato que obtenga el apoyo de la mayoría de los diputados unionistas y de la mayoría de los nacionalistas. Ello significa que los partidos sólo podrán nombrar candidatos a las siete carteras restantes, y ellas serán adjudicadas de acuerdo al número de escaños de cada formación en el Parlamento.

Así mismo, bajo el nuevo acuerdo, si un partido que cuenta con el número suficiente de diputados para poder formar parte del Gobierno o un 8% del total de los escaños decide renunciar a sus designaciones, ello significará que podrá ser reconocido por primera vez como el partido de la oposición.