La decisión de privatizar la construcción y gestión de la incineradora de Zubieta, tomada ante la adscripción pública de GHK que obliga a controlar su déficit, ya vaticinaba un encarecimiento del proyecto. Pero la alarma se dispara con el plan de viabilidad que hoy será llevado a la asamblea, convocada de nuevo de modo extraordinario. Y es que en él se prevé que Gipuzkoa pague a la concesionaria de este macroproyecto unos 31 millones de euros al año (29 por «disponibilidad» y 2 por «tonelada») hasta el fin del contrato de 35 años, es decir, hasta 2051.

La multiplicación correspondiente totaliza 1.085 millones de euros, si bien el informe de viabilidad los reduce a 770 en el momento actual, a través del artificio de no computar la inflación prevista en estas tres próximas décadas y media.

Si este plan de privatización se materializa finalmente, para lo que PNV y PSE suman mayoría en el Consorcio de Residuos al igual que en las Juntas Generales, Gipuzkoa terminaría pagando por tanto casi cinco veces más de lo que cuesta la mera construcción de la incineradora. Hasta hoy se aceptaba generalmente que la obra era muy costosa; este plan la cifra en 212 millones. Pues bien, el montante total de la concesión para las arcas guipuzcoanas se multiplicaría casi por cinco.

Es algo idéntico a lo que ocurrió en Nafarroa con la decisión del Gobierno de Miguel Sanz (UPN) de contratar externamente la construcción y gestión de la autovía Iruñea-Logroño (con el llamado «peaje en sombra»). La Cámara de Comptos ha denunciado que finalmente se pagará el triple de lo que costó la carretera (1.157 millones frente a 390). Mientras, el canon anual pagado a la concesionaria –un consorcio liderado por Deutsche Bank– supone un grave lastre para el presupuesto navarro.

Triple que la AGI

Los 31 millones anuales calculados para la incineradora supondrían en la actualidad un 3,8% del presupuesto de Gipuzkoa. Por ofrecer alguna comparación que lo ponga en relieve, es más que el total del departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas (21,4 millones) y dos tercios del de Hacienda y Finanzas (46). Y supone casi tres veces más de lo que cuesta la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) que se va a suprimir dejando sin recursos a las personas más necesitadas: 11 millones al año.

El plan de viabilidad que será aprobado hoy por la mayoría de PNV y PSE reparte además los riesgos, haciendo hincapié en que «es más eficiente mantener en el lado de la Administración o compartir con el concesionario» algunos de ellos, «ya que transferirlos conllevaría un coste asociado excesivo haciendo la estructura ineficiente». Así, según la propuesta las arcas públicas asumirían eventualidades como los sobrecostos de construcción, el retraso en la disponibilidad de terrenos, los sobrecostos por incremento excesivo del volumen de residuos, la insuficiencia de tarifa para hacer frente a los costes del sistema, el retraso o parón por causas de fuerza mayor (se citan desde inundaciones a «actos de terrorismo»)...

En cuanto al riesgo correspondiente al concesionario, el plan da por seguro que tendrá que contratar un swap frente a la volatilidad de los tipos de interés. Precisamente fue esta fórmula, usada por el anterior Gobierno de Markel Olano para hacer irreversible la incineradora, la que desencadenó la deuda de GHK, que ahora le imposibilita asumir la obra directamente.

Nueve legislaturas al menos

La licitación se llevará a cabo mediante concurso abierto. Se pretende hacerlo en los próximos meses, empezar la obra este año y acabarla en 2019, justo el año en que termina la legislatura en curso.

El problema es que se seguiría pagando durante, al menos, ocho legislaturas más.