Al contrario de lo que ha ocurrido otras veces con un asunto muy mediático en Gipuzkoa, esta vez el importante paso hacia la incineradora dado por GHK no solo se ha ventilado en una reunión extraordinaria y a contrarreloj, sino que ni siquiera ha sido propagado en los medios. Y sin embargo, el impacto sobre las cuentas de Gipuzkoa del plan de viabilidad y el anteproyecto aprobados ayer es enorme. Tras la asamblea, EH Bildu aseguró que el costo total, una vez pasados los 35 años de contrato, no serán ni los 770 millones referidos en el estudio (reducidos mediante un artificio contable) ni los 1.080 del cálculo real realizado ayer por GARA, sino más aún: 1.216 millones.

Para reducir la cifra a una escala humana, más entendible, se puede dividir la cantidad por los 715.000 habitantes de Gipuzkoa. El resultado es que la polémica incineradora costará por persona unos 1.700 euros en ese periodo, de aquí a 2051.

El presidente de la Mancomunidad de Tolosaldea, Josu Amilibia, confirmó tras la reunión, como portavoz de EH Bildu, que cada año se pagarán desde las arcas públicas a la entidad o consorcio privado que asuma la obra y gestión unos 31,5 millones de euros: 29 por el concepto fijo de «disponibilidad» y 2-3 más por el variable de «pago por tonelada» de residuo. Añadió que la concesionaria obtendrá un beneficio industrial del 10,5%, según consta en la previsión, y auguró que, por tanto, «en 35 años tendrá unas ganancias de 128 millones de euros limpios. Es un negocio redondo para los intereses privados que perjudica enormemente el interés público», concluyó.

En paralelo, EH Bildu, que lógicamente votó en contra del estudio y el anteproyecto, denuncia que se ha optado por «una fórmula de colaboración público-privada muy polémica, que se conoce como ‘peaje en sombra’». Su ejemplo más conocido en Euskal Herria es la A-12 entre Iruñea y Logroño, promovida por el Gobierno de Miguel Sanz (UPN) mediante una concesión para 30 años, cinco menos que esta incineradora. También cita que la Diputación, «una vez más, plantea firmar un swap» a la concesionaria, pese a que GHK ha padecido directamente los efectos de ese producto.

Silencio y urgencias

Este nuevo paso confirma que el proyecto se ha acelerado, con la pretensión de sacarlo a licitación este verano, comenzar las obras en 2016 y acabarlas antes de fin legislatura, de modo que no haya opción de un nuevo vuelco electoral que la detenga, como hizo Bildu en 2011. Para ello, las etapas se recorren a toda prisa «y sin dar explicaciones», remarcó Josu Amilibia.

Concretamente, la reunión de ayer fue convocada con carácter urgente cuatro días antes y la documentación se remitió a escasas 18 horas de la cita.

La mayoría PNV-PSE espera «una bajada considerable»

Los actuales mandatarios de GHK y Diputación parecen ser conscientes de que la cantidad prevista resulta desmesurada, puesto que por un lado no han comparecido públicamente para explicarla y por otro apuntan en una nota de la Diputación que se espera «una bajada considerable en el proceso de licitación», al percibir «un alto interés» por ese jugoso contrato.

Las dos argumentaciones básicas para sustentar esta excepcional privatización son el estado de las cuentas de GHK, adscrito ahora al sector público, y la urgencia de resolver el asunto de los residuos. Para reforzar el primer aspecto, se indica que se ha facilitado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas información de la gestión económica durante 2014 al entender que «se realizaron actuaciones que claramente han perjudicado a GHK».

Junto a ello se introducen afirmaciones positivas como la creación de 80 puestos de trabajo directos en la planta y «el impulso a la economía en la zona, tanto en las fases de construcción como de operación y mantenimiento».