Fue tan ajustado que, hasta bien entrada la medianoche seguía sin cerrarse. Un escaño bailón coqueteaba con Podemos, Ciudadanos y el PSN descalabrando las cuentas del Parlamento con un empate a 25 entre las fuerzas del cambio y los partidos del régimen que había gobernado Nafarroa desde la muerte de Franco y que, en buena medida, hundía sus raíces, ideólogos y líderes en las élites de la dictadura. Al final, aquel último asiento en liza acabó en manos de las fuerzas del cambio y la derrota del régimen fue total. Ese éxito colectivo tuvo traslado no solo al Gobierno de Nafarroa, sino también a todos los ayuntamientos de peso, incluyendo al de la capital. Un año después, toca hacer balance de aciertos y carencias.

Dos modelos, dos estilos, dos ritmos

La diferencia principal entre el Gobierno y los ayuntamientos fue la forma de participación en las labores ejecutivas. En Iruñea se planteó que todas las fuerzas del cambio estuvieran presentes y entraran al reparto de concejalías delegadas (el equivalente a las consejerías). Por contra, Uxue Barkos prefirió un modelo de gobierno monocolor, donde solo estuviera presente Geroa Bai, junto a técnicos con perfiles negociados con otras fuerzas. En su opinión, las diferencias entre partidos debieran de resolverse en el Parlamento y nunca en el Ejecutivo. La pagana de estas diferencias fue Itziar Gómez, cabeza de lista de Geroa Bai en Iruñea, que se quedó sin concejalía delegada por no romper la coherencia del discurso de Barkos.

En los primeros compases de legislatura, el modelo escogido por Geroa Bai quizá pareció funcionar mejor. Sobre todo, porque pronto saltó una fuerte polémica en torno a la plaza Conde de Rodezno en la que la concejal de Bienestar Social de Iruñea (de I-E) se alió con la oposición, generándose enormes tensiones internas dentro del Ayuntamiento.

Sin embargo, superado este bache las cosas cambiaron diametralmente. El Ayuntamiento dirigido por Joseba Asiron emprendió una batería de reformas de calado, sin miedo a polémicas. Apostó de forma radical por la laicidad, lanzó una moratoria a nuevos bares, ha abierto una oficina LGBT, se declaró como «Ciudad Refugio», inició la remodelación de viviendas vacías, se alineó con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, inició la remodelación completa de la Policía Municipal... Todo ello sin estridencias entre los grupos, más allá de minucias como si llevar una camiseta es apropiado o no en un desfile de gala.

Estas medidas han conllevado una respuesta furibunda por parte de UPN y PSN. Ataques que se han caracterizado, además, por su virulencia contra personas concretas, quizá con la intención de fracturar el acuerdo entre distintos partidos. Particularmente poco éticos han sido los dirigidos contra la concejala Maider Beloki, responsable de Educación y Cultura, por causas, además, ajenas a su labor como edil. En esa línea de boicot, UPN ha impulsado recursos ante los tribunales, recurriendo incluso a terceras personas interpuestas, como es el hermano de la exteniente de alcalde, Ana Elizalde, que denunció sin éxito a la cúpula del área de Urbanismo. No les ha servido.

La idea de gobernar todos a una ha conseguido un ejecutivo fuerte y capaz de soportar todos estos ataques. E incluso problemas más serios, como el generado por la edil Laura Berro o la inestabilidad desatada por un recurso contra los cambios en las Escuelas infantiles, no están haciendo mella.

Mientras tanto, en lo simbólico se han dado pasos de gigante. La ikurriña ondeó en sanfermines y el alcalde asumió que era hora de que dejaran de tirar el cohete los políticos. Una vez resuelta la denominación de la Plaza de la Libertad, se han borrado los últimos nombres franquistas de las calles. Ahora solo falta que lleguen los familiares de Emilio Mola a por los restos, si los quieren, del golpista. El Ayuntamiento, por el momento, ya ha contactado con ellos.

Muestras de debilidad y pasos adelante

Por su parte, el Ejecutivo de Barkos, en el que no ha habido este reparto de responsabilidades, arrancó muy sólido tras unas negociaciones bastante largas y con un acuerdo de gobierno muy detallado. Entre otras cosas, dio buenas sensaciones gracias al aplomo del discurso de la lehendakari y por el acierto en la elección de algunos consejeros solventes, como por ejemplo Mikel Aranburu. Pero esa fortaleza se desdibujó bastante cuando el Ejecutivo tomó decisiones que pillaron por sorpresa a sus socios en el Parlamento, o al menos, anunció cambios sin trabajar un consenso suficiente. El caso más relevante fue el de la OPE, con sus variantes de la lista única y de cómo ha de valorarse el conocimiento de euskara. El consejero José Luis Mendoza, tras dar la noticia, comenzó a dudar y estas muestras de debilidad se han convertido en los estandartes más recurrentes de los partidos del régimen: la defensa del PAI y la supuesta discriminación a los monolingües. A día de hoy, esta polémica se sigue sin cerrar.

No sería justo, sin embargo, juzgar al Ejecutivo únicamente por las dificultades que tiene gobernar en solitario. De hecho, ha habido importantes avances, como el hecho de que no solo hayan salido adelante unos Presupuestos (cosa que en Nafarroa no ocurría desde 2012), sino que también se ha establecido la política fiscal más progresiva de todo el Estado. Asimismo, se ha sentado la base para enterrar para siempre la zonificación lingüística y los niños que se incorporen el curso que viene a la enseñanza obligatoria (los de tres años) podrán matricularse en euskara en centros públicos independientemente de donde hayan nacido.

Otros de los logros de calado que ha conseguido el Gobierno de Barkos ha sido el de duplicar los fondos destinados a las ayudas de emergencia, bien sea a través de la renta garantizada o de ayudas concretas contra la pobreza energética que antes no existían.

En todos estos meses, el mayor golpe de efecto ha sido el de eliminar de un plumazo el poco ortodoxo acuerdo por el que el Gobierno navarro pagaba el seguro privado de los 7.000 trabajadores (y familiares) de la Universidad del Opus Dei a la Clínica Universitaria. La respuesta fue muy dura por parte del entorno del Opus. Tan es así que por primera vez se creó una plataforma de trabajadores afectados, algo histórico, ya que en la Universidad (con más de 4.000 empleados) siguen sin estar permitidos los sindicatos. Sin embargo, toda esta movilización, lejos de debilitar la posición del Ejecutivo, la reforzó, puesto que el resto de partidos y su electorado supieron cerrar filas.

Los retos y el síndrome de Estocolmo

En líneas generales y pese a la inexperiencia, no ha habido verdaderas crisis de gobierno ni en el Gobierno ni en los ayuntamientos, y eso que llegaron al poder en un momento ciertamente difícil. La mayor queja que han tenido entre los votantes del cambio ha sido cierto síndrome de Estocolmo por parte del Gobierno con cómo funcionaban las cosas antes de que llegara el cambio y que ha frenado algunas reformas, quizá por no estar tan seguros de mantener la unidad como ocurre en Iruñea. También es cierto que cuesta cambiar ciertos hábitos o desprenderse del miedo a qué dirá mañana el conglomerado de medios que siguen siendo afines al régimen del pasado. Lo que sí es comprobable es que cuando han sido audaces, les ha ido mejor.

Después de 12 meses, el Ayuntamiento de Iruñea y el Gobierno tienen muchas promesas por cumplir y siguen enfrentándose a una situación compleja en lo económico. Justo hace un año, el editorial del periódico más leído en Nafarroa decía que votar cambio era votar «un harakiri colectivo». Se equivocó de plano, porque el pacto a la navarra sigue en pie y es el viejo pacto del régimen quien hace aguas hasta en Madrid, donde se ven forzados a repetir elecciones.

 

UPN y PSE en el inmovilismo y sin grandes aciertos

Los partidos de la oposición todavía parecen seguir sin saber cuáles fueron los motivos por los que perdieron las elecciones. Ninguno de los dos ha cambiado de jefe de filas, sino que los dos candidatos que cosecharon los peores resultados de las últimas décadas tanto para UPN como para el PSN se han consolidado al frente de las formaciones. Javier Esparza consiguio hacerse con el control de UPN tras haber accedido al cargo gracias al apoyo que le concedió Yolanda Barcina. Superó el Congreso y ahora se encuentra embebido en una purga interna de todo aquel que le cuestionó anteriormente, como es el caso de Carlos García Adanero, que ha intentado sin éxito escapar de Iruñea dentro de las listas de UPN al Congreso de Madrid. Quizá lo más llamativo por parte de UPN sea la renuncia que ha hecho tanto de la figura de Yolanda Barcina como de la de Miguel Sanz. Sin embargo, en lo discursivo no se ha movido un ápice. Ha instalado su discurso en el clásico «¡Que vienen los vascos!» y ha hecho frente de batalla primero con ETA sin demasiado éxito, después con la ikurriña y luego con el euskara. A día de hoy, está incorporando ya referencias a Venezuela con poco enganche.

Más discreta aún es la postura del PSN, cuya líder, María Chivite, tiene más pegada en los medios cuando acude a Madrid que cuando interviene en el Parlamento navarro. En líneas generales, el partido vota siempre de forma calcalda a como lo hace UPN, en buena medida porque el grueso de las medidas que llegan al Parlamento ya nacen con el consenso previo de las fuerzas del cambio. Su grupo parlamentario está bastante renovado, pero nadie destaca.

En cuanto al PP, suple su carencia de voto con declaraciones histriónicas de su líder, Ana Beltrán, lo que generando cierto efecto de arrastre en las intervenciones de otros políticos de UPN y PSN.A.I.