El 30 de junio de 2013, cientos de miles de egipcios salieron a la calle en El Cairo y en otras ciudades del país para exigir la salida del poder del presidente electo, Mohamed Morsi, a quien acusaban de autoritario y fuente de división en el país.

Cuatro días después, y por segunda vez en menos de tres años, el Ejército retomó el centro de la escena y dio un golpe de Estado que acabó con el dirigente de los Hermanos Musulmanes, elegido democráticamente un año antes, entre rejas.

El líder golpista y jefe del Ejército, mariscal Abdel Fatah al-Sissi, tomó las riendas del país y fue designado presidente del país en mayo de 2014 en unas elecciones casi sin oposición.

«Cuando pienso en aquello, creo que fuimos manipulados y movilizados por una parte del Estado profundo» reconoce y lamenta el abogado Gamal Eid, defensor de derechos humanos.

Los manifestantes fueron utilizados «no para hacer caer a los Hermanos Musulmanes e instaurar la democracia sino para que el Ejército– sostén del viejo régimen de Mubarak– recuperara el poder», deplora el director de la Red Árabe sobre los Derechos Humanos.

Represión implacable

La represión, que tuvo como primer objetivo a los Hermanos Musulmanes –miles de muertos y decenas de miles de detenidos– se extendió a los grupos de izquierda y laicos que habían apoyado el golpe.

Como muchos defensores de los derechos humanos, Eid ha sido acusado de recibir financiación extranjera y tiene prohibido salir del país.

Poca cosa comparada con las centenares de condenas a muerte en procesos sumarios y en masa contra presos islamistas, entre ellos el propio Morsi, y que en palabras de la ONU «no tienen precedente en la historia reciente» del mundo.

«Sin exagerar, la situación actual de los derechos humanos es la peor que Egipto ha conocido en la historia contemporánea», insiste Eid, cuya organización cifra en alrededor de 60.000 el número de prisioneros políticos, la mayoría de ellos islamistas.

Llamar a manifestarse es penado con cárcel, así como compartir en Facebook un vídeo que se ría del presidente o portar una camisa con un lema contra la tortura.

El Gobierno niega la existencia de presos políticos y los tacha de «delincuentes».

Grave crisis económica y ataques yihadistas al alza

El presidente golpista, Abdel Fatah al-Sissi, insiste en vender estabilidad a la vez que se justifica asegurando que la instauración de la democracia en Egipto llevará decenios. «Mi prioridad es hacer vivir a la gente, los 90 millones de egipcios. Y yo no les impido que expresen su opinión: no podría hacerlo», afirma.

Pero los defensores de los derechos humanos y la prensa aseguran que su margen de maniobra se reduce cada día que pasa. Así, a la reducción significativa de las libertades se suman otros motivos de frustración para los egipcios: la incapacidad del régimen de superar la grave crisis económica y para poner fin a una insurrección yihadista que ha causado desde 2013 la muerte de cientos de policías y soldados en la península del Sinaí.

«Hay un creciente rencor en muchos ciudadanos, sobre todo por la política económica», señala Mustafa Kamel Al-Sayyed, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de El Cairo, lo que quizás explique las recientes razzias contra periodistas.M.S.