Con motivo del aniversario de la promulgación de la llamada Ley Mordaza, las cuatro capitales de Hego Euskal Herria acogieron ayer movilizaciones para denunciar la conculcación de derechos que supone esta norma.

En Bilbo, los concentrados ante el Palacio de Justicia, se colocaron mordazas en la boca para rechazar que con la Ley Mordaza se han incrementado los ataques a la libertad de expresión.

En Iruñea, decenas de personas se concentraron ante la sede de la Delegación del Gobierno español en Nafarroa, la institución que durante este año ha aplicado la Ley Mordaza con asiduidad. Entre los asistentes se encontraba la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz. En Gasteiz, la movilización tuvo lugar en la plaza de la Virgen Blanca y en Donostia, en el Boulevard.

Según los datos que dieron los convocantes, las multas impuestas el año pasado en Nafarroa ascienden a 250.000 euros. Hay casos como el de 37 jóvenes que fueron sancionados con 600 euros cada uno por participar en una protesta, lo que supone un total de 22.200 euros de multa por una movilización. En una marcha de bicicletas contra el TAV se impusieron siete multas, lo que asciende a 2.200 euros. También se han sancionado ruedas de prensa en la calle y se ha actuado contra Ahotsa.info.

Por lo que se refiere a la CAV, desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza hasta el pasado 31 de marzo, la Ertzaintza ha impuesto 3.959 multas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. A una media de 600 euros por multa, las sanciones suponen 2.375.000 euros.

Entre los sancionados se encuentra el periodista de “Argia” Axier López, multado por publicar fotos de ertzainas mientras estaban practicando una detención en Eibar.

En las movilizaciones se destacó que «en los últimos años, con la crisis generada por el propio sistema como excusa, hemos asistido a una pérdida sistemática de derechos sociales que ya anteriormente eran escasos: derechos laborales, derecho a la sanidad, a la educación o a la vivienda. Es un ataque que ha generado un aumento de la movilización ciudadana».

Ante esta movilización popular, rechazaron que «ante esta situación de abolición de derechos fundamentales, las instituciones, una vez más, se dedicaba formular leyes y reformar el Código Penal para criminalizar los actos de participación política y las movilizaciones de protesta».

«Con una mano nos roban los derechos sociales, con la otra el derecho a luchar por esos derechos», resumieron los convocantes, un amplio grupo de colectivos sociales.

Batería de leyes

Lo que popularmente se conoce como Ley Mordaza se refiere concretamente a la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, que fueron las que entraron en vigor hace un año. Estas dos normas forman parte un paquete más amplio, en el que se incluyen la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Seguridad Privada o el «casi clandestino» Plan de Lucha Contra la Radicalización Violenta.

«Todas ellas están dirigidas a quitarnos libertades, castigar la protesta y las situaciones de pobreza y precariedad. Cualquier vecino o vecina pasará a ser sospechosa si el agente de turno considera que puede llegar a cometer un delito sin necesidad de que lo haya cometido, criminalizando de este modo ya no solo hechos sino también determinados colectivos como migrantes, activistas, personas sin recursos y quien demuestre solidaridad con dichos colectivos», destacaron y anunciaron que pese a la criminalización continuarán movilizándose. «La calle es el espacio de las personas», subrayaron.