El independentismo catalán ya tiene un nuevo caballo de batalla: el Referéndum Unilateral de Independencia, popularmente conocido como RUI. Una denominación contrapuesta a la de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y lanzada por primera vez, si la memoria no falla, por el periodista navarro afincado en Barcelona Arturo Puente, columnista de GARA. Defendido tras las elecciones del 27 de setiembre por voces aisladas, la demanda de un referéndum oficial y vinculante ha ido ganando adeptos hasta llegar al pasado fin de semana, en el que la militancia de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) decidió por amplia mayoría que la entidad independentista exija la convocatoria del RUI a las instituciones catalanas, es decir, al Parlament y al Govern.

A la espera de conocer la valoración política que la dirección de la ANC –que hizo campaña a favor del referéndum– realizará mañana, las cifras provisionales proporcionadas el sábado a la tarde no dejaron lugar a dudas: el 74,51% de los socios de la Assemblea que votaron respondieron Sí a la pregunta planteada: «¿Quieres que la ANC exija a las instituciones catalanas que convoquen al pueblo de Catalunya a un referéndum para decidir sobre la independencia?». El No se quedo en un exiguo 22,61%. La única sombra que planeó sobre la consulta fue la baja participación, ya que de los más de 40.000 socios de pleno derecho, apenas votaron 9.304, siempre según las cifras provisionales ofrecidas el sábado. Los números definitivos llegarán en una semana.

La ANC se suma así a una demanda que ha tomado fuerza en las últimas semanas, especialmente después de que los resultados de las elecciones estatales del 26J tumbaran cualquier anhelo de conseguir un plebiscito acordado con Madrid. En este sentido, ha sido clave el manifiesto lanzado por varias decenas de personalidades de la vida política y cultural de Catalunya con el título «Por un referéndum oficial y vinculante sobre la independencia en 2017». Se lanzó el 13 de julio y ayer ya contaba con casi 13.000 firmas.

En el manifiesto se recuerda que la consulta del 9 de noviembre de 2014 acabó siendo «un proceso participativo sin consecuencias políticas» y se apunta que «la vía de las elecciones plebiscitarias se ha mostrado poco clara, poco útil y con diversos problemas para sustituir el referéndum de autodeterminación». Por todo ello piden una adecuación de la hoja de ruta para incorporar el RUI. Concretamente, proponen que durante el año que viene el Parlament apruebe la Ley de transitoriedad jurídica, que es la que ofrece un marco legal a una futura e hipotética proclamación de independencia. Es decir, es la norma encargada de garantizar la seguridad jurídica durante todo el proceso de desconexión, la que recoge qué nuevas normas regirán la desconexión y qué viejas leyes se mantendrán mientras no se desarrollen las nuevas.

Acto seguido, piden que el Parlament convoque un referéndum de autodeterminación «con independencia de lo que pueda dictaminar el Estado español, amparado y sostenido de acuerdo con todo el ordenamiento jurídico internacional». Si el resultado fuese favorable, seguiría la declaración formal de la independencia, echando mano de la citada Ley de transitoriedad jurídica.

El RUI en la arena política

Del planteamiento idílico del manifiesto a la realidad política hay un trecho. Aunque cabe destacar que entre los firmantes hay todo tipo de perfiles (incluidos de la órbita de ERC y de la antigua Convergència), la demanda del RUI no genera la misma ilusión en todas las fuerzas políticas independentistas. A cada punta del espectro soberanista, tanto los diez diputados de la CUP como los tres de Demòcrates de Catalunya (escisión de Unió inserta en Junts pel Sí) se han manifestado a favor del referéndum. A lado y lado del centro, sin embargo, el escepticismo es mucho mayor, tanto en ERC como, sobre todo, en el Partit Demòcrata Català (PDC, antes conocida como CDC). Esta misma semana, el diputado de JxSí Germà Bel advertía en una entrevista de “Vilaweb” de que un RUI no sería más «un 9N, pero patético».

Las suspicacias se extienden en las instituciones. Ayer mismo, la portavoz del Govern, Neus Munté, recordó que el referéndum no está en la hoja de ruta y subrayó que existen «dificultades técnicas». Estas dificultades son las que acabaron de rebajar el 9N a un proceso participativo; por ejemplo, la necesaria participación de funcionarios y la evidentemente imprescindible desobediencia institucional. Más suave, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, defendió ayer la hoja de ruta actual, si bien se avino a realizar «mejoras» si existe el consenso parlamentario necesario. Donde tampoco gusta el RUI es en En Comú Podem, cuyo cabeza de lista, Xavier Doménech, aferrado todavía a la idea de un referéndum acordado, rechazó recientemente el RUI. Con los principales partidos en contra o, por lo menos, no muy a favor, será la fuerza de la movilización popular la que consiga imponer o no la demanda del referéndum.

 

El enésimo cambio de una hoja de ruta que sirve más de brújula que de mapa

Si la primera hoja de ruta diseñada en sus inicios por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en 2012 se hubiese aplicado, Catalunya sería un Estado independiente desde hace casi dos años. Evidentemente, no ocurrió, pero de forma igualmente evidente se puede observar que Catalunya no está en la misma situación que entonces. Es decir, aunque ninguna de las hojas de ruta diseñadas a lo largo del proceso soberanista ha llegado a su culminación, todas ellas han servido para avanzar.

La hoja de ruta actualmente en vigor, al menos supuestamente, es la que nace del acuerdo alcanzado in extremis a principios de enero por Junts pel Sí y la CUP, que en realidad no es sino una adaptación del diseño elaborado por la candidatura que unió a CDC, ERC y figuras más o menos independientes de la sociedad civil. Originalmente, la hoja de ruta de JxSí contemplaba una declaración de independencia previa a unas elecciones constituyentes, que debían producirse a los 18 meses de la legislatura. Del Parlament constituyente saldría una propuesta de Carta Magna que los catalanes tendrían que refrendar en un referéndum, tras lo cual se proclamaría de forma definitiva la independencia.

Los resultados del 27S, en los que el independentismo consiguió el 47,8% de los votos hicieron que la CUP renunciase directamente a la declaración de independencia. Algo evidente que el president, Carles Puigdemont, confirmó semanas más tarde. El foco se puso entonces en la elaboración de una propuesta de Constitución, cuya validación a través de un referéndum supondría de facto un Sí a la independencia. Los límites de este esquema han quedado de manifiesto en los últimos meses de bloqueo entre las fuerzas independentistas, de ahí que el referéndum, que debería celebrarse después de preparar las estructuras de estado y antes de iniciar el proceso constituyente definitivo, sea presentado por sus defensores como un elemento capaz de desbloquear una hoja de ruta a día de hoy encallada.B.Z.