«En el presente proceso no es la realidad de los hechos la principal materia de debate, sino, más bien, la interpretación de los mismos desde la vertiente jurídica y la dimensión económica». De esta forma arrancan los magistrados de la Sección Segunda de Audiencia Provincial de Araba los fundamentos de derecho de la sentencia sobre la venta de la división de competición de Epsilon Euskadi, que acaba con la absolución de Joan Villadelprat y Philip Mark Payne de los delitos de administración desleal, insolvencia punible y alzamiento de bienes.

En este camino hay 48 millones de dinero público invertidos por los gobiernos de Lakua y de Madrid que se han ido por el desagüe del iluminado, complejo y complicado proyecto de crear un equipo de Fórmula 1 asentado en Gasteiz, que sería tractor de otros ámbitos de negocio como la formación, el diseño y la investigación, con túnel de viento incluido en el Parque Tecnológico de Miñano.

Y cuando todo se iba al garete, Villadelprat decidió vender la rama de competición a la mercantil Epic Racing SL, de su director financiero Philip Mark Payne. La sentencia dice que se fijó un precio de 200.000 euros «con un pago inmediato de 100.000 y pagos aplazados por otro tanto. Los 100.000 euros iniciales fueron abonados, pero no se cumplieron los plazos, porque la compradora se vio en la necesidad de satisfacer ciertas deudas con proveedores que tenía pendientes la vendedora, llegando a satisfacer por diversos conceptos 148.168,74 euros de deudas de Epsilon».

El caso es que, según reconoce la Audiencia, «el valor contable de los activos transmitidos era de 1.099.263,89 euros». Es decir, en la venta se habían perdido unos 900.000 euros en los que la Fiscalía basaba parte de las acusaciones. Pero la sentencia dicta que «no se ha probado que el precio acordado fuera inferior al de su valor de mercado».

En realidad la Fiscalía sostenía que Joan Villadelprat y Philip Mark Payne idearon esta operación para salvar lo que podía ser viable del negocio y desprenderse de las deudas, pero la Audiencia Provincial de Araba ha dicho que no. Y tampoco ve que hubiera otros delitos porque los socios estuvieron informados de los pasos a dar y conformes.

Posibilidad de recurso

Contra la sentencia de la Audiencia de Araba cabe recurso ante el Tribunal Supremo español. Pero, además, esta no es la única causa abierta por el caso Epsilon. Hay otra vía que afecta a un aval que el Gobierno de Lakua autorizó para un préstamo de Kutxabank por valor de 16 millones y que hizo que el Ejecutivo tuviera que acabar pagando por unas instalaciones que ya no eran suyas.

Pero habrá que ver cómo acaban las cosas porque, como se ha dicho, «no es la realidad de los hechos la principal materia de debate».