EH Bildu emplazó ayer públicamente a PNV y PSE a acordar un plan sostenible para el tratamiento de residuos en Gipuzkoa ante la reunión que celebrará mañana el Consorcio de Residuos (GHK) y propuso establecer una mesa de negociación con estos partidos, representantes municipales y agentes sociales.

Alcaldes de EH Bildu compareció ayer para hacer pública esta oferta, en vísperas de la reunión de mañana de GHK en la que, previsiblemente, se aprobarán los pliegos de adjudicación de la polémica incineradora de Zubieta.

Oihane Zabaleta, portavoz de EH Bildu, destacó que PNV y PSE quieren aprovechar la mayoría que tienen en GHK para aprobar los pliegos de adjudicación de la incineradora, un proyecto ampliamente contestado en el herrialde.

Zabaleta denunció que el contrato para explotar la incineradora de Zubieta «va a suponer una auténtica dictadura económica para los ayuntamientos de Gipuzkoa, puesto que va a obligar a los municipios a pagar a una empresa privada 1.500 millones de euros durante los próximos 35 años».

«Busquemos una solución seria, hagamos una reflexión profunda y compartida para decidir entre todos los agentes implicados qué infraestructuras de residuos queremos para Gipuzkoa», añadió Zabaleta, que compareció junto a las alcaldesas de Andoain (Ana Carrere) y Berastegi (Amaia Azkue) y los alcaldes de Hernani (Luix Intxauspe), Usurbil (Xabier Arregi), Oiartzun (Jexux Leonet) y Antzuola (Beñardo Kortabarria).

Aprobar los pliegos de adjudicación de la incineradora mañana como pretenden PNV y PSE supone, a juicio de Zabaleta, «dar un paso más en la dirección equivocada».

«PNV y PSE están haciendo las cosas de prisa y corriendo, de espaldas a la ciudadanía, para que no haya vuelta atrás. Quieren atar en corto a los ayuntamientos», añadió.

Xabier Arregi, alcalde de Usurbil, incidió en la denuncia de las condiciones de los pliegos, ya que obligan a los ayuntamientos a pagar la deuda de la incineradora durante los próximos 35 años «en condiciones muy duras e inaceptables». Así, se impone la exclusividad, por lo que los ayuntamientos no podrán tratar sus residuos a través de otro gestor que no sea GHK en los próximos 35 años.

Junto a ello, si un municipio no pagara la cuota impuesta por GHK, la Diputación de Gipuzkoa tendría la potestad de retirarle esa cantidad. Además, si un municipio abandonase GHK en los próximos 35 años tendría que seguir pagando los sobrecostes de la incineradora y se discrimina a los municipios en los que más se recicla.

Por ello, pidieron a PNV y PSE que, de momento, no aprueben mañana los pliegos en GHK y se sienten a negociar en una mesa con otras fuerzas políticas, agentes sociales y representantes municipales.