Retornan los discursos economicistas y sandungueros sobre las televisiones de titularidad pública. Es un debate inacabado, incluso podría considerarse que nunca iniciado, ya que se da por supuesto que es obligatoria la existencia de ese modelo de televisión en nombre de unas cuantas razones que se convierten en una tautología casi perfecta e inapelable.

Las televisiones públicas, por defecto, dependen directamente de las mayorías parlamentarias, es decir de los gobiernos. Hasta que eso no se cambie de forma objetiva, todo está contaminado. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia CNMC ha emitido un informe sobre RTVE que respira amenazas por todos los costados. Se dice que la financiación, otorgada directamente desde los presupuestos generales es insuficiente para cumplir los objetivos fundacionales del ente. La idea es morbosa, porque los objetivos fundacionales son difusos y pervertidos porque se convirtió en una televisión comercial de amplio espectro que buscaba una rentabilidad económica y la hegemonía. ¿Qué solución plantea la CNMC? Regular los patrocinios y/o volver a emitir publicidad. Es decir abolir la ley de RTVE de Zapatero de 2010. En Valencia el nuevo Gobierno está resucitando su televisión el famoso Canal 9. Lo cerró la banda de Rajoy después de haberle convertido en un refugio de periodistas de la caverna, de hacer información basura y de numerosos casos de corrupciones directas e indirectas. Los motivos aducidos para reiniciarla es que aseguran que esa comunidad necesita una televisión identitaria que hable de sus asuntos. ¿Es suficiente objetivo? En el rescate de los trabajadores se encuentran con problemas. Las plantillas de estos entes se formaron de manera poco transparente. Y otros problemas estructurales y de financiación por las deudas dejadas.