Ante un auditorio con una importante presencia de personas mayores, Ignacio Zubiri fue desgranando las que, a su entender, han sido las decisiones políticas clave que se han tomado durante los últimos 20 años y que han conducido al sistema español de pensiones a la complicada situación actual.

Comenzó definiendo la principal característica del sistema: el reparto. Las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones que el sistema recauda hoy en día, de modo que los trabajadores activos abonan las pensiones a las personas jubiladas. Durante muchos años este sistema generó un importante excedente por la gran diferencia entre el número de personas trabajadoras y el de pensionistas. Ese remanente no se acumuló; se gastó en inversiones, en financiar el gasto sanitario e incluso sirvió en su día para pagar los planes de reconversión industrial.

El Pacto de Toledo

En los años 90 empezaron a ser patentes los problemas del sistema y, en una situación de fuerte confrontación entre partidos, el Gobierno de Felipe González decidió sacar el tema del debate político y buscar la unanimidad con la firma del Pacto de Toledo en 1995. Zubiri considera que fue «posiblemente una decisión errónea» apartar del debate político un tema de gran transcendencia social. En cualquier caso, el Pacto de Toledo reformó el sistema y puso las bases del actual.

Quizás el aspecto más importante fue el de la separación de las fuentes de financiación, es decir, que las pensiones contributivas debían financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. En principio pareció una buena idea, como reconoció Zubiri, porque permitía «asegurar los recursos del sistema»; pero, más tarde, cuando el empleo dejó de aumentar, ese criterio sirvió de coartada para reducir las pensiones. En ese marco, la otra posibilidad para equilibrar las cuentas –aumentar las cotizaciones sociales– siempre resulta muy complicada.

Al amparo de este acuerdo también se aprobaron otras medidas como indexar las pensiones con el IPC (1997), aumentar el número de años para calcular la pensión (1997) o incentivar el retraso de la edad de jubilación (2002, 2007). Asimismo, se creó el Fondo de Reserva para acumular los excedentes que el sistema generaba.

Estas medidas introdujeron un punto de vista privado, de compañía de seguros, en la gestión: las pensiones se pagan unicamente en función de lo que el sistema recauda. Zubiri considera que ese criterio está en la «base de todos los problemas».

La crisis de 2008

Durante la época de bonanza económica la cuestión de las pensiones pasó a un segundo plano, tanto por el aumento del número de trabajadores a consecuencia de la inmigración como por el aumento de las cotizaciones, que crecieron como resultado de la mayor riqueza generada por la economía.

La crisis del 2008 puso en evidencia los problemas latentes que tenía el sistema de pensiones: el número de cotizantes cayó un 15%, el de cotizaciones un 10%, y aumentó el número de pensionistas con la incorporación anual de entre 100.000 y 150.000 personas. Desde 2011 las cuentas presentan déficit, es decir, que las cotizaciones no son suficientes para pagar las pensiones, lo que crea un problema a corto plazo.

Las reformas de 2011 y 2013

El déficit y las presiones de la UE para mantener bajo control el déficit de todo el sector público impulsaron la primera reforma, en 2011, que se sustanció básicamente en cuatro medidas: la edad de jubilación pasó de 65 a 67 años; aumentó el número de años para calcular la base de la pensión de 15 a 25; disminuyó el peso de cada año cotizado en el cálculo de la pensión y, por último, introdujo el factor de sostenibilidad, que bajaba la pensión si crecía la esperanza de vida.

El factor de sostenibilidad fue modificado en la reforma del 2013 de manera que las pensiones iniciales se reducirían en función del aumento de la esperanza da vida y de un índice que consideraba el déficit del sistema. Construido de esa forma, el factor de sostenibilidad era un índice negativo que reduciría las pensiones durante un largo periodo de tiempo. Por esta razón, el Gobierno estatal fijó una revalorización mínima del 0,25%. Zubiri definió este índice como «un invento español». Alemania y Suecia tienen mecanismos parecidos, aunque con otros efectos ya que en caso de déficit se actúa también sobre los ingresos –aumentando las cotizaciones– o se ajustan las pensiones futuras pero también las actuales.

En cualquier caso, las reformas redujeron las pensiones de todas las personas porque hay que trabajar más tiempo para recibir la pensión completa; además, la pensión base será menor y, al retrasarse la edad de jubilación, se cobrará durante menos años. En función de las circunstancias personales, la pérdida en la pensión vitalicia, es decir, la totalidad de lo que cobraría un pensionista, va desde el 10% por el retraso de dos años en la edad de jubilación hasta un 25% en el caso de que la persona llegue a los 67 con 25 años cotizados.

Zubiri subraya el carácter contradictorio de la reforma puesto que «la reducción de las pensiones tiene efectos a largo plazo y el problema del sistema es a corto, esto es, cómo pagar las pensiones actuales». A su entender, se ha utilizado la crisis para recortar las pensiones aprovechando que «la gente estaba dispuesta a asumir sacrificios» vista la dimensión de la catástrofe.

Otros cambios

Una vez el déficit del sistema se hizo evidente, el Gobierno congeló las pensiones en 2011 y 2012, las aumentó un 1% en 2013 y a partir de esa fecha han aumentado un 0,25% anual. Si la congelación supuso una pérdida de poder adquisitivo por el aumento de los precios que Zubiri cifró en el 6%, las posteriores revalorizaciones con los precios estables han supuesto un aumento real de las pensiones del 1,2%. La revalorización mínima salvó al Ejecutivo de la presión social, pero en la actual coyuntura es contradictoria con sus planes puesto que supone un aumento real de las pensiones.

Otro de los aspectos que ha cambiado ha sido el uso del Fondo de Reserva: se utiliza permanentemente para enjuagar el déficit que presenta el sistema desde 2011. Los número que aportó Zubiri hablan por sí solos. Entre lo gastado y los intereses que se han dejado de percibir, el Fondo ha perdido unos 56.000 millones y está pagando entre el 10% y el 15% del gasto en pensiones. Hay que tener en cuenta, además, que el gasto en pensiones aumenta un 3,5% anual y las cotizaciones lo hacen alrededor de un 1% (1,0% en 2014 y 1,3% en 2015).

La última retirada de fondos ha sido este mismo mes de julio. El Fondo cuenta en estos momentos con unos 24.000 millones. Zubiri calcula que sin inflación ni nuevos empleos durará uno o dos años; y con inflación y más empleo, tres o cuatro años. Considera necesario eliminar la revalorización del 0,25% y asignar mayores reservas.

Perspectivas

Según sus cálculos, el sistema necesita entre 1,8 y 2 millones de trabajadores para eliminar el déficit. Lo hecho hasta ahora –bajar las pensiones– añade más dinero al sistema a largo plazo y los datos presentados por el Gobierno español a Europa en la actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018 corroboran esa hipótesis. La previsión es que si en la actualidad el gasto en pensiones es del 11,8% del PIB, en el año 2050 sea del 12,3%, una variación de apenas medio punto porcentual mientras que para entonces se calcula que el número de pensionistas sea un 80% mayor; esto es, gastando prácticamente lo mismo habrá que pagar casi el doble de pensiones. Con esa previsión, si la pensión actual es aproximadamente el 60% del salario medio, en 2050 será del orden del 40%. El deterioro de las pensiones será evidente y, además, los pensionistas, cuanto más vivan, más pobres serán.

Algunas soluciones

A la hora de apuntar algunas soluciones, Zubiri llamó la atención sobre el hecho de que las recaudación por cotizaciones como porcentaje de la riqueza total apenas varia con la coyuntura económica y es de entre el 11% y el 12% del PIB. Además, el Estado español ocupa el puesto 17 en la Union Europea en gasto en pensiones y el puesto 24 en ingreso, lo que significa que todavía hay margen.

Teniendo en cuenta que el ingreso por cotizaciones sociales no varía sustancialmente y que resulta complicado aumentar las cotizaciones, los ingresos adicionales pueden venir de los impuestos, tal y como ocurre en la mayoría de países.

Otras medidas buscan eliminar las discriminaciones que crea el actual sistema estableciendo una única edad de jubilación a los 67 y la revalorización de las pensiones en función del IPC. A su juicio, en un sistema de reparto sin capacidad de elección, la pensión de un trabajador debería ser similar a las que ese trabajador que se jubila ha contribuido a pagar durante su vida laboral.

La ruptura de la caja única

Zubiri no considera adecuada una ruptura de la caja única ya que daría lugar a diferentes sistemas en un país unitario. Recordó que la CAV tendría un déficit de unos 1.400 millones, pues actualmente aporta el 6,6% de las cotizaciones pero gasta en pensiones el 7,3%; una situación, por otro lado, muy similar a la del resto del Estado.