Miguel FERNÁNDEZ
Ankara
A UN MES DEL FALLIDO GOLPE DE ESTADO EN TURQUÍA

La difícil misión de recomponer el sistema educativo turco

Más de la mitad de los purgados en el Estado turco pertenecen al sector educativo, la principal fuente de ingresos y captación de Fethullah Gülen. A un mes para el comienzo del curso lectivo, el Gobierno tiene que integrar a los estudiantes de las escuelas gülenistas.

Desde la fallida asonada del pasado 15 de julio, en el Estado turco 27.424 profesores de escuelas privadas han perdido su licencia educativa y más de 21.000 funcionarios del Ministerio de Educación y 5.000 académicos han sido suspendidos; los 1.577 decanos universitarios han sido forzados a dimitir y 1.043 escuelas privadas, 15 universidades y 109 residencias han sido cerradas. De los 80.000 purgados en este mes, más de la mitad pertenecen al sector educativo, la principal fuente de ingresos y captación del clérigo suní Fethullah Gülen. Desmantelar semejante coloso se ha convertido en un reto para el Gobierno turco, que además tiene que recomponerlo en un tiempo récord: en un mes comienza el curso lectivo.

La vertiginosa reforma ha elevado las dudas sobre si los islamistas serán capaces de controlar las diferentes aristas del proceso, desde el plano social al económico y político. El Partido Justicia y Desarrollo (AKP), cuyas medidas parecen dirigirse hacia el cambio de cromos, contratará a 20.000 nuevos profesores para responder a las necesidades de los 138.000 estudiantes que están sufriendo los daños colaterales de la purga.

Pero el Consejo de Educación Superior (YÖK), que ha reconocido que los universitarios que quieran continuar en la misma provincia podrán acogerse a un estatus privado con derechos especiales, se ha mostrado ambiguo al subrayar que aquellos que no tengan los puntos necesarios podrían tener que estudiar un programa educativo cercano si no quieren cambiar de provincia.

En un sistema que podría saturarse, y en el que existe un importante salto de calidad entre las universidades del país, algunos de los estudiantes de las universidades gülenistas, unos 57.000, el 0,8% del total de Turquía, han levantado la voz para recordar su deseo de continuar en las mismas ciudades y mostrar su rechazo a ser relacionados con Gülen. En una declaración leída por Irem Çalisir, estudiante de la Universidad de Izmir, los jóvenes han pedido al Estado que mantenga intacta su privacidad para evitar daños colaterales: «Siendo estudiantes limpios, no queremos ser asociados ni estigmatizados con FETÖ. Una vez que nos graduemos, estaremos preparados para trabajar con pasión por esta patria. Que nos hagan estudiar en otras provincias es una decisión injusta y arbitraria. No queremos ser víctimas colaterales», resaltan en la misiva.

Fatih Yasli, experto de la Universidad de Bolu, destaca que «la situación de muchos estudiantes, profesores y académicos es incierta. Su moral está por los suelos y están esperando a las medidas del YÖK. La gente desconoce qué va a suceder. Un estudiante de esos colegios me ha mandado el siguiente mensaje que dice: ‘Profesor, no soy gülenista, tampoco terrorista. Nuestros diplomas dicen que hemos estudiado en los colegios de FETÖ. Nos han puesto en una lista negra’. Esos estudiantes van a sentirse vigilados por el Estado durante años y eso es preocupante», manifiesta.

Por el momento, lejos de los daños intangibles, las primeras medidas apuntan a un año lleno de restricciones para los programas internacionales. Las becas de estudio Jean Monnet han sido canceladas, al igual que los programas para investigaciones científicas y tecnológicas del TÜBITAK.

Los estudiantes que iban a cursar los programas Erasmus y Servicio de Voluntariado Europeo desconocen si podrán o no hacerlo y los turcos que iban a desarrollar sus carreras en el extranjero no saben si les estará permitido dejar el país.

Yasli recuerda que «el sistema educativo turco no funciona bien desde hace tiempo. Los últimos acontecimientos incrementarán el problema. El islam político y el Cemaat –Movimiento– han obtenido el control de la mayor parte del sistema. El AKP ha intentado recuperarlo y el golpe de Estado es una excusa perfecta. Van a liquidar el sistema de Gülen, pero creo que el proceso será difícil porque habrá una crisis a la hora de recomponer el sistema educativo».

Desde setiembre de 2013, cuando el AKP anunció que cerraría las escuelas preparatorias –dershane, en turco– de Gülen, el Estado había comenzado su limpieza. Antes de la asonada, la Universidad de Fatih estaba controlada por el Estado y decenas de centros educativos gülenistas fueron cerrados. El fallido golpe de Estado ha acelerado un proceso que podría haber durado años.

Las dershane de Gülen eran consideradas como la mejor opción para preparar las pruebas de acceso a los institutos y las universidades de Anatolia. Decenas de miles de estudiantes acudían para formarse, y los mejores eran tanteados por los gülenistas para engrosar las filas del Cemaat.

Si bien estos centros educativos eran su principal fuente de ingresos, el gran baluarte radicaba en las enormes posibilidades para continuar con la captación de seguidores. El proceso recorría una línea que comenzaba con las becas y concluía en los sermones de Gülen: primero los alumnos eran invitados a reuniones extraescolares; luego se les comentaba la posibilidad de acceder a una beca; más tarde se les aconsejaba acudir a una de las residencias del Cemaat; y, de forma gradual, se terminaba por escuchar y memorizar las cintas del clérigo suní.

En una sociedad marcada por la fidelidad, los jóvenes entraban en un círculo en el que la deuda no escrita iba creciendo hasta el punto de ser el Cemaat el que indicaba qué estudiar y, posteriormente, encontraba un trabajo. Por eso esta purga en la educación, que puede extrañar a ojos de un europeo, es inevitable para erradicar la influencia de Gülen, cuya red educativa se extiende a 160 países con más de 2.000 centros que el AKP quiere ver cerrados. «En los últimos 40 años, el Cemaat se ha organizado en torno a la educación. El Estado está obligado a cerrar los colegios. Pero el problema es otro, ya que las medidas afectarán a todos y no solo a los gülenistas», asegura Yasli.

El primer gran perjudicado de esta purga son las academias privadas. El primer ministro turco, Binali Yildirim, ha reconocido que puede que entre los señalados no todos sean gülenistas y, por tanto, con el paso del tiempo estos centros podrían recuperar el estatus anterior al golpe. En la escuela Anafarta, en el centro de Ankara, los profesores acaban de descubrir que su director es gülenista. Los profesores, que aseguran no tener ninguna relación con el clérigo suní, han perdido su empleo y no han recibido ninguna compensación. No saben cómo resolver su situación y solo les queda esperar hasta que el Gobierno concluya la investigación.

El transcurrir del tiempo es el mayor enemigo de otros centros privados que, a diferencia de Anafarta, no tienen ninguna relación con el clérigo. De ser inocentes, y por tanto recobrar el permiso para impartir clases, tendrían que recuperar a los alumnos perdidos y restaurar su prestigio.

La cárcel turca

El AKP ha convertido Turquía en una cárcel al aire libre. Todos los funcionarios han sido obligados a presentarse en sus ciudades de residencia y los académicos tienen prohibido abandonar el país. Aquellos que poseen el pasaporte verde, que levanta muchas de las restricciones fronterizas y se entrega generalmente a los funcionarios, tienen que pedir un permiso especial antes de abandonar Anatolia. Erdogan, quien rige por decreto desde la fallida asonada, no quiere que nadie escape, como ya hicieran ilustres del gülenismo como el fiscal Zekeriya Öz o el exfutbolista Hakan Sukur.

La purga del Estado ha salpicado cada parcela vital del país, refrendando la acusación del Estado paralelo. En un mes, más de 35.000 personas han sido arrestadas y 17.000 continúan detenidas. En las listas del Gobierno hay antiguos diputados y alcaldes; miles de empresarios, fuerzas de seguridad y jueces y fiscales; empleados de la Federación de Fútbol, el sistema sanitario, imanes y más de 3.000 trabajadores del Diyanet, el Ministerio de Asuntos Religiosos.

Zeynep, una abogada de la Asociación de Abogados de Turquía (BAR), afirma que «el Estado va ser injusto utilizando la Justicia. Ahora puede hacer lo que quiera. Tardaremos años en arreglar todos los problemas que va a crear». Zeynep teme que la ola represiva llegue hasta ella, y por eso pide cambiar su nombre. Según cuenta, los gülenistas se pusieron en contacto con ella para su representación legal. El presidente regional de BAR no dudó en subrayar que no era conveniente: «Están en peligro y quien se acerque a ellos también lo estará», asegura.

Este estigma, que afectará a los estudiantes que hayan tenido relación con Gülen, no ha dejado de engordar gracias a un Gobierno que ha culpado a los gülenistas de cada uno de sus errores políticos. Por ejemplo, ellos derribaron en noviembre el avión ruso, dirigieron la masacre de Roboski, robaron las preguntas de los exámenes públicos o grabaron las cintas comprometedoras de los opositores del AKP. El único error que Erdogan se atribuye es haber confiado en los gülenistas, que apuntalaron su sistema cuando eran aliados del AKP.

Desde el 17 de diciembre de 2013, cuando estalló la trama de corrupción dentro de su partido, Erdogan ha ido limando cada una de las ramas del árbol sistémico gülenista. Tras la asonada, la coyuntura es favorable para la ansiada reforma. La solución del AKP aparenta ser un cambio de peones: 3.000 empleados de la judicatura salen, y la misma cifra entra. Teniendo en cuenta el giro autoritario del AKP, muchos anatolios dudan sobre si los cambios serán para potenciar la democracia o para apuntalar su nuevo sistema con personas afines que se beneficien del suculento sector educativo.