A casi nueve meses de iniciada su etapa de gobierno, el bebé más anunciado por el presidente Mauricio Macri –el crecimiento económico– no llega. A comienzos de este año, cuando iniciaba el ajuste fiscal y tarifario, todos los portavoces de la nueva Administración anunciaban que para el segundo semestre el sacrificio iba a dar frutos. Pero no ha sido así.

El Gobierno de la alianza liberal-socialdemócrata de Cambiemos heredó un déficit fiscal de 7% del producto interior bruto (PIB), explicado especialmente por los subsidios estatales a las tarifas de transporte, electricidad y gas; una inflación que rondaba el 25%; la imposibilidad de endeudarse en el mercado de capitales internacional (las tasas de interés exigidas por los acreedores cuadruplicaban a las que pagaban países vecinos como Bolivia o Chile); y una caída en picado de las exportaciones y el saldo comercial, además de un enorme mercado de divisas paralelo e ilegal.

Si bien los dos últimos problemas fueron resueltos (se unificó el tipo de cambio tras una brusca devaluación del 60% y se resolvió el default con los fondos buitres), la madre de todos los conflictos sigue desmadrada. El déficit fiscal apenas se moderó y su consecuencia, la inflación, producto de la devaluación del peso y del aumento de tarifas, trepó y, según consenso económico, acabará el año en el 40%.

Para peor, la economía sigue estancada: el PIB descendió un 0,7% en el primer trimestre del año con respecto al anterior y los datos que se esperan del segundo trimestre posiblemente serán peores. La inversión privada no mejora como se auguraba y se perdieron 55.000 empleos en el sector privado.

Llegó el revés del Supremo. El déficit fiscal que dejó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se explicaba por los subsidios a las tarifas de gas, luz y transporte público (especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires), alcanzando los 10.300 millones de euros. Todos los candidatos a presidente, incluso el del kirchnerismo, anunciaban que eso iba a ser recortado porque era insostenible y, en los hechos, la mayoría de los beneficios eran para las familias de clase media y alta, que terminaban pagando hasta el 10% del costo real.

El equipo de Macri definió para este 2016 un ahorro de 1.500 millones de euros en ese sentido, por lo que se duplicó el costo del transporte urbano, pero lo peor fue para la luz y el gas: aumentos de entre el 300% y el 500%. Por si esto fuera poco, disparó el consumo residencial el hecho de que se haya vivido el invierno más frío de los últimos 50 años, lo que derivó en tarifas impagables para muchos sectores (el Hemisferio Sur todavía está en pleno invierno). Ante la reacción popular negativa, la Casa Rosada puso un tope de 400% para los aumentos, pero su ejecución estuvo plagada de errores, entre ellos, el principal: no convocar a audiencias públicas para informar y debatir los aumentos, un requisito exigido por la ley.

Este y otros elementos –por ejemplo, no diferenciar la amplitud térmica de un país de 4.000 kilómetros de norte a sur– provocaron la judicialización de la medida y la Corte Suprema falló la semana pasada en contra el Gobierno, anulando los aumentos para usuarios residenciales (el 26% del total) y forzando al Ejecutivo a revisar su plan fiscal y hacer un nuevo organigrama para el recorte de subsidios.

La paradoja de este fiasco es que el Gobierno desprotegió con sus aumentos a su segmento electoral más afín (la clase media y alta urbana) y congeló las tarifas para todos los hogares cuyos ingresos son inferiores a 700 euros mensuales (alrededor de un quinto de la población). Así, se debilitó más políticamente, enrareció el clima económico y fue en contra de su principal anhelo: que se desate el círculo virtuoso de la inversión privada y el consumo.

Esa inversión tampoco llega desde el exterior. En 2015 ya se derrumbó un 7,5% y, si bien los pronósticos para este año son algo mejores, no alcanzan a reactivar el mercado de empleo. El giro copernicano en la política exterior –acercamiento a la Unión Europea, la Alianza del Pacífico, Estados Unidos y las potencias asiáticas– sólo trajo expresiones de deseos, salvo casos puntuales como las inversiones anunciadas por empresas japonesas o alemanas.

La gran apuesta de Macri es ahora la moratoria tributaria para los argentinos que tienen dinero no declarado en el exterior, que rondaría los 200.000 millones de dólares, en un país acostumbrado a la fuga de divisas por la incertidumbre financiera local (declarados al fisco hay 233.000 millones de dólares estadounidenses).

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay –cuya visión heterodoxa choca con la de otros halcones monetaristas, como el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger–, asegura que con este “blanqueo” de fondos fugados se espera el ingreso de 23.000 millones de euros a la economía. Pero todo, por ahora, es expectativa.

En diálogo con GARA, Eduardo Levy Yeyati, economista cercano a Cambiemos –formó parte del equipo que confeccionó su plan de gobierno–, considera que la coyuntura actual «es una recesión tradicional, porque las crisis suelen tener un componente financiero que en este caso está ausente».

Respecto a la posible transferencia de ingresos de los sectores bajos y medios a los altos que produjo la devaluación y la baja de impuestos a productores agropecuarios, Levy Yeyati admite que «en parte se ha dado», pero señala que «el aumento de tarifas energéticas, por otro lado, afecta fundamentalmente a hogares de ingresos medios y altos, históricamente beneficiados por los subsidios. La clase alta sí se vio beneficiada por la quita de impuestos».

Sobre las perspectivas a mediano plazo, responde: «Son modestas. Esperamos que el país se encamine el año próximo a un crecimiento de alrededor del 3%. Para crecer sostenidamente a tasas más altas, la inversión tendría que alcanzar el 25% del PBI, algo improbable antes de las elecciones de medio término. La inflación probablemente termine 2017 ligeramente por arriba del 20%». 

Por su parte, el diputado opositor Marco Lavagna (Frente Renovador, tercera fuerza en el Parlamento) y ex economista jefe de la consultora Ecolatina, dijo a GARA que el actual momento «es complicado, por una economía que acumuló desequilibrios macroeconómicos durante más de siete años, como tener una inflación de 25% promedio anual, con picos de 40% como en 2014 y como será en 2016, llevando al deterioro social y la falta de inversiones».

«El Gobierno actual cesó la emisión monetaria con la que financiaba el déficit el kirchnerismo pero provocó una devaluación con impactos sociales negativos. En este segundo semestre se irá estabilizando, creo que ya se tocó el piso del peor momento, pero no habrá recuperación económica hasta el primer trimestre de 2017, año en el que se va a crecer entre un 3 y un 3,5 por ciento», sostiene Lavagna, hijo del exministro que capitaneó la economía en el colapso de 2002.

Augura mejoras en el sector minero, en agricultura, finanzas y algo en la construcción, pero afirma que las exportaciones «no se recuperarán porque el tipo de cambio ya está quedando retrasado, porque la devaluación se la devora la inflación y, si bien está más competitivo que en 2015, no puede haber más devaluación para no provocar más aumento de precios».

El factor Brasil, destino del 35 por ciento de las exportaciones argentinas, tampoco ayuda: «Brasil viene mal hace tres años y este en particular fue muy complejo y complicó más la situación argentina. Posiblemente el año que viene vaya a estar mejor y ayude a Argentina, pero sólo en parte», comenta el diputado Lavagna.

Hasta ahora, el único sector que tiene garantizado un mejor desenvolvimiento en 2017 es el de las oleaginosas: tras la baja impositiva y la devaluación, se disparó la producción y exportación de trigo y maíz y se esperan buenos niveles para la soja, el “oro verde” de la agricultura sudamericana. También se registran mejores resultados en productos como el vino y el azúcar, claves para economías del interior del país.

Por ahora, Macri intenta sostener el gasto para evitar más recortes impopulares con la toma de deuda: en lo que va de año son 14.800 millones de euros, pero desde Hacienda aseguran que no se buscará más financiamiento externo hasta 2017. El Gobierno, durante los primeros meses en el poder, fue virando de una visión tecnócrata a una más pragmática, por motivos más políticos que teóricos, lo que agudizó las contradicciones entre sus alas más moderadas y los halcones ortodoxos. Un eje de esa disputa son las tasas de interés altas, que Prat-Gay desearía bajar pero el Banco Central las sostiene, dice, para contener la inflación.

A principio de año, las obras de infraestructura (que la expresidenta congeló por motivos políticos en septiembre de 2015) demoraron en ser retomadas y la ejecución presupuestaria para ese destino se mantuvo frenada por dos razones que esgrimen voceros gubernamentales fuera de micrófono: para provocar una tibia recesión que frene la inflación y para revisar los contratos y no ser manchados por los sobreprecios de la gestión anteriores.

Ante la envergadura de la crisis económica, y una vez constatado que las inversiones extranjeras demoraban en llegar mucho más de lo pensado, a mediados de año la Casa Rosada decidió calentar la economía: abrió el grifo del gasto y aumentó las pensiones, los préstamos a las provincias y algunos beneficios sociales, además de acelerar las obras de infraestructura.

El motivo que hizo al Gobierno ceder en sus metas inflacionarias y de déficit fiscal (este año se espera que roce el 5% del producto bruto) es eminentemente político: la coalición Cambiemos tiene una flagrante minoría en el Parlamento (menos del 40% de los escaños en el Congreso de los Diputados y el 20% en el Senado), por lo que necesita imperiosamente mejorar esa correlación de fuerzas para no tener que ceder, como lo hace desde marzo, ante cada proyecto que envía el Ejecutivo.

Las elecciones de renovación parlamentaria (la mitad de los diputados y un tercio del Senado) serán en agosto del año próximo y Macri precisa que la economía traiga buenas noticias y nuevos empleos cuanto antes. Por los números rojos que exhibe Argentina, por ahora aún sigue esperando.