Miguel FERNÁNDEZ IBÁÑEZ
Diyarbakir
CONFLICTO POLÍTICO EN KURDISTÁN

GENTRIFICACIÓN POLÍTICA EN KURDISTÁN NORTE

El Estado turco está expropiando las viviendas de algunos de los barrios del distrito de Sur. Las organizaciones kurdas subrayan que, detrás de este movimiento, el objetivo es convertir la región en una zona de alta seguridad para combatir al PKK.

La casa de Ali Üzmek tenía 17 habitaciones, un jardín con árboles frutales y un sótano en el que el asfixiante calor del verano era incapaz de penetrar. A dos pasos había vecinos a los que consideraba familiares. A cuatro pasos más, un económico mercado de frutas y vegetales. La casa de Ali, al igual que las de sus vecinos del barrio de Cemal Yilmaz, ya no existe: es hoy un montón de polvo, un terreno diáfano, sin sótanos ni árboles. Eso es lo que al menos piensa Ali, que desde hace meses no puede entrar en su barrio del distrito de Sur, en la ciudad de Diyarbakir.

«Nací en Sur y solo he conocido Sur. Es mi vida. Esta guerra nos ha dejado sin nada y la única esperanza que tengo es recuperar mi casa, y me la quieren arrebatar por la fuerza. Creo que cualquier turco puede entender lo que estoy viviendo. Una vida se va y no puedes hacer más que darte de golpes en la cabeza mientras esperas» dice, desesperado, Ali, de cuerpo delgado y barba de varios días, mientras su mujer Meles y sus hijas y sobrinos revolotean por su nueva casa, oscura, de escasas habitaciones y equipada con una bombona de butano para cocinar.

Ali tiene un documento de propiedad que atestigua que la casa que reclama es suya, pero el Estado turco tiene otro plan para las viviendas de Sur. El distrito, en el que vivían 60.000 personas, estuvo más de tres meses bajo el toque de queda impuesto por el Ejecutivo. Las estrechas y empinadas calles de algunos de sus barrios se convirtieron en testigos de una lucha que, según cuentan los locales, ha destrozado la moral de los kurdos. Pero esto al Estado poco parece importarle y, en un movimiento estratégico, pretende expropiar las casas de los civiles para desarrollar una gentrificación política que convierta Sur en una zona de alta seguridad.

En declaraciones a Crisis Group, el gobernador de Diyarbakir reconoció en marzo que, una vez concluida la lucha, la segunda fase sería la expropiación de viviendas: «En lugar de pagar a la gente por el daño sufrido, compensaremos la pérdida de las casas con otras nuevas en otras áreas». El Estado, amparándose en la cuestionada Ley Antiterrorista, está usando un sistema denominado «mediación», en el que se ofrece dinero o viviendas a los dueños de las casas de Sur. De aceptarlo, los afectados no podrían recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Aquellos que rechazan la compensación estatal, que es lo que aconsejan las organizaciones kurdas, han comenzado una lucha legal. Pero el tiempo, con juicios que podrían superar la década, unido al escaso poder adquisitivo de los locales, juega a favor del Gobierno.

«No pienso vender mi casa ni firmar los papeles del Gobierno. Si lo hago me convertiré en un desplazado de por vida. Lucharé e iré al TEDH. No nos queda otra opción, ya que el Estado no nos escucha. ¿No somos seres humanos? ¿Nos hacen esto por ser kurdos?», se pregunta, indignado, Ali. Lahmya Bingöl, una empleada de limpieza, no cesa de repetir que quiere su casa, que son pobres, y subraya que su marido está enfermo y tres de sus cinco hijos están encarcelados: «Mi nueva casa es gratis, me la ha dejado un conocido, pero tiene que ser algo temporal. Mi marido está enfermo y mis hijos sobreviven en la cárcel. No tenemos apenas dinero, pero aunque lo tuviéramos no abandonaríamos Sur. Somos los hijos de Sur. Quiero mi casa y resistiré en los tribunales, en la calle, en cualquier lugar».

Zona de seguridad

Erdal Balsak, director técnico de la Unión de Municipios del Sureste de Anatolia, una organización dependiente del DBP, la rama política del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) en Kurdistán, explica que el Estado «ha desalojado a casi 25.000 de las 60.000 personas que vivían en Sur. Eso son unas 5.000 familias. El 20% ha ido a juicio. Ellos saben que todo será lento, que harán falta 20 años. La gente no confía en la Justicia, pero no hay otra opción. Uno de los problemas es que quienes vivían en Sur no eran dueños de esas casas; las alquilaban. Esa gente no va a recibir nada. Y a los dueños, que no vivían allí, les han ofrecido unas 1.500 liras por metro cuadrado. No es un buen precio. Cuando el Estado tenga todo listo podría ser mucho más caro». En Sur, se puede pasear por su alargada calle principal mientras los comerciantes venden ropa de marca, recomiendan a los viandantes la comida tradicional y recuerdan la apreciada bisutería local. A un lado queda la mezquita Ulu, al otro, iglesias armenias y asirias. Es un rincón comercial e histórico que fue reconocido junto a su muralla como Patrimonio de la Humanidad. Debido al potencial económico, la oposición ha acusado al Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de querer entregar la reconstrucción a su élite clientelar. Los islamistas, amparándose en la búsqueda una solución a los problemas sociales, lo han rechazado.

Desde los barrios de Sur que no entran dentro del plan de expropiación gubernamental, se observa una hilera de polvo que se eleva. La provocan los buldócer, que están destruyendo los pilares que aún se mantienen en pie en los barrios de Ali y Lahmya. Áreas como Dabanoglu, Savas o Cemal Yilmaz son inaccesibles para quienes vivieron allí durante décadas. «Están construyendo una docena de puestos de seguridad militar. En el proyecto de 2012 no estaban y, aunque estén usando este plan, creo que lo cambiarán porque ahora en Sur no queda nada más que suelo. No sabemos quién vivirá allí, pero no serán los mismos. Antes esas casas eran privadas, pero ahora el Estado puede hacer lo que quiera y la municipalidad no tiene ni la fuerza ni la autoridad para evitarlo», explica Balsak.

En 2012, la municipalidad preparó un proyecto para la reconstrucción de los enrevesados barrios de Sur, formados por antiguas casas bajas de piedra. El Estado lo aceptó. Balsak reconoce que el proyecto original aprobado por el DBP fue un error, ya que solo se tuvieron en cuenta las cuestiones técnicas, olvidando las condiciones sociales de quienes vivían allí: «En general vive gente pobre, jornaleros sin un sueldo fijo. No vimos el problema social que conllevaría la migración –a otros barrios– porque sólo miramos la parte técnica».

Identidad y memoria

El distrito de Sur, al igual que el de Baglar, es habitado por gente de limitados recursos económicos, muchos de ellos desplazados kurdos de los años 90. Al sentimiento de pertenencia a un grupo social, el kurdo, se unen los lazos humanos creados durante décadas. «Mis hijos están desmotivados. Nuestros vecinos eran como una familia. Compartíamos todo. Conocía los nombres de sus hijos, de sus mujeres. Ya sabe, estos lugares se quedan pequeños. Era salir a la calle y hablar de nuestra vida. Han sido muchos años y eso no entiende de dinero, relata Ali. Las históricas edificaciones de Sur son importantes para Ali, pero aún más lo son los recuerdos de sus calles empedradas. Ali abrió su cafetería y conoció a su mujer Meles, de semblante tranquilo y corpulenta. Meles recuerda que, tras 28 días bajo el toque de queda, detuvieron a su hijo: «Llevábamos una bandera blanca y nada más salir detuvieron a mi hijo. Él no ha hecho nada y aún sigue en la cárcel acusado de ayudar al PKK».

Meles ofrece sopa fría de yogur, pan y trigo mientras Ali cuenta su flechazo: «Nos conocimos al ir a por agua a los pozos. Tiré una piedra para que me mirara. La quería para mí y si no me habría suicidado. Como ve, aquí estoy». A los 15 años se casaron, tuvieron diez hijos, aunque dos murieron cuando eran pequeños. Durante 25 años, Ali dirigió una estrecha cafetería que vendió cuando las cosas comenzaron a torcerse. Desde entonces, no trabaja. «Mis hijos ya eran mayores y podían cuidarnos», recuerda.

En Kurdistán Norte, la relación padre-hijo está marcada por una tradición cada vez menos estricta. Ésta dice que un padre con recursos tiene que pagar la casa de sus hijos al casarse, pero luego estos tienen que cubrir cada necesidad de sus padres hasta su muerte. Ahora mismo, tras un año de conflicto, los hijos de Ali tienen problemas para entregar el confort que Ali y Meles se merecen. La casa en la que residen, a 500 metros de la ciudad amurallada de Sur, es inhóspita, a medio hacer, cara. «Son 400 liras al mes. La lucha ha encarecido todo y el Estado nos ha dado 1.000 liras desde que nos sacaron. La lavadora nos la ha dado un vecino. Es la gente la que ayuda y no el Estado», se queja Ali.

El caso de Sur es el más representativo de la estrategia del AKP en Kurdistán Norte. Pero en la mayoría de las ciudades afectadas por los toques de queda se esperan cambios. Yüksekova y Cizre serán reconocidos como centros provinciales, lo que aumentará el número de fuerzas de seguridad y puestos militares. En Nusaybin, Balsak asegura que «quieren alejar la ciudad 8 kilómetros de la frontera con Siria; hacia el norte». A esta remodelación de las urbes kurdas se une la carta del refugiado sirio. El Ejecutivo ha rechazado que vaya a utilizar a los sirios para alterar la demografía de Kurdistán, pero Ersoy Dede, columnista del diario pro-AKP “Daily Star”, ha llegado a pedir que los sirios obtengan la ciudadanía turca y sean mandados al sureste.

A principios de año, Recep Tayyip Erdogan aseguró que «no solo vamos a limpiar las ciudades de terroristas, sino que a través de un plan de regeneración urbana –eliminaremos– las condiciones que permiten su actuación». En junio, el primer ministro, Binali Yildirim, añadió que «crearemos un mejor futuro para nuestra gente, entregando trabajo a todos los jóvenes. Así salvaremos a la gente de la explotación del PKK». La reconstrucción urbana como arma de guerra, como política de asimilación, ha sido tratada por académicos como Joost Jongerden. En sus publicaciones, este antropólogo se refiere a esta estrategia desplegada en las área rurales desde la fundación de la República. Bajo el pretexto de la reconstrucción, el objetivo a largo plazo es evitar la dispersión de las áreas rurales integrando las pequeñas aldeas en puntos rurales de mayor tamaño diseñados por el Estado. En Kurdistán Norte, la política de tierra quemada de los años 90 consiguió forzar esta migración. Hoy, la reconstrucción de áreas urbanas modeladas por el Estado es una nueva vuelta de tuerca al conflicto kurdo, que hace un año llegó a las ciudades y ha dejado 400.000 desplazados.