«Referéndum o referéndum». El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, fue tajante ayer a la hora de explicar cómo piensa culminar el proceso independentista catalán. «Perseguiremos el acuerdo hasta el último día, trabajaremos con la voluntad de hacer un referéndum acordado con el Estado en todo momento, pero si llegamos al final de la legislatura (junio de 2017) y no ha habido ninguna respuesta positiva en este sentido, estaremos preparados y a punto para subir el último escalón antes de proclamar de manera efectiva la independencia de Catalunya y, como muy tarde, convocaremos un referéndum para la segunda quincena de setiembre del año que viene», explicó el president en un discurso en el que, sin embargo, no empleó las palabras «unilateral» ni «vinculante».

El del referéndum fue el principal anuncio de Puigdemont en la primera sesión de la cuestión de confianza a la que decidió someterse después del «no» de la CUP a los presupuestos. De este modo, queda modificada la hoja de ruta que, en vez de un referéndum, pretendía culminar la legislatura con unas elecciones constituyentes. «Hay un consenso enorme, político y ciudadano, de que la fórmula ideal es un referéndum acordado con el Estado», explicó Puigdemont, a lo que añadió, inmediatamente: «Nos lo han negado tantas veces como lo hemos pedido».

En este sentido, y en el mismo momento en el que 17 miembros de la Ejecutiva del PSOE anunciaban su dimisión, Puigdemont pidió altura de miras a la izquierda española: «Existe toda la disposición a colaborar lealmente con un Gobierno español que haga posible que votemos en un referéndum sobre la independencia». Pero sin mencionarla, no descartó la vía unilateral: «Es una oferta que no caduca, pero que no paraliza. El calendario de los 18 meses y las bases fundamentales del proceso se mantienen».

«A finales del año que viene, el Parlament aprobará las leyes necesarias para que Catalunya funcione como Estado independiente y convocaremos a los ciudadanos a las urnas para que permitan con su voto la proclamación de la independencia», añadió Puigdemont, que avanzó que la «arquitectura» del referéndum quedará en manos del vicepresidente, Oriol Junqueras, como presidente de la comisión interdepartamental de impulso del autogobierno, y del consejero Räul Romeva, responsable de participación en el Govern.

Presupuestos, sí o sí

Tras la intervención de Puigdemont, fue la diputada de la CUP Anna Gabriel la primera en reaccionar y explicar que el «referéndum o referéndum» entonado por el president «está en plena sintonía» con lo defendido por la formación independentista. Gabriel no quiso valorar, sin embargo, la condición que previamente impuso Puigdemont: aprobar los presupuestos de 2017.

«Sin presupuestos no se puede gobernar bien, y si no podemos gobernar bien, tendríamos que devolver la palabra a los ciudadanos», apuntó el president, que dedicó buena parte de su discurso a enumerar la cantidad de medidas sociales que el Govern no ha aplicado debido a la falta de cuentas públicas. «De haberse tramitado y aprobado la Ley de presupuestos, en vez de cuestión de confianza, hoy tendríamos más recursos a disposición de nuestros ciudadanos», dijo a modo de resumen.

En una apelación directa a la CUP, el president aseguró que en las conversaciones mantenidas en las últimas semanas ha comprobado que «hay una voluntad sincera para que la legislatura continúe por parte de quienes permitieron que comenzase», tras lo cual llegó la advertencia: «O se aprueban los presupuestos que prepare Junqueras y encaramos el tramo final, o utilizaré las facultades que tengo para convocar elecciones». «Aconsejo que quien no tenga intención de aprobar los presupuestos, mejor que no me otorgue la confianza que pido», concluyó.

Puigdemont trató así de vincular el referéndum a los presupuestos, hoy se verá con qué éxito. La CUP votará a favor, por lo que la legislatura continuará, pero el capítulo de los presupuestos está lejos de cerrarse.

 

Hoja de ruta modificada y clarificada

El envenenado resultado del 27 de setiembre, en el que el independentismo consiguió una victoria inapelable pero no llegó, sin embargo, a superar el 50% de los votos, ha sido un lastre que ha condicionado toda la hoja de ruta independentista, que preveía unas elecciones constituyentes tras la legislatura de 18 meses. Con el anuncio de ayer, los tiempos se mantienen, al menos sobre el papel, por lo que al Govern le quedan poco más de nueve meses para elaborar toda la arquitectura legal y las estructuras de Estado necesarias para la desconexión, incluida la vital Ley de transitoriedad jurídica.

Lo que cambia ahora es la forma de culminar en las urnas el proceso. La hoja de ruta original preveía unas elecciones constituyentes que dejasen el peso del tramo final en un proceso constituyente que, a su vez, debería culminar con un referéndum ratificatorio. Ahora el referéndum se adelanta, sin descartar uno sobre la constitución, que llegaría después de proclamada la independencia.

Reclamado en mayo por la CUP, bien visto por ERC y apadrinado en junio por la ANC, el referéndum es el instrumento con el que el independentismo espera superar las dudas surgidas tras el 27S y sumar al carro al sector de los comunes, encabezados por Ada Colau. Sin embargo, ha costado lo suyo, sobre todo dentro de la antigua Convergència, donde un sector encabezado según la prensa catalana por el expresident Artur Mas se opuso hasta el último momento al plebiscito.

En cualquier caso, algunas de las dudas de este sector son compartidas en otros entornos que, sin poner en duda la validez del referéndum, cuestionan la viabilidad de realizarlo de forma unilateral y con carácter vinculante sin acabar convirtiéndolo en una reedición del 9N. Según se informó desde el Govern, los juristas Carles Viver Pi-Sunyer y Josep Maria Reniu han estado trabajando en informes que garantizarían la arquitectura del referéndum. Estos argumentarios, sin embargo, no han visto la luz pública.B.Z.