En junio, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró la «inconstitucionalidad y nulidad» de los cambios introducidos por el Ejecutivo español, con el apoyo del PP y UPyD, en la Ley de Presupuestos de 2014 para impedir que los presos políticos vascos percibiesen un subsidio mensual de 426 euros hasta un máximo de año y medio desde que saliesen de la cárcel mientras no se dieran de alta en la cotización de la Seguridad Social.

Se atendía así la cuestión de inconstitucionalidad promovida en enero de 2015 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, aunque sin entrar a analizar la mayoría de los argumentos expuestos por ella. La sentencia sostiene que se trata de una «extralimitación» del legislador, que «vulnera el principio de seguridad jurídica». Se incide en que una modificación de la Ley General de Seguridad Social no se puede adoptar a través de una ley de presupuestos, pues aunque tenga carácter económico resulta evidente que es una reacción ante el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tumbó la «doctrina Parot» y obligó a liberar a los prisioneros que habían cumplido ya las condenas impuestas.

La Sala dudaba de los requisitos adicionales que el Ejecutivo español pretende aplicar a los presos vascos para cobrar ese subsidio por desempleo, al establecerse una diferencia de trato «injustificada y desproporcionada» entre las personas excarceladas, además de vulnerar el derecho a la reinserción y a prestaciones sociales frente a situaciones de necesidad.

En la sentencia, el TC responde a los recursos planteados por los expresos Luis Mari Azkargorta Belategi y Mikel Zarrabe ante el TSJPV y estimados por la Sala, a los que el Juzgado de lo Social de Eibar denegó en julio de 2014 el subsidio por excarcelación. A pesar de ello, el Servicio Público de Empleo Público (SEPE) ha comunicado a prisioneros puestos en libertad a partir de junio pasado que les deniega su solicitud.

Las razones que se exponen en las resoluciones son las mismas que las esgrimidas antes de la decisión de junio, no hay cambio alguno en las notificaciones que rubrican los responsables territoriales del SEPE. Tampoco se ha aplicado la sentencia a los dos antiguos prisioneros que recurrieron ante el TSJPV, origen del pronunciamiento del TC, ni a muchos otros que tenían sus recursos a la que espera de que resolviese el Constitucional.

Sesenta juicios a la espera

Ahora, viendo que el SEPE obvia el pronunciamiento del TC, los letrados que defienden los intereses de los expresos han solicitado a los diferentes juzgados donde se instruyen causas por la denegación de la prestación por desempleo que las activen y que los jueces se pronuncien. Hasta 60 procedimientos aguardaban la resolución del Constitucional, que no ha modificado la estrategia gubernamental, que evita la revisión de oficio de los expedientes en manos del Servicio Público de Empleo Estatal y opta por el silencio.

Fuentes jurídicas apuntan a que las nuevas resoluciones del Servicio Público de Empleo Estatal se enmarcan en una decisión política en la misma línea de la defensa que Fiscalía y Abogacía del Estado realizaron ante el TC. Una estrategia, añaden, con tintes vengativos buscando hundir en la precariedad a los expresos.

Cronología

OCTUBRE de 2013

Decenas de vascos son excarcelados al tumbar el Tribunal de Estrasburgo la «doctrina Parot».

diciembre de 2013

PP y UPyD introducen unos requisitos adicionales en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2014, que modifica la Ley General de la Seguridad Social.

enero de 2015

El TSJPV plantea una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC al estimar que los requisitos exigidos a los expresos para cobrar el subsidio buscan «castigar».

junio de 2016

El TC anula la treta introducida en la Ley de Presupuestos de 2014 sin entrar al fondo de la cuestión.