No hay oportunidad sin riesgo, dice la máxima que todo agente de bolsa aprende en su primer día sobre el parqué. También el proceso catalán tiene mucho de especulación. En el buen sentido de la palabra, entiéndase, no en su acepción bursátil. Tiene mucho de tratar de imaginar cuál puede ser el próximo paso del adversario e intentar condicionar al máximo, con la decisión propia, la actuación del contrario. Los envidos son numerosos, tanto a grande como a chiquita. También hay órdagos. La nueva bandera soberanista, el referéndum, puede llegar a ser uno. Si el Estado hace caso omiso y el «No» se limita a no participar, el riesgo de repetir un 9N es considerable. Si por el contrario Madrid embiste y Catalunya resiste, el soberanismo gana varios hamarrekos de legitimidad.

En cuanto al Estado, rechazada una y mil veces la más mínima negociación política, la única carta con la que juega la partida es la judicialización del proceso, con la esperanza de espantar a los recién llegados al independentismo y agotar a los más bregados, de manera que la espectacular movilización soberanista de los últimos años acabe cayendo, como fruta madura, por su propio peso. No es fácil aguantar un lustro de movilizaciones al máximo nivel y, para ser sinceros, el independentismo ha dado en momentos señales de agotamiento. Sobre todo cuando el Estado calla. Porque la movilización catalana crece precisamente cuando mayor es el envite español. Ahí está el riesgo para el Estado: pasarse de frenada jugando con una sola carta le puede salir rana. El manido «cuanto peor, mejor» no puede ser la bandera de quien aspira a construir un país en positivo, pero no nos creamos nuestro propio farol: el papel cumplido por el Estado en el impulso del procés es inconmensurable.