Jone Goirizelaia, en nombre de los letrados que defienden a las 49 personas procesadas por su labor solidaria hacia los presos vascos, e integrantes de la plataforma de apoyo a Arantza Zulueta comparecieron ayer en Bilbo para denunciar el duro régimen de aislamiento que sufre la abogada desde hace 2 años y 10 meses. Tal es la situación que representantes del Comité de Prevención de la Tortura (CPT) han cursado visita a la prisión de Puerto III para conocerla, estando pendiente que se emita un informe al respecto.

Goirizelaia explicó las condiciones de vida de su compañera, apuntando a que el propio reglamento penitenciario señala que el aislamiento es un castigo «excepcional» y debe aplicarse en momentos puntuales. «No hay razonamiento jurídico alguno para que permanezca en esta situación», subrayó, incidiendo en que el único motivo para mantener a Zulueta encarcelada es la «venganza».

La letrada mencionó el último auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, del 23 de setiembre, en el que se rechazó la apelación contra el procesamiento de los 49 solidarios con los prisioneros. En él, el magistrado José Ricardo De Prada formuló un voto particular en el que discrepa de sus compañeros. Ve únicamente actividad política donde los otros ven delito. «Pura actividad política, realizada siguiendo métodos políticos, por mucho que no se comparta, pero como tal no susceptible de ser tipificada penalmente como actividad terrorista», afirma.

Es contundente al declararse a favor de la excarcelación, pues «no se efectúa en el auto de la mayoría ninguna ponderación en concreto de la situación, haciendo meras referencias genéricas con afán justificador de la medida, que se extiende desmesuradamente a mi juicio en el tiempo, sin que existan desde mi punto de vista –dice el juez– riesgos procesales que justifiquen tal extensión temporal».

Además, rechaza el régimen de incomunicación que sufre la letrada y apunta a que el auto de la Sala, del que discrepa, no hace referencia a las alegaciones de la defensa sobre el «prolongado aislamiento» en una cárcel alejada de su entorno familiar. Recuerda De Prada que Arantza Zulueta es una presa preventiva, «es decir, persona sometida a una medida cautelar personal, que se la presume inocente y que la prisión preventiva esta prevista y debe cumplir exclusivamente unos fines constitucionalmente legítimos de evitación de riesgos procesales, y debe ser lo menos gravosa posible».

Goirizelaia no se olvidó de citar tampoco la resolución de la Corte de Apelación de Pau que rechazó el martes la orden de detención y entrega solicitada por el juez Eloy Velasco contra Emilie Martin, para ser juzgada por este mismo procedimiento, por participar en Herrira.

Ronda de contactos de la plataforma con agentes e instituciones

La plataforma por la libertad de Arantza Zulueta iniciará una ronda de contactos con distintos agentes e instituciones para pedirles que se impliquen en acabar con la vulneración de derechos que sufre la letrada. Su intención, avanzaron, es convocar una movilización para el 7 de enero en Bilbo, coincidiendo con el tercer aniversario del arresto de la abogada.

Asimismo, animaron a sumarse a la recogida de firmas impulsada por los presos de Puerto III; ayer superaban los 3.500 apoyos. A.G.