LAB formalizó el jueves en los juzgados de Bilbo una denuncia por prevaricación contra la directora del Servicio Público de Empleo (SEPE) en Bizkaia por emitir en setiembre cuatro resoluciones denegatorias del subsidio de excarcelación a presos vascos aplicando una normativa que el Tribunal Constitucional declaró enl pasado mes de junio «nula e insconstitucional».

Tras esa sentencia del TC, los servicios jurídicos del sindicato se pusieron en contacto con la responsable provincial del SEPE, Marta María Gutiérrez del Río, para que rectificara y a la mayor brevedad revisara de oficio todos los expedientes que había desestimado. La central ha recurrido ante distintos juzgados cerca de 60 resoluciones y fue quien instó al TSJPV a que planteara ante el TC la cuestión de constitucionalidad en torno al modo en que estaba y está actuando el Ejecutivo Rajoy.

La respuesta del organismo estatal fue sumar a las anteriores otras cuatro resoluciones denegatorias en setiembre y no revisar aquellas. LAB se puso en contacto con la directora en Bizkaia, que les indicó que «cumple órdenes de Madrid». Por ese motivo, los abogados contactaron con la subdirectora de Prestaciones del SEPE, que no aportó más datos. Fuentes jurídicas apuntan a que «es un asunto promovido por la Abogacía del Estado y el SEPE solo firma».

El TC indicó en junio que los expresos vascos tenían derecho a cobrar la prestación de desempleo después de salir de prisión. En esa sentencia, que el Gobierno español no atiende, se declaraba inconstitucional y por tanto, no aplicable, el castigo añadido que supone a los prisioneros la denegación del subsidio de 426 euros mensuales durante seis meses, prorrogable hasta los 18 meses siempre que no cuenten con un empleo o rentas económicas suficientes.

En consecuencia, LAB interpuso el jueves en un juzgado de lo Penal de Bilbo la denuncia por un presunto delito de prevaricación por denegar de forma «injusta y arbitraria» la prestación. En el escrito se solicita que se practiquen las diligencias oportunas para «determinar las responsabilidades en las que hubiera podido incurrir la directora del SEPE en Bizkaia, así como otras personas funcionarias» al no atender la sentencia del Constitucional y continuar aplicando una normativa «nula e inconstitucional».

Pazis García, responsable de la Asesoría Jurídica de LAB, resaltó que el servicio estatal de empleo ha seguido actuando «como si el TC no hubiera dictado sentencia», además de no revisar de oficio las resoluciones emitidas hasta la fecha. «Está obligando a los afectados a seguir pleiteando por una cuestión que está ya resuelta», denunció.

Ahora, silencio administrativo

García explicó que a raíz de los contactos con distintos responsables del SEPE, ahora el organismo no contesta a las peticiones de subsidio que se le presentan, de modo que se desestiman por silencio administrativo, para evitar hacer público, de manera expresa, la norma en la que se basan. Esto está sucediendo ahora en Bizkaia, aunque en otros territorios también han detectado esa práctica.

Los letrados de la central consideran que la actuación de la directora del SEPE en Bizkaia es constitutiva de un delito de prevaricación, que contempla en el Código Penal una inhabilitación para empleo o cargo público de 9 a 15 años.

Desde la Ejecutiva de LAB, Arantzi Sarasola subrayó que «no hay ni una sola razón jurídica» para que sistemáticamente se deniegue el subsidio por excarcelación a los expresos vascos y que es «un nuevo ejemplo de que el Estado español no tienen ninguna voluntad de apostar por un proceso de paz y de superación del conflicto».

Sarasola incidió en que la actuación del SEPE no es una mera decisión administrativa aislada, ya que es en el núcleo de los aparatos del Estado desde donde se alientan estas prácticas «en clave de venganza». La responsable sindical añadió que se trata de prolongar el castigo contra los presos, en la misma línea de no permitir la liberacion de los prisioneros gravemente enfermos, el «empeño por alargar» las condenas o la propia política de dispersión.

 

Cronología

octubre de 2013

Decenas de vascos son excarcelados al tumbar el Tribunal de Estrasburgo la «doctrina Parot».

Diciembre de 2013

PP y UPyD introducen requisitos adicionales en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2014, que modifica la Ley General de la Seguridad Social.

Enero de 2015

El TSJPV plantea una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC al estimar que los requisitos exigidos a los expresos vascos para cobrar el subsidio buscan «castigar».

JUNIO de 2016

El TC anula la treta introducida en la Ley de Presupuestos de 2014 sin entrar al fondo de la cuestión.

SEtiembre de 2016

La directora del SEPE en Bizkaia firma nuevas resoluciones denegando la prestación en base a la normativa anulada por el Constitucional.