La solidaridad con los siete de Altsasu llegó hasta las puertas de Soto del Real, aunque no del modo en el que los participantes en la marcha hubiesen deseado. Patrullas de la Guardia Civil bloquearon el acceso a la prisión y hostigaron a los integrantes de la comitiva, que tuvieron que dar media vuelta. Al menos, pudieron plantarse ante los muros de la prisión madrileña, donde se encuentran encarcelados Aratz Urrizola, Jokin Unamuno, Ohian Arnaz, Iñaki Abad y Adur Ramírez. Los otros dos, Julen Goikoetxea y Jonan Cob, permanecen en Alcalá Meco, en el módulo para menores. La marcha también tenía previsto desplazarse hasta allí, pero tuvo que desistir tras comprobar que los agentes del Instituto Armado no iban a facilitar el camino.

Los sábados son jornadas de kilómetros para cientos de familias en Euskal Herria, obligados a salir a la carretera para visitar a sus seres queridos dispersados. En este caso, los dos autobuses que salieron de Iruñea y Altsasu ni siquiera tenían previsto entrar en los locutorios de las cárceles de Soto del Real y Alcalá Meco. El objetivo era expresar, aun fuera de los muros, la adhesión hacia siete jóvenes que ya se han convertido, a su pesar, en símbolo.

Apenas habían llegado al parking de la primera de las prisiones cuando varias dotaciones de la Guardia Civil hicieron acto de presencia. «Bajen de los autobuses». «Muestren el DNI». La rutina de los controles policiales que, por cierto, los vecinos de Altsasu conocen bien. Más de 600 en nueve meses. Casi nada.

Frente a la prisión, los agentes cumplieron con toda la parafernalia. Identificar a los asistentes, requisar todo el material (banderolas, ikurriñas y hasta tenedores) y anunciar que no iban a permitir que se celebrase ninguna marcha. «¿Venís a visitar a etarras, no?», preguntaron a algunos de los integrantes de la marcha que se habían desplazado en su vehículo. No amenazaron con el uso de la fuerza («vosotros veréis», dijeron), sino con otra técnica que es posible que hayan tomado prestada de sus homónimos en Sakana: la advertencia de que si alguien se movía, serían multados. Que pregunten en Altsasu cuántos miles de euros han tenido que ser abonados tras las campañas de acoso lanzadas por los miembros del Instituto Armado.

Con la espada de Damocles del castigo económico sobre la cabeza, el cerca de un centenar de personas llegadas desde Iruñea y Sakana celebró una asamblea. Al final, decidieron desistir de realizar la protesta, teniendo en cuenta que el material ya había sido requisado y que podían encontrarse con sanciones de varios ceros que afrontar.

Más presión para un municipio al que le han arrancado a siete vecinos, imputado a otros dos y lleva semanas convertido en el «atrezzo» de las historias bélicas de los nostálgicos de la prensa española, que echaban de menos sus piezas de «territorio comanche».

Último as de la manga

En el momento en el que los manifestantes decidieron dar la vuelta, los agentes sacaron su último as de la manga. Estaban dispuestos a entregar las banderas e ikurriñas, pero siempre que se nombrase a una persona responsable. No parecía una oferta amistosa, así que la declinaron. No obstante, los vecinos sí que mostraron su intención de denunciar a los agentes por «robo», ya que consideran que el decomiso constituye, en realidad, un hurto.

Tras no lograr pasar del aparcamiento de Soto, los dos autobuses dieron media vuelta hacia Euskal Herria. A pesar de las amenazas, la solidaridad había llegado hasta los mismísimos muros de la cárcel. Tras la inmensa marcha del 26 y el apoyo del Parlamento de Nafarroa, un paso más en la adhesión a las víctimas de esta injusticia.