A.G.
BILBO

El TSJPV ordena derribar una planta de hormigón en el Pagasarri

La planta de Hormigones Vascos, emplazada en las faldas del Pagasarri, junto a las cabinas del peaje de la Supersur en Peñascal, tendrá que ser derribada después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) lo haya ordenado en una sentencia dictada en octubre por la Sala de lo Contencioso Administrativo. La instalación cementera, ubicada en suelo no urbanizable, llevaba funcionando de forma irregular desde 2011 cuando finalizaron las obras de la Variante Sur Metropolitana a las que surtía.

Queda por determinar cuándo se producirá la clausura de la fábrica ilegal y su posterior demolición, pendiente de que se recurra o no la sentencia ante el Tribunal Supremo. La portavoz de EH Bildu en el Consistorio bilbaino, Aitziber Ibaibarriaga, volvió a solicitar el viernes la comparecencia urgente del concejal delegado de Planificación Urbana, Asier Abaunza, al objeto de que informe acerca de las actuaciones del Gobierno municipal. La planta lleva funcionando cinco años de manera ilegal, aunque antes era irregular.

Hormigones Vascos disponía de otra planta similar en Peñascal, en un terreno que se vio afectado por las obras de la Supersur. La expropiación hubiera costado a la Diputación algo más de 20 millones de euros pero se evitó ese desembolso permitiendo que la empresa se instalase en las faldas del Pagasarri, en un suelo no urbanizable.

Para las obras de la Supersur

A pesar de que era una operación irregular, el Ayuntamiento de Bilbo concedió la licencia con la condición de que se utilizase para las obras de la Supersur y fijando un plazo máximo de actividad hasta 2017. En 2011 terminó la primera fase de la autopista de pago hasta Larraskitu, aunque Hormigones Vascos continuó trabajando con la excusa de que podía ser necesaria para ejecutar el tramo pendiente, el que atravesará Bolintxu para conectar con la AP-68 en Beteluri, para el que no hay ni plazos ni financiación a la vista.

En enero de 2015, uno de los propietarios expropiados para levantar la fábrica se dirigió a la Fiscalía, incidiendo en por qué se permitía que continuase trabajando cuando la razón para que estuviese ubicada en suelo no urbanizable había desaparecido. Denunció «trato de favor» por parte de las instituciones hacia la compañía.

El Ministerio Público pidió explicaciones al Consistorio bilbaino y el Área de Urbanismo ordenó en mayo de 2015 el cierre de la planta del Peñascal y su derribo. La reacción de Hormigones Vascos fue recurrir la resolución. En enero, el Gobierno municipal reculó y aceptó que siguiese la actividad ilegal de la planta por la perdida de 30 empleos que generaría. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Bilbo también lo amparó pero, de modo sorpresivo, el Ayuntamiento presentó otro escrito en el juzgado en el que confirmó la ilegalidad de la fábrica, por asentarse en suelo no urbanizable.

Entre dimes y diretes dentro y fuera de los juzgados continuó el conflicto hasta que el TSJPV dictó la sentencia que ordena la clausura y demolición de la polémica planta de Hormigones Vascos. Los magistrados aceptan su «interés público» mientras se desarrollaron los trabajos de la Supersur y que ahora no tienen sentido que la instalación siga en el actual emplazamiento, en las faldas del Pagasarri. Tampoco atienden el argumento de la hipotética perdida de empleo, pues se puede establecer en otro lugar con su actividad.