La recopilación de casos de tortura que lleva varios años haciendo Euskal Memoria supera ya los 5.500. Lo revela en el último número de la revista de la fundación Eugenio Etxebeste, Antton, miembro del patronato. Con ello se actualiza la cifra anterior, que se situaba algo por encima de los 5.000.

En cualquier caso, la investigación está muy lejos de agotarse. Y es que esos 5.500 casos se han constatado sobre un total de 7.000 detenciones de carácter político en los últimos 50 años, lo que supone que en el 78% de estos arrestos se produjeron maltratos. Aplicando este porcentaje a las más de 22.000 detenciones producidas en el conjunto de ese medio siglo, la cifra de torturas podría acabar triplicándose también.

En consecuencia, «tenemos un campo enorme para trabajar», expone Etxebeste en la entrevista. Sugiere posibilidades como «implementar ventanillas populares, enmarcadas en el ámbito institucional, donde la gente que ha sufrido las consecuencias de la represión pueda acudir a volcar su testimonio, abrir su corazón, recibir ese apoyo y reconocimiento, y que eso fuese no solo privado, sino público». Ve factible hacerlo a través de ayuntamientos y otras entidades locales.

Refiriéndose al trabajo de voluntariado que ha logrado documentar estos casos mediante testimonios, Eugenio Etxebeste certifica que «hay personas que siguen sin poder sacar a la luz su relato, que no son capaces de sacar de dentro todo lo que han soportado, y hay que conseguir que lo logren. Hoy existen condiciones sociales más que favorables para blindar estos testimonios y denunciarlos públicamente». Por la experiencia de Euskal Memoria, sabe que contarlo viene a suponer «una especie de catarsis, de liberación».

Este trabajo de la fundación va siendo aportado también al estudio que coordina el forense Paco Etxeberria, cuyo avance se presentó en junio y que tiene el valor de ser el primer informe oficial que certifica la tortura, dado que lleva el sello del Gobierno de Lakua. Etxebeste subraya que documentar la tortura «es un trabajo muy costoso y lento». La iniciativa oficial se limita a la CAV, mientras los trabajos de Euskal Memoria alcanzan al conjunto de Euskal Herria. Al basarse en testimonios habitualmente detallados, tienen el valor añadido de permitir segmentar las torturas por fechas, cuerpos policiales, zona en que se realizaron, procedimiento de maltrato, edad de la víctima, género, ocupación...

La OMCT y Madrid

En la misma revista es entrevistada Helena Solà Martín, consejera de derechos humanos de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). Destaca que el Estado español no solo «tiene una serie de prácticas que crean una cultura de impunidad entre las fuerzas del orden»; además, «no ha adoptado ningún plan o política pública para reparar a las víctimas de tortura, bajo el pretexto de que ‘no existe’».

«Esto incumple de forma frontal el artículo 14 de la Convención contra la Tortura», añade esta experta, que recalca que Madrid ya ha sido advertida.