Un informe de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de México que el Gobierno decidió mantener en secreto revela numerosas irregularidades en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, según reveló “The New York Times”. Dicho informe, de 177 páginas y completo desde agosto, es una investigación interna a la investigación oficial que hizo la PGR y concluye que la conducta de sus investigadores violó «el derecho a la verdad» de las víctimas y dañó su derecho a la justicia.

El informe revela que los detenidos por este caso fueron trasladados ilegalmente, invalidando así las pruebas que pudieron proveer de acuerdo con la legislación mexicana.

También desvela que el principal investigador del caso llevó a un sospechoso a identificar la presunta escena de los hechos sin la presencia de su abogado, una visita que además no figura en los archivos, en los que faltan otros documentos de ese día y en los que aparecen fechas contradictorias. Según el dossier, el lugar que el detenido identificó en el río San Juan se dejó sin vigilancia esa noche.

De acuerdo con “The New York Times”, el informe no pasó el trámite de la aprobación de la PGR a causa de las irregularidades que documenta y sigue «bajo estudio» en un «limbo burocrático».

Su autor, César Alejandro Chávez Flores, dejó repentinamente su puesto en el organismo cuatro semanas después de concluir el documento.

Otro de los que dejó su puesto fue el investigador Tomás Zerón de Lucio, estrecho colaborador del presidente mexicano que fue «inmediatamente» nombrado secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.