El ya famoso «referéndum o referéndum» entonado por el president, Carles Puigdemont, durante la cuestión de confianza de setiembre siempre había venido acompañado hasta ahora de la coletilla sobre las cuentas públicas de 2017: «Sin presupuestos no hay referéndum». Aunque la votación definitiva no se dará hasta febrero, Junts pel Sí y la CUP dieron ayer un paso de gigante para salvar este obstáculo que los separa y avanzar sin excusas hacia el referéndum. Ambos grupos se unieron para tumbar las enmiendas a la totalidad presentadas por el resto de grupos, dejando vía libre y despejada para la cumbre que el próximo viernes debe empezar a concretar los pormenores de un plebiscito envuelto a día de hoy en la incógnita.

A diferencia de los presupuestos de 2016, que la CUP tumbó por la vía rápida junto al resto de partidos, las cuentas para 2017 pasaron ayer la primera y más importante criba gracias a los dos votos a favor y las ocho abstenciones de los diputados de la esquerra independentista. Con los 62 diputados de JxSí, sumaron 64 votos en contra de las enmiendas, frente a los 62 a favor que juntaron Ciutadans, PSC, CSQP y PP. Ahora los presupuestos pasarán a las diversas comisiones parlamentarias y, según el calendario actual, volverán al pleno para su aprobación definitiva entre el 8 y el 9 de febrero. Pero la CUP todavía no ha dicho su última palabra, ya que no decidirá el sentido final de su voto hasta el Consell Polític que celebrará el próximo 28 de enero.

Cuentas y plebiscito

En su defensa de las cuentas, el vicepresidente económico y líder de ERC, Oriol Junqueras, reivindicó que son los mejores presupuestos posibles y que contemplan un aumento de 1.170 millones de euros en gasto social. Pese a ello, reconoció que se trata de unas cuentas autonómicas, pero necesarias para avanzar hacia el Estado propio.

Por ello, volvió a ligar la convocatoria del referéndum a la aprobación de las cuentas, algo que enerva a la CUP, cuya diputada Eulàlia Reguant denunció que las cuentas «mantienen privilegios de 30 años de autonomismo» y que no servirán para ensanchar la base social y ganar el referéndum. Reguant justificó así su voto de ayer: «Hoy la CUP da su confianza, no al Parlament ni al Govern, sino al conjunto de la ciudadanía, que otorgará el sentido de autodeterminación a la legislatura».

El resto de partidos criticó con dureza, aunque desde diferentes posiciones, el proyecto de presupuestos. PP y Ciutadans optaron por atacar las partidas destinadas al proceso independentista, por ejemplo el «despilfarro» en Exteriores; mientras que la diputada del PSC Alícia Romero prefirió echar mano del manido recurso de criticar al Govern por estar «atrapado por la CUP y la hoja de ruta». No se quedó corto, por la izquierda, el diputado de CSQP Joan Coscubiela, que consideró que son «unos presupuestos sumisos aunque se vistan de desobediencia».

Negociación en marcha

De esta manera, ayer se evidenció que los presupuestos –como el referéndum, seguramente–, son cosa de dos. Más allá del pleno, la negociación se dará en los pasillos, entre JxSí y la CUP. Estos últimos han identificado tres pilares en torno a los cuales se juega el apoyo o rechazo a las cuentas: gasto social, referéndum y proceso constituyente. Junto al primero van las reformas fiscales que el Parlament tramitará hoy a través de la Ley de acompañamiento de los presupuestos –incluye tasas medioambientales, sobre bebidas azucaradas y sobre estancias en establecimientos turísticos–. También el impuesto sobre bienes no productivos –sustituto de la tasa a las grandes fortunas– que se aprobará mañana. La CUP también exige, en este punto, modificar la partida del departamento de Educación.

Para perfilar los otros dos pilares –referéndum y proceso constituyente– será crucial el contenido de la reunión que Puigdemont ha convocado para el viernes en el Palau de la Generalitat. Cuanto más se concrete la vía hacia el plebiscito, más cercana estará la aprobación de los presupuestos. Y viceversa.

El Congreso inicia la derogación parcial de la reforma del TC

El PSOE decidió sumarse ayer a la proposición de ley presentada por el PNV para modificar la reforma del Tribunal Constitucional aprobada por el PP con su mayoría absoluta en la pasada legislatura. Los votos en contra de PP y Ciudadanos, por tanto, no fueron suficientes para frenar la iniciativa jeltzale, que eliminará la posibilidad de que el TC pueda suspender a cargos o funcionarios públicos por desobedecer sus dictámenes, tal y como prevé la reforma aprobada con el independentismo catalán en el punto de mira. En la propuesta del PNV, la suspensión será sustituida por una multa de 600 a 3.000 euros.

El PSOE, por el contrario, no apoyó la proposición de ley parecida presentada por el Partit Demòcrata Europeu Català (PDCat, la antigua Convergència), que a diferencia de la reforma del PNV, abogaba por derogar por completo la reforma aprobada unilateralmente por el PP. Una reforma que, por cierto, el propio Constitucional validó hace escasas semanas, desestimando el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Gasteiz.

La reforma del PNV, que se tramitará y, probablemente se aprobará en las próximas semanas, no impide por tanto que el TC siga persiguiendo a políticos catalanes, tal y como lo volvió a hacer ayer, al abrir una nueva investigación contra toda la Mesa del Parlament. Si en julio apuntó solo contra la presidenta de la institución, Carme Forcadell –ahora ya querellada–, por permitir la votación sobre el proceso constituyente, ayer el TC notificó a cinco miembros de la mesa que están siendo investigados por admitir a trámite la resolución sobre el referéndum que JxSí y la CUP presentaron en el Debate de Política General del pasado mes de setiembre. Además de Forcadell, se trata de Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet, de JxSí, y de Joan Josep Nuet, de CSQP. Mañana el pleno del Parlament aprobará una resolución en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la iniciativa de los diputados del Parlament.GARA

Los comunes acudirán a la cita del viernes sin una posición clara

Igual que sucedió con ICV-EUiA durante los largos prolegómenos de la consulta del 9 de noviembre de 2014, la postura del universo de los comunes –donde se sitúan el entorno de Colau, Podem Catalunya y lo que queda de ICV– respecto al referéndum anunciado para setiembre promete nuevos episodios de ambigüedad e indefinición. De momento, tanto la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como representantes de Catalunya Sí que Es Pot (Podemos e ICV-EUiA) acudirán a la cumbre convocada por el president, Carles Puigdemont, el próximo viernes en el Palau de la Generalitat. Algo que no quiere decir, ni mucho menos, que vayan a sumarse a la convocatoria del referéndum de forma más o menos automática.

Los comunes siempre han insistido en que su opción es un referéndum pactado con el Estado, si bien su mismo portavoz y representante en Madrid, Xavi Doménech, ha admitido en varias ocasiones la imposibilidad de que dicho plebiscito acordado se dé. Esta semana uno de los líderes de Podemos, Iñigo Errejón, se abrió por primera vez a apoyar un referéndum unilateral, pero Doménech salió rápidamente a corregirlo y el propio Errejón matizó ayer sus declaraciones, al asegurar que una consulta unilateral no tendría efectos y no sería más que una repetición del 9N.

Pase lo que pase, será difícil que este sector se defina –si es que lo llega a hacer– antes de la próxima primavera, cuando se prevé que el nuevo partido encabezado por Colau y Doménech se constituya. De momento, esta semana se publicó una primera lista de impulsores de la nueva formación llamada a ocupar el espacio de la prácticamente extinta Iniciativa. De hecho, varios de los militantes más destacados de ICV –como David Cid o Marta Ribas– se encuentran entre los impulsores del nuevo partido, junto a figuras relevantes como el catedrático Joan Subirats o el activista Arcadi Oliveres.B.Z.