Apartir de enero, la obesidad y el tabaquismo Reino Unido serán criterios según los cuales se conformen las listas de espera para las operaciones. Los pacientes que cuenten con un Índice de Masa Corporal mayor de 30 deberán perder hasta el 10% de su peso si desean acceder a la cirugía no urgente en igualdad de condiciones a cualquier otro ciudadano británico. De lo contrario, su operación se verá retrasada hasta un año. Lo mismo ocurrirá con los fumadores, que deberán dejar de fumar durante dos meses o enfrentarse a un retraso de su operación de medio año.

La medida, que permanecía paralizada para su revisión, fue aceptada hace pocos días por el NHS England, el Servicio de Salud Público de Inglaterra. Sus promotores –la Comisión Clínica de Vale of York, organismo local del NHS del que dependen más de trescientos mil habitantes– han modificado ligeramente los argumentos iniciales en vista de la polémica que causó el asunto cuando tan sólo era una idea.

El pasado setiembre, los motivos se enmarcaron en «la severa presión económica en la que se encuentra el sistema sanitario público en la localidad», donde la obesidad costó 55 millones de euros el año pasado. Los argumentos esgrimidos ahora se orientan hacia el supuesto bienestar del paciente.

Según el doctor Shaun O'Connell, portavoz de la Comisión Clínica del Valle de York, «esta medida persigue el aumentar las posibilidades de recuperación de los pacientes tras una intervención rutinaria». Aclara que «en ningún momento se ha hablado de prohibición o de política arbitraria, sino que simplemente se ha introducido un nuevo criterio clínico, porque comer sano, hacer ejercicio y dejar de fumar marcan la diferencia a la hora de recuperarse de una operación». Recuerda, además, que cada caso será analizado de manera individualizada.

Sin embargo, este consejo clínico de vivir saludable ha cruzado para muchos una línea roja, entre otras cosas porque la obesidad o el tabaquismo son presentados como estilos de vida elegibles. El Royal College of Surgeons, la asociación de cirujanos más importante de Gran Bretaña que representa a 14.000 profesionales, no ha tardado en advertir de la gravedad de la medida. Según su presidenta, Claire Marx, «es perfectamente normal y correcto que el NHS busque maneras de apoyar a los pacientes para que dejen de fumar o pierdan peso. Sin embargo, racionalizar los servicios quirúrgicos prohibiendo las operaciones a estos colectivos es algo inadecuado y francamente chocante». Así, se teme que medidas similares se extiendan por toda Inglaterra porque ya que existe una «jurisprudencia sanitaria» y por tanto, las 208 comisiones clínicas restantes del territorio, que tienen competencia en la gestión presupuestaria de su área local, podrían decidir implantar medidas similares.

Las críticas son algo más moderadas desde la British Obesity Society, la asociación de obesidad británica, desde donde reconocen que «para ciertas operaciones es necesario perder peso, es un criterio clínico, por ejemplo, en personas con obesidad mórbida y problemas en las rodillas. El problema en realidad no se soluciona operando las rodillas, sino perdiendo peso». No obstante, critican que el sistema público de salud británico carezca de programas que ayuden a los pacientes a disminuir de peso. «Pero para que esta idea funcione, el NHS debe invertir en políticas que ayuden a conseguir lo que piden, y hoy por hoy no existen».

Cambio de criterio

Se da la circunstancia de que la polémica propuesta se aprobó tras la presentación de los presupuestos en el Parlamento el 23 de noviembre, en el conocido como Autumn Statement, en el que el ministro de Finanzas, Philip Hammond, descartó otorgar financiación adicional a la atención médica y social. «La crisis de financiación del NHS no es algo abstracto, está afectando a los pacientes, a sus tratamientos. Ahora son los obesos y fumadores, quién sabe quiénes serán los próximos», asegura Marx.

El papel del Gobierno resulta incoherente. Según el colegio de cirujanos, el ministro de Salud, Jeremy Hunt, se había opuesto a la medida en el Parlamento porque suponía «un recorte de servicios» y advirtió de que tomaría cartas en el asunto si las corporaciones locales del NHS tomaban decisiones inadecuadas en el tratamiento de los pacientes. Después, el criterio cambió y el Ejecutivo, sin querer entrar de lleno en la materia, respaldó la medida al no considerarla «una política de prohibición. Se trata de velar por el bien del paciente. No se negarán las operaciones, sino que el procedimiento se basará en las necesidades de cada caso».

Sin embargo, este nuevo procedimiento enmascara como mínimo, un retraso considerable en las operaciones a partir del año que viene. Y se teme que los sectores que más lo van a sufrir son las clases más desfavorecidas, que tienden a ser las que más problemas de sobrepeso y tabaquismo poseen, relacionados en muchos casos con otros trastornos como el estrés y la depresión.

Según las cifras del propio NHS, una de cada cuatro personas en Gran Bretaña sufre de obesidad, y el porcentaje aumenta en zonas más deprimidas. Según esta misma fuente, el 30% de las mujeres obesas vive en áreas desfavorecidas, con escasos recursos económicos, frente al 19% de mujeres obesas que hay en las zonas más ricas. La misma línea, aunque con una diferencia no tan acusada, sigue el caso de los hombres que sufren de obesidad: el 25% procede de áreas pobres frente al 22% de las áreas más prósperas.

Y lo mismo ocurre en el tabaquismo. Según las cifras del Office for National Statistics, el Instituto de Estadística Británico, los residentes en las áreas más pobres tienen el doble de posibilidades de convertirse en fumadores que aquellos que residen en áreas con mayor nivel de vida. De hecho, el estudio Marmot Review, encargado por el ex primer ministro Gordon Brown en 2008 y finalmente publicado en 2010 concluyó que las personas que viven en los barrios más pobres de Gran Bretaña, en promedio, morirán siete años antes que las residentes en los barrios más ricos.

El impuesto sobre el azúcar y las cajetillas neutras, otras medidas

El Gobierno británico ha publicado el proyecto de ley que recoge el nuevo impuesto que gravará las bebidas azucaradas, como parte de la lucha contra la obesidad en Gran Bretaña. Tras esta publicación, varias compañías han comenzado a reducir el azúcar en las bebidas, según publica la BBC.

Pero se teme que este nuevo impuesto lo acaben pagando los consumidores, en lugar de las grandes empresas, ya que se estima una subida de precios de entre seis y ocho peniques por cada lata de refresco.

Este impuesto, que entrará en vigor en abril de 2018, dejará al margen a bebidas como zumos, batidos o yogures.

El Ejecutivo espera recaudar 520 millones de libras (unos 610 millones de euros) durante el primer año.

En el caso del tabaco, las firmas han luchado hasta el final para evitar la entrada en vigor de la nueva normativa que obligará a todas las cajetillas de tabaco a compartir un color marrón verdusco (oficialmente declarado como el color más feo del mundo).

De esta manera, las tabacaleras deberán sustituir sus cajetillas distintivas por unas estándar en las que se destinará tres cuartas partes de su espacio a informar vía foto y texto de los peligros del tabaco, y tan sólo se diferenciarán unas de otras por la marca que aparecerá escrita en la parte de abajo de la cajetilla.

Las firmas tienen hasta el mes de mayo del año que viene para sustituir los envases, por lo que su presencia en los establecimientos se irá percibiendo de manera graduada.M.S.