De urna a urna y de ley a ley. Así han insistido siempre los juristas implicados en el proceso catalán que debía avanzar el camino hacia una república catalana. La norma que lo hará posible es la ley de transitoriedad jurídica que ayer anunciaron Junts pel Sí y la CUP. Se trata, ni más ni menos, del texto legal que debe ofrecer un marco jurídico tanto al referéndum anunciado para setiembre de 2017 como a la posterior proclamación de un Estado catalán en caso de victoria del «Sí» a la independencia. Es decir, es la ley que debe garantizar la transición de la legalidad española a una legalidad catalana transitoria, de manera que se evite un vacío legal en el momento en que las instituciones catalanas decidan aplicar el mandato democrático de las urnas y desconecten del ordenamiento jurídico español.

No es una iniciativa que levante pasiones en Moncloa, por lo que JxSí y la CUP se limitaron ayer a anunciar el acuerdo a través de un escueto comunicado de apenas cuatro párrafos, con el objetivo de no facilitar el trabajo a la Abogacía del Estado. La idea de los grupos independentistas es tramitar en el Parlament la ley, guardada bajo un candado de siete llaves, solo cuando sea estrictamente necesario. Ni un segundo antes. Algo que, según apuntó la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en una reciente entrevista, podría significar aprobar la ley en el instante anterior a convocar el referéndum de independencia.

En este sentido, el exdiputado de la CUP y miembro del secretariado nacional de la formación Quim Arrufat también explicó en otra entrevista que la ley podría ser aprobada en dos tiempos. Es decir, en un primer momento podría entrar en vigor el epígrafe referido a la convocatoria del referéndum, de forma que el resto del articulado, que detalla cómo actuar a continuación, entraría en vigor solo en el caso de que el «Sí» a la independencia ganase el plebiscito de setiembre.

En cualquier caso, habrá que observar el desarrollo de los acontecimientos para saber cómo se aprobará y aplicará una ley fundamental negociada de forma inusualmente discreta por JxSí y la CUP a lo largo de «seis meses de debate en los que se ha trabajado sobre el articulado de la ley», según señalaron en el escueto comunicado conjunto. Desde Catalunya Sí que es Pot, el diputado Joan Coscubiela aprovechó el secretismo que envuelve a la Ley para calificar el acuerdo de «placebo político», pero lo cierto es que el silencio que ha envuelto al acuerdo, sin las habituales protestas ni filtraciones por parte de ninguno de los actores, es una buena muestra de la seriedad con la que se ha llevado a cabo la negociación.

República de derecho

Entre la poca información trasladada ayer por parte de los partidos destaca, junto al articulado (reproducido en la segunda columna), la primera frase del artículo primero de la futura la ley. Se trata de un elocuente «Catalunya se constituye en una República de derecho, democrática y social». Una frase que resume el objetivo de la norma, que deberá funcionar a modo de Constitución transitoria mientras se desarrolla el Proceso constituyente, que es, precisamente, el octavo epígrafe de la ley de transitoriedad jurídica.

Probablemente sea por ello que, según se ha publicado estos días en la prensa catalana, el exvicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), Carles Viver i Pi-Sunyer, propuso bautizar la norma como «Ley fundacional». Este reputado jurista ha sido uno de los artífices del texto acordado por los grupos independentistas, que se han basado en varios de los informes realizados por el CATN a lo largo de 2014. Los negociadores por parte de los partidos han sido los diputados Lluís Corominas y Jordi Orobitg, por parte de JxSí, y Gabriela Serra y Benet Salellas en representación de la esquerra independentista.

Pendientes del referéndum

En la escueta nota de prensa a través de la cual anunciaron su acuerdo, JxSí y la CUP también anunciaron que el epígrafe sobre el referéndum está pendiente de concretar debido a que ambos grupos «están trabajando en los diferentes escenarios con el fin de incorporar el mayor número de fuerzas políticas en la preparación y convocatoria del referéndum de independencia». Se refieren así a los esfuerzos para que el espacio de los comunes vinculado a Ada Colau se mantenga al lado de la convocatoria del plebiscito cuando la posibilidad de acordarlo con el Estado español caiga por su propio peso.

En este sentido, ayer volvió a reinar la ambigüedad. Mientras Coscubiela arremetía en el Parlament contra la iniciativa de JxSí y la CUP, el portavoz de los comunes en Madrid, Xavi Doménech, muy crítico hasta el momento, se abría por primera vez a hablar de la convocatoria de un referéndum unilateral.

 

Francesc Homs, procesado por la consulta del 9N, a un paso del banquillo de los acusados

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anunciase para la semana del 6 al 10 de febrero el juicio por el 9N al expresident Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera de Educación Irene Rigau, el Tribunal Supremo puso fin ayer a la instrucción del caso contra el entonces portavoz del Govern, Francesc Homs, que es investigado por el tribunal madrileño debido a su condición de diputado en el Congreso. Tal y como se esperaba después de que PP, PSOE y Ciudadanos le retirasen el aforo, el Supremo ve indicios de un delito de desobediencia y prevaricación por organizar la consulta del 9N pese a la prohibición del Constitucional.

«El Estado se mete en un callejón sin salida», consideró ayer mismo Homs en una rueda de prensa convocada para valorar el auto del Supremo. En la misma, también lamentó que les quieren presentar como criminales «por promover el ejercicio de la democracia». «Lo que se está intentando juzgar es la voluntad de un pueblo y su dignidad», añadió.

Por otro lado, el diputado de la CUP en Vic Joan Coma, detenido el martes para declarar ante la Audiencia Nacional española por un delito de sedición, explicó en una entrevista a “Nació Digital” que no volverá a declarar de forma voluntaria y que está considerando intentar recusar al juez Ismael Moreno por haber empleado una expresión del código penal franquista.B.Z.

 

ARTICULADO DE LA LEY

 

1. Disposiciones generales

El primer artículo empieza así: «Catalunya se constituye en una República de derecho, democrática y social».

2. Sucesión de ordenamientos

El segundo epígrafe detalla la sucesión de legislaciones y administraciones.

3. Derechos y deberes

Los derechos y deberes fundamentales que tendrá todo ciudadano catalán.

4. sistema institucional

La arquitectura institucional de la nueva república.

5. justicia

Configuración temporal del Poder Judicial y la Administración de Justicia.

6. Finanzas

Se garantizarán, entre otras cuestiones, las pensiones.

7. referéndum

El marco jurídico para celebrar el plebiscito.

8. Proceso constituyente

Los pasos que ciudadanía e instituciones seguirán para dotar a Catalunya de una Constitución propia.

9. disposiciones finales

Entre ellas se incluyen las de inaplicación.