Hemos retrocedido a la dictadura de los años 30 y 40, cuando las autoridades utilizaban la trilogía encierro-destierro-entierro», asegura Dora Oliva, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), al referirse a la situación de su país en materia de derechos humanos tras el golpe de Estado que en 2009 derrocó a Manuel Zelaya. Una situación que está obligando a los hondureños a abandonar su país, donde no pueden vivir. De hecho, el mayor éxodo de la Historia de hondureños hacia EEUU se registró el año pasado.

Es en esta situación, la de la vulneración de derechos, la criminalización de las organizaciones sociales y activistas –incluso ligándolas con el narcotráfico– y la militarización, en la que incide Oliva, cuya hermana perdió hace 30 años a su esposo, desaparecido, y que desde entonces aparece junto a su hijo en algunas de las listas de «objetivos» a eliminar.

Detenciones ilegales, desapariciones forzadas, ejecuciones… «Nos están desangrando», asegura Oliva, quien destaca la impunidad con la que se cometen esas vulneraciones de derechos. «Los casos emblemáticos los investigan el FBI y un equipo especial de Nueva York financiado por la Embajada de EEUU», denuncia esta activista hondureña que junto a Delia Mejía, miembro de Inesco (Instituto Ecuménico de Servicios a la Comunidad) y como ella obligada a alejarse de su país por motivos de seguridad, se acercó recientemente a Bilbo de la mano de Hondurasekin Elkartasunerako Euskal Erakundeak para explicar la realidad que vive su pueblo, marcada por la militarización, la represión y un brutal retroceso brutal en materia de derechos humanos desde el golpe de Estado de 2009.

Señalan que los jóvenes de entre 15 y 30 años y el movimiento gay son, además de los activistas sociales, los objetivos de la represión en Honduras y denuncian la falsedad de la reducción que las autoridades presentan en las estadísticas de muertes violentas. «Lo que han hecho ha sido cambiar el método de contabilizar. Ahora las masacres con ocho o doce muertos figuran como un solo incidente. «Se creen que somos tontos», añaden.

Ambas creen que esta situación empeorará en los próximos meses, porque Honduras se encuentra a un año de una nuevas elecciones presidenciales, previstas para el último domingo de noviembre de 2017 y, según Oliva, los años electorales en el país son años «muy crueles y aumentan los asesinatos de opositores y de personas de bajo perfil, que no salen en los medios».

Ella asegura que el actual presidente, Juan Orlando Hernández, no ganó las pasadas elecciones frente a Xiomara Castro, candidata de LIBRE, «según dijeron los propios observadores, pero no pasó nada» ya que, recalca, era el candidato de la Embajada de EEUU. Y recuerda que a medianoche de la jornada electoral una caída del sistema informático posibilitó un vuelco en el resultado. La ventaja de Castro sobre Fernández se volvió en su contra durante ese oportuno apagón informático.

Y el actual presidente tiene intención de concurrir a la reelección tras haber militarizado la sociedad con el pretexto de la seguridad, lo que ha llevado un aumento de la represión y el abuso de autoridad porque «la gente está punto de explotar y protesta, por lo que es reprimida y criminalizada».

«La situación de los derechos humanos es alarmante. Va a ser un año muy duro», subraya Oliva.

Laboratorio de dominación y despojo

«Estamos en un país donde la injusticia social es terrible, uno de los países más violentos del mundo (San Pedro Sula es la ciudad más violenta del mundo con la mayor tasa de homicidios), con una militarización intensa y la creación de nuevos órganos de represión, con la mayor base militar de EEUU en la región y la apertura o reactivación de otras, casualmente en las áreas donde hay recursos, en el Caribe y la zona selvática», sostiene Mejía.

Algo tienen que ver esos niveles de represión y militarización de la sociedad con el hecho de que Honduras, con sus ocho millones de habitantes, se haya convertido en un laboratorio de proyectos de dominación y despojo, donde la resistencia a las políticas neoliberales que impulsa el Gobierno al dictado de las multinacionales es el día a día.

Mejía recuerda que Honduras ha sido, desde la dominación española, un «lugar de enclaves» sobre todo en los dos últimos siglos: el minero de finales del siglo XIX, el bananero de mediados del siglo pasado y el de las maquilas de la industria textil y las zonas libres de los años 90. Pero ahora el país se encuentra, relata, bajo «otro proyecto de dominación, extendido y consolidado a través de la entrega total de la soberanía, los territorios y los bienes de la naturaleza a las empresas transnacionales del sector minero-energético, al megaturismo, a la explotación forestal y a la explotación de mano de otra barata». Es el de las llamadas ciudades-modelo, que suponen la entrega de 1.000 km2 de territorio a empresas o inversionistas internacionales de distinta índole y «crear un país dentro de otro país» porque se trata de estructuras «tan independientes» que van a tener su propia forma de Gobierno, su legislación y su sistema de Justicia, y sus propias políticas migratorias.

«Es el máximo ejemplo de explotación», subraya Mejía, quien, esperanzada, afirma que «hay resistencia y levantamiento de las comunidades para recuperar sus territorio». Aunque a más resistencia, más represión.

«Es una realidad más terrible que la de los años 80, pero lo venden más bonito», zanja. La primera de construirá en el Pacífico. Las otras tres se levantarán en el Caribe hondureño y «van a suponer el despojo de comunidades negras y campesinas».

«Dicen que hay dos Honduras: la Honduras que sufre, se organiza y resiste, pero que también es muy vulnerable, la del pueblo, los sufridos, los hechos mierda, y la Honduras manipuladora, la de las doce familias que tiene el poder político y económico, la de las grandes corporaciones y la Embajada de EEUU, la del poder, la del terror», concluye Dora Oliva.