El presidente de la Corte Constitucional Federal, Andreas Vosskuhle, necesitó dos horas para argumentar la sentencia que reconoce el carácter anticonstitucional y antidemocrático del NPD, además de afirmar que vulnera los Derechos Humanos y que tiene una ideología cercana a la del partido de Adolf Hitler. Los jueces llegaron de forma unánime a la conclusión de que «actualmente» faltan indicios que señalen que el NPD está en condiciones de lograr sus objetivos. Sin embargo, esa sería una conditione sine qua non para poder justificar la ilegalización, explicaba Vosskuhle.

Dado que en los 50 años de su existencia no ha conseguido establecerse como un fuerza política real y que no hay otro partido con representación en el Parlamento que quiera cooperar con los neonazis, los máximos jueces no ven ningún riesgo de que esta situación vaya a cambiar en un futuro cercano.

«La ilegalización de un partido no es la ilegalización de una opinión o de una ideología», cita el “Spiegel” a Vosskuhle.

Por eso la Corte Constitucional ha adaptado su jurisprudencia a las exigencias de la Convención Europea de DDHH. Además, recuerda que el Estado puede quitarle las subvenciones estatales al NPD y proceder mediante el Derecho Policial preventivo y el Derecho Penal represivo contra amenazas y estructuras violentas que surgen de la formación neonazi.

El ministro federal de Interior, Thomas de Maizière, subraya que la debilidad del partido neonazi «es señal de que durante los últimas décadas hemos tenido éxito confrontando al NPD». A partir de ahora estudiará cómo emplear el instrumento de la financiación estatal de los partidos contra la organización.

La Liga Internacional para los DDHH y la Asociación de Juristas Democráticos consideran que la sentencia confirma las dudas que expresaron al iniciarse este segundo intento de ilegalizar el NPD, porque carece del potencial real para hacer peligrar la democracia y el orden constitucional. Indica que «desde hace tiempo la Alternativa para Alemania (AfD) logra de forma mucho mejor llevar una predisposición derechista y racista hasta el centro de la sociedad». Ambas organizaciones reclaman un debate en el seno de la sociedad, el cual tiene que tener en cuenta tanto las causas sociales de dicho «pensamiento que desprecia la dignidad humana» como el «racismo estatal e institucional», especialmente en el seno de la Policía.

En 2003, la Corte paró el primer proceso de ilegalización, basado en material aportado por el servicio secreto, cuando se descubrió que al menos un comité regional del NPD fue dirigido por confidentes de una agencia de inteligencia.