Agustín GOIKOETXEA
bilbo

Un exalcalde de Bakio será juzgado la próxima semana por prevaricación

Txomin Renteria, alcalde de Bakio entre 1995 y 2011, será juzgado el próximo martes en la Audiencia de Bizkaia como presunto autor de delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y fraude a la administración pública en el frustrado proyecto de la talasoterapia.

Siete años han transcurrido desde que un edil de EA interpusiera una denuncia contra el por entonces alcalde de Bakio, Txomin Renteria Fernández, por presuntas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento, iniciativa a la que se sumaron concejales de ANV y Aralar. En una semana, el día 24, tendrá lugar en la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia la vista oral en la que se tendrá que determinar si queda probado que quien gestionó el Consistorio durante 16 años cometió varios delitos al adjudicar la construcción y explotación de un centro de talasoterapia junto a la playa.

Renteria se enfrenta a penas de cárcel de 3 años y 6 meses e inhabilitación de 10 años para empleo o cargo público, y se pide también que asuma una responsabilidad civil por daños y perjuicios al Ayuntamiento por 471.146,48 euros.

Ocho fueron las actuaciones investigadas por la titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Gernika, quien tan solo consideró que existen indicios de criminalidad en todo lo que rodeó a la adjudicación del proyecto a Talasoterapia Kiura SL. A la firma del contrato en abril de 2008, que incluía la construcción del equipamiento en el centro del paseo marítimo de Bakio, el secretario-interventor municipal ya advirtió que esta empresa no había presentado los avales correspondientes en plazo legal.

El frustrado balneario se iba a construir en un espacio en desuso, sobre una superficie de 540 metros cuadrados, de los que iban a ser útiles alrededor de 460. En la infraestructura pública de gestión privada estaba contemplado ofertar tratamientos de sauna, baño turco, fuente de hielo, tumbonas de salud térmicas y camas de agua, entre otros servicios.

A pesar de las irregularidades desde el comienzo, Renteria rubricó el contrato. El balneario de agua marina, según las previsiones del Gobierno municipal del PNV, estaría listo con celeridad pero no fue así. Es más, en agosto de 2008 cesaron las obras. El primer edil defendió que el proyecto no iba a tener coste alguno para el Ayuntamiento, que además iba a recibir anualmente 145.168 euros. Lo cierto, y así consta en la documentación, es que la concesionaria no pagó nunca el canon, pues se le adjudicó el proyecto el 28 de febrero y ya no lo abonó en marzo.

Talasoterapia Kiura SL no cumplió con los plazos estipulados para la construcción del centro ni abonó el canon que debía pagar a Demarcación de Costas por ocupar los bajos del paseo marítimo de Bakio para ubicar las instalaciones del balneario y el servicio de playa, que la empresa iba a gestionar durante 15 años. Ese canon tuvo que ser desembolsado por las arcas municipales.

El cambio lo decidió él

Este cambio se debió a que, como le acusaron los ediles de la oposición, Txomin Renteria modificó «por su cuenta y riesgo» el contrato inicial. El propósito, en su opinión, era beneficiar a la concesionaria a pesar de conocer que debía proceder a rescindirlo y a la reclamación de las cantidades que no había abonado Talasoterapia Kiura SL. El acusado dio a la cláusula segunda del contrato un contenido diferente al que debía figurar conforme al pliego de condiciones del concurso, de tal forma que en lugar de hacer constar que el canon de cesión se devengaría mensualmente a partir de la adjudicación y se pagaría por meses anticipados, pasó a indicar que el canon se abonaría desde la firma del contrato –en abril de 2008– y que el pago no comenzaría a materializarse hasta la apertura del balneario.

Tal y como se desprende de la instrucción judicial, el cambio de los términos económicos de la adjudicación supuso «un importante perjuicio económico» para el Consistorio, sobre el que pesaba la obligación de abonar un canon a Costas de 60.000 euros. Se fijan las pérdidas en 471.146,48 euros.

Pese a que la oposición le instaba a la resolución del contrato, avales incluidos, por incumplimientos retirados y manifiestos, el alcalde no lo hizo. La petición no solo partía del resto de partidos, sino también del secretario-interventor que le advirtió de que se actuaba de modo irregular y que podía causar problemas económicos.