Se llamaba José Ángel Serrano Benitez y apareció muerto en su celda, en la prisión de Zuera (Zaragoza) el pasado 14 de octubre. El interfono de auxilio de la celda «no funcionaba» la noche en la que falleció. Se encontraba en tratamiento psiquiátrico y medicado, pero no debidamente tratado de una severa infección bucal. Sus familiares llevaban cinco años reclamando que se le realizaran pruebas médicas anuales por los efectos que podía provocar la medicación que tenía pautada. Durante las semanas anteriores a su muerte lucharon, además, por que le llevaran a consultas externas para tratar esa infección que le había dejado «la boca amoratada, llena de quistes y llagas». «Le habían empezado a obligar a tomar la medicación en vez de en tres pautas en dos, toda junta: la del tratamiento siquiátrico y la de la infección», contaron sus allegados en una rueda de prensa en Bilbo.

Natural de la capital vizcaina, José Ángel Serrano llevaba en aislamiento más de 18 años sobre una condena de 38, debido a la suma de delitos acumulados por su toxicomanía, «todos cometidos en un tiempo que estaba muy pasado», según relató su compañera sentimental, Silvia Encina.

Ella le visitó 24 horas antes, el día en el que precisamente cumplía 40 años. A la mañana siguiente recibió una llamada en la que se le comunicaba el fallecimiento. La familia acudió enseguida al Instituto Anatómico Forense, donde pidieron verle por última vez. La respuesta fue que «si queríamos hacerlo, teníamos que firmar el enterramiento». De allí se desplazaron al juzgado de guardia, donde «insistieron también en que firmáramos el enterramiento, sin ningún informe previo y sin ningún responsable que diese la cara».

Volvieron el lunes y encontraron la misma postura. Entonces sí que les presentaron «un informe forense, que resultó ser un certificado de defunción en el que no ponía ni dónde había muerto. Nos negamos, dijimos que no íbamos a firmar el enterramiento sin un informe médico mínimo», indicó Encina.

Han pasado tres meses, en los que han solicitado en instancias judiciales «una cosa tan básica como una autopsia completa con médicos forenses de confianza, algo que exigiría cualquiera y que la ley ampara». Tampoco tienen respuesta tras pedir tres veces que se les diga dónde se encuentra el cuerpo. Suponen que sigue en el Instituto Anatómico, pero se preguntan si los restos mortales están siendo adecuadamente conservados para que si finalmente se accede a practicar las pruebas solicitadas estas puedan ser concluyentes después de tanto tiempo.

«Que salga a la luz»

El dolor que rodea toda la trayectoria carcelaria de José Ángel Serrano no se circunscribe a sus últimas horas. La historia narrada ayer en Bilbo es la de una auténtica agonía, sometido a continuos castigos, muchas veces por haber padecido un síncope. Explicaron que dentro de los muros de la prisión su situación era abordada como la de un «inadaptado», reduciendo todo sistemáticamente a un problema de conducta que se trataba con más aislamiento y con fuerte medicación para que estuviera tranquilo, cuando no con agresiones físicas.

Quizá por ello, su compañera destacó que «la causa de la muerte es natural, porque lo natural es morir en la situación en la que vivía José».

Del relato que ofrecieron sus allegados se desprende que la muerte de Serrano no es más que el último capítulo, el resultado inevitable de muchos años bajo un régimen carcelario mucho más inhumano que la simple privación de libertad. Por ello, pidieron que se les dé voz «porque a la mayoría de las familias de las personas que están en aislamiento se nos impide sacar este tema a la luz. Es un tema muy violento, pero es una realidad».

Instaron a ponerse en el lugar de una persona aislada, «en una celda siempre solo; donde puedes llamar por teléfono solo si les da la gana; donde si estás enfermo y pides médico, vendrá si les da la gana; donde si te empeñas porque te sientes mal, igual te llevas una somanta porque estás alterando el orden y la seguridad...», detallaron.

Silvia Encina estuvo acompañada en su comparecencia ante los medios por Carlos Hernández, coordinador de la asociación de apoyo a personas presas Salhaketa, y Pablo Jiménez, letrado de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza. Destacó Hernández que está constatado el deterioro físico y síquico que genera el aislamiento, cuya eliminación reclamó. Recordó que en el Estado español está computada una media de 230 muertes al año en las prisiones por múltiples motivos, y concluyó que «es lamentable que en un espacio de custodia donde se supone que las personas que se encuentran allí tienen que tener como mínimo garantizado el derecho a la integridad física y una sanidad adecuada y competente, nos encontremos con que la tasa de muerte es más elevada que en el exterior».

Hay otro dato que añade dureza al caso de José Ángel Serrano. Estaba a punto de salir a la calle, «pero nunca le habían hecho acumulación, ni abonado la preventiva, ni nada».