La consejera de Seguridad del Gobierno de Lakua, Estefanía Beltrán de Heredia, compareció ayer en el Parlamento para desgranar sus planes para esta legislatura. Situó como el «principal reto» en el ámbito de la Ertzaintza la «renovación generacional» de la plantilla. Para ello es necesario incorporar «no menos de un millar de nuevos y nuevas agentes» que suplan a los que se vayan jubilando.

En opinión de la consejera el problema es grave, puesto que mantener la plantilla por debajo de los parámetros fijados «atenta directamente contra el sentido común en la gestión de nuestra seguridad».

¿Por qué no puede tener el Gobierno de Lakua el número de agentes que desea? Porque necesita el permiso del Gobierno español. Pero esto ya lo consiguió en 2004, cuando se acordó fijar la plantilla de la Ertzaintza en 8.000 agentes. Pese a ello, el Ejecutivo de Rajoy viene recurriendo las OPEs convocadas por Lakua, aduciendo los decretos sobre plantillas impuestos por la crisis.

Estefanía Beltrán de Heredia calificó esta situación de «irresponsable» y aseguró que «no podemos sufrir más injerencias». ¿Y qué van a hacer para evitarlo? Exigir al Ministerio de Interior que retire los recursos. Para ello –dijo– «en el primer encuentro oficial abogaré y pondré a su disposición toda la información necesaria para que ambas administraciones abordemos y acordemos con la debida lealtad institucional todos los temas pendientes».

Añadió que «desde la bilateralidad, el diálogo, la negociación y el acuerdo, hay que dar ya pasos definitivos para respetar el marco competencial, definir las necesidades reales de efectivos, actuar con eficacia y eficiencia, ajustar su repliegue y cooperar en la Junta de Seguridad».

Sin plan de repliegue

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, puso en duda que hagan falta 8.000 ertzainas, y abogó por reducir el número de ertzainas e incrementar el de policías municipales. En todo caso, mostró su apoyo frente a las injerencias de Madrid.

En este ámbito, denunció que la Ertzaintza tiene capacidad técnica para dar un servicio integral, pero no tiene competencia política para ello. Preguntó a la consejera si tiene un plan que llevar a Madrid sobre cuál es el repliegue necesario de las FSE, como acabar con su invasión competencial y como llegar a garantizar la seguridad de forma soberana. La consejera no respondió a esta pregunta.

Incumplido el acuerdo contra la Ley Mordaza

En junio la Cámara de Gasteiz aprobó, con el apoyo del PNV, que «estando la mayoría política de este Parlamento en contra» de la ‘Ley Mordaza’, «se adopta el compromiso de que no se aplique». Julen Arzuaga, de EH Bildu, criticó que desde entonces la Ertzaintza ha abierto unos 1.500 expedientes en aplicación de esta ley, lo que consideró como un «pase foral inverso. La consejera Estefanía Beltrán de Heredia sostuvo que la obligación de la Ertzaintza es cumplir la ley, a lo que añadió que «la parte mordaza de la ‘Ley Mordaza’ es la que menos se ha aplicado». Ofreció el dato de un ratio de 75 expedientes por cada 1.000 ertzainas por «falta de respeto», que son unos 80 en el caso de la Policía Municipal. Arzuaga le replicó preguntando si cuando el PNV aprobó esta decisión parlamentaria estaba prevaricando. Y sobre los datos, dijo que la Policía Municipal inició procedimientos que siguió la Ertzaintza. Nerea Llanos, del PP, se quejó de que la consejera utilizara el término ‘Ley Mordaza’.I.I.

EH Bildu y EP ven impunidad en el caso de Iñigo Cabacas

En el turno de los grupos, Elkarrekin Podemos y EH Bildu pusieron sobre la mesa la muerte de Iñigo Cabacas. Lander Martínez, de EP, sostuvo que es imprescindible que «se investigue hasta el final» y para ello el Departamento de Seguridad debe «colaborar al máximo». Habló de «impunidad tolerada». Julen Arzuaga, de EH Bildu, acusó a la Consejería de haber ocultado datos a la jueza. Recordó que la causa judicial está a punto de acabar y aseguró que después serán «inflexibles» en que se dictaminen las responsabilidades políticas, porque están fuera todos los responsables. Del actual Gobierno, achacó al PSE responsabilidades en la comisión del delito y al PNV de encubrirlo. La consejera consideró «grave» lo dicho por EH Bildu y dijo que esas acusaciones deben hacerse en otro sitio y con pruebas. Mostró el compromiso de su Departamento con el esclarecimiento del caso y su máxima colaboración con los tribunales. Desde el PNV, Iñigo Iturrate, abogó porque se esclarezca «el punto más negro de la historia de la Ertzaintza».I.I.