El Ayuntamiento de Alonsotegi tardará aún unos años en recuperarse de la deuda contraída por la inmobiliaria Basaldi, que derivó en otoño de 2015 en la mayor crisis vivida en la institución local a raíz de que el entonces alcalde, José Luis Erezuma, tratase de cargar 1,2 millones de euros del coste de la urbanización de la plaza Madinabeitia a los vecinos de Errota Bidea. Ese importe lo asumieron finalmente las arcas públicas, como los 30.000 euros que se han abonado a dos propietarios por unos terrenos que adquirió la sociedad municipal Alonsotegi Eraikiz para la operación liderada por la inmobiliaria.

En diciembre pasado, el Consistorio ha tenido que pagar 9.463,71 euros en costas por acudir con demasiada premura al concurso de Basaldi y enredarse en una serie de recursos en los tribunales que fueron fallados en su contra. Curioso, pues se defendió que el objetivo que se perseguía era recuperar una parte del dinero perdido.

La operación fue diseñada por el bufete Ibarrondo&Lamikiz, encargado de dirigir el proceso de liquidación de la sociedad urbanística Alonsotegi Eraikiz, que se había convertido en un pozo sin fondo por culpa del convenio que favorecía los intereses de Basaldi. La delicada situación financiera en el Consistorio generó una crisis en el seno del PNV local. El ejemplo más claro fue que quien ostentó la Alcaldía entre 2007 y 2011, Aitor Santisteban, acudió a Sabin Etxea para anunciar su dimisión. Los burukides del BBB le pidieron que «aguantara» y le emplazaron a contratar a ese despacho de abogados de su confianza.

En abril de 2011, al tiempo que el PNV ultimaba la disolución de Alonsotegi Eraikiz asumiendo un pasivo declarado de 4,1 millones de euros, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbo declaró en concurso voluntario a la inmobiliaria Basaldi SL. Guillermo Ibarrondo, asesor jurídico, entiende que el Ayuntamiento tiene que presentarse en el concurso pero andan tarde y que es necesario actuar con celeridad para preservar los intereses municipales.

El letrado lo reconoce en un correo electrónico que envía el 5 de mayo al alcalde, en la que explica a Santisteban que ha fechado el 27 de abril la decisión del consejo de Eraikiz, «pues la Junta del 28 acordó la disolución de la sociedad, por lo que perderíamos la opción de ser administradores concursales y, además, no estaríamos en disposición de hacer nombramientos hasta el otorgamiento de la escritura pública, a mi entender, perjudicial para nuestros intereses».

En esa comunicación, Ibarrondo instó a Santisteban a rubricar con premura la documentación que le remite, necesaria para solicitar que se les aceptara como administradores concursales «con la mayor urgencia posible» en la quiebra de la inmobiliaria con la que mantuvo negocios la sociedad municipal. «Entiendo –decía el letrado en ese correo electrónico enviado al primer edil– como absolutamente imprescindible personarnos e intervenir en dicho concurso, toda vez que en muchas de las cuestiones que afectan a Alonsotegi Eraikiz SAU, puedan ventilarse en el mismo, pero sin ser nosotros protagonistas, sino ejerciendo una labor de control contra un tercero».

Además, Ibarrondo propone a un representante en el concurso, Javier Santamaría, del que dice «es un auditor de nuestra confianza, y con el que habitualmente trabajamos en temas vinculados al Partido». Del candidato, asegura que «es un hombre sumamente serio y responsable, trabajará con ahínco en el asunto, y hara las cosas bien». «Ni para el Ayuntamiento, ni para Alonsotegi Eraikiz SAU tendrá costo alguno», afirma el abogado asesor.

Lo cierto es que el Ayuntamiento llegó el último y en esa posición quedó en el listado y calificación de los acreedores. Por ello, en marzo de 2012, se presenta una demanda incidental, que es desestimada por el juzgado. Se apela ante la Audiencia de Bizkaia, que la desestima y carga, en primera instancia, unas costas procesales de más de 36.000 euros. Esta tasación se impugna por el letrado que representa los intereses municipales, cifrando la Audiencia de Bizkaia la condena en 9.463,71 euros, que el actual alcalde, Joseba Urbieta, dispuso en diciembre a través de un decreto que se abone tras recibir un exhorto del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbo.