En apariencia, que el Tribunal Constitucional español sea el que tenga la última palabra sobre el futuro de los clubes cannábicos en el Estado suena a José María Escrivá de Balaguer redactando la ley de matrimonio homosexual. No tendría por qué ser así. Sobre la mesa del Alto Tribunal está la deliberación sobre tres casos de asociaciones previamente sentenciadas por el Tribunal Supremo. Dos de ellas, Ebers y Pannagh, son vascas. La tercera, Three Monkeys, catalana. Integrantes de los tres colectivos fueron condenados a lo largo de 2015 por «tráfico de drogas». Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Martin Barriuso, presidente de Pannagh y sentenciado a año y ocho meses de prisión y 250.000 euros de multa. Los tres clubes recurrieron ante el Constitucional y este ha admitido a trámite su alegación, algo que solo ocurre en el 1% de los casos, según explica Joan Bertomeu, letrado del bufete del País Valencià Brotsanbert, que se encarga de la apelación de Barriuso.

Estos fallos podrían determinar estatus legal de las asociaciones cannábicas. Especialmente el caso de Pannagh, ya que el TC, en su admisión, hace referencia a la «especial relevancia social y económica del caso» (un detalle: en 2015, solo uno de los recursos aceptados apelaban a este requisito). Son clubes que ya constituyen una realidad sobre el terreno, pero que se encuentran ante la disyuntiva de avanzar hacia la regularización por vía judicial o asomarse nuevamente al abismo de la persecución. Teniendo en cuenta los plazos que suelen manejarse, no se conocerá el fallo hasta dentro de dos años. Otras fuentes sitúan la sentencia en 2020. Mientras tanto, las asociaciones que no han sido perseguidas policial y judicialmente siguen funcionando, aunque con el riesgo de que se les aplique la doctrina del TS, que consideró que el consumo de hachís y marihuana dentro de un circuito cerrado, entre personas adultas y sin ánimo de lucro también podía ser considerado «tráfico».

En términos jurídicos, la clave de las condenas está en un concepto denominado «error de prohibición». Es decir, si quienes fueron condenados sabían que estaban cometiendo un ilícito o no. Pongamos, por ejemplo, el caso de Pannagh. Barriuso y otros cuatro socios fueron arrestados en noviembre de 2011 en Bilbo. Les acusaban de narcotráfico. Casi nada para una asociación que se había registrado oficialmente, que conversaba habitualmente con la Fiscalía y que incluso indicaba a la Ertzaintza el lugar de sus plantaciones (en Bizkaia y Araba). De sus 300 socios, 120 disponían de recetas médicas que certificaban un consumo terapéutico. Vamos, que no se trataba de ningún fumadero de opio clandestino de Bangkok. Sin embargo, y como ocurre con cualquier acción policial, el equipo de comunicación de la Policía Municipal de Bilbo, responsable de la redada, vendió el operativo como si hubiesen capturado a Heisenberg, el cocinero de metanfetamina de la serie «Breaking Bad». La retórica habitual: 79 kilos de marihuana y los cálculos que establecían el valor de los cogollos en un mercado negro al que no estaban destinados.

A partir de ahí la historia pasa al terreno de las togas. En primera instancia, en la Audiencia de Bizkaia, los integrantes de Pannagh fueron absueltos. Ya podían contabilizar un 2-0, teniendo en cuenta que en 2005 también fueron arrestados y, posteriormente, exonerados. Hasta tal punto la causa fue sobreseída que terminaron devolviéndoles las plantas. La Fiscalía, sin embargo, no estaba dispuesta a que la operación quedase en nada otra vez. Interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo con la artimaña de acusarles de «asociación ilícita» e impuso sus tesis. Hubo condena. Una sentencia «de motivación política y criminalizadora», según declaró entonces Barriuso, pero que supuso un duro golpe a una actividad casi regularizada en la práctica diaria. Poco antes, Ebers había sido sentenciada y antes de que terminase el año también caería Three Monkeys. La gran diferencia entre Pannagh y las otras dos asociaciones era que esta contaba ya con sentencias absolutorias por otro proceso que databa de 2005. Un hecho que el TS decidió omitir al firmar una sentencia que calcaba el 95% de la anterior, llegando incluso a confundir el número de socios.

Con estos antecedentes podría parecer que la tendencia judicial es la de poner coto a los clubes cannábicos. Tampoco es cierto del todo. Si 2015 fue un annus horribilis, 2016 fue una revancha. El mismo TS que un año antes había impuesto penas de cárcel absolvía a otras dos asociaciones (Datura, María Gracia) bajo el argumento del «error de prohibición invencible», según explica Aitor Brions, abogado de Eusfac (Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi). Es decir, que no había modo alguno de que sus integrantes supiesen que estaban cometiendo un delito. Otras dos, La Mesa y La Línea Verde, eran devueltas a la audiencia de Barcelona. En lo que el Alto Tribunal no entró fue en el fondo. Como indica Martín Barriuso, «esta no es una batalla jurídica, hay que cambiar la ley». A eso se le suma que tampoco el TS fue unánime. Votos particulares, como el del magistrado Joaquín Giménez, que llamaba la atención sobre la normalización del consumo a través de un detalle: había acudido a un kiosko para comprobar cómo en las revistas especializadas de cultivo se regalaban semillas.

Aceptación social y sanciones

«Lo que buscan los miembros de estas entidades es evitar los daños del mercado negro, la falta de salubridad del cannabis y de información y asesoramiento para reducir los riesgos», asegura el recurso presentado ante el TC por el bufete Brostanbert, coordinado por Héctor Brotons. Tampoco se puede pasar por alto que la tolerancia hacia el hachís o la marihuana, su aceptación social, es prácticamente mayoritaria. No hay más que ver uno de los últimos estudios de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), poco sospechosa de ser compinche de quien fuma porros: un 63,5% de los jóvenes del Estado se mostraban partidarios de regularizar su venta.

En realidad, la ley es ambigua, ya que no castiga el consumo por la vía penal, aunque sí por la administrativa, con un brutal incremento de las sanciones desde la aprobación de la Ley Mordaza, que prevé multas de hasta 30.000 euros. Además, el TS insistió en sus sentencias en que existe una doctrina, que data de 1997, en la que se acepta el denominado «consumo compartido». No obstante, advirtió: considera que las asociaciones «exceden las costuras» de este modelo. Y aquí vuelve el debate al punto inicial, el TC puede corregir sanciones, pero la clave está en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Por el momento, las asociaciones siguen funcionando, aunque con temores. Cada vez son más los colectivos que son procesados. Aunque la Fiscalía tiende a apoyarse en las condenas de 2015, no siempre los jueces les hacen caso. Un limbo para unos usuarios que lo único que quieren es regularizar su consumo. «Estamos peor que hace una década», protesta Fermín Les, del Partido de Representación Cannábica de Nafarroa. Por cierto, imputado desde 2014. En este herrialde todavía no hay federación, aunque se está trabajando para constituirla. Les apunta a una nueva problemática causada por la inseguridad normativa: una oleada de robos en los clubs que ha provocado que algunos tengan incluso que cerrar.

Al final, el sentido común dice que la regularización llegará. Es una ola que se extiende por Europa, América Latina e incluso EEUU. Y ante esta certeza, Barriuso avanza discusiones. «El debate es cómo se regula. Si va a ser un modelo comercial de carácter capitalista, entidades sin ánimo de lucro, monopolio por parte del Estado, modelo mixto...», explica. «Me da miedo que la regulación acabe convirtiéndose en una operación comercial que beneficie a grandes compañías que conviertan el cannabis en el próximo tabaco», afirma. Este debate será en el futuro. Ahora, espera el Constitucional.

 

otro ejemplo de la necesidad de soberanía vasca

Las propias asociaciones reconocen que el problema no está en lo que decida el Tribunal Constitucional, sino en lo que se legisle. Algo que en Euskal Herria ya se ha hecho, pero no puede desarrollarse por sendos recursos del Gobierno español ante el Alto Tribunal. El primero en regular los clubes cannábicos fue el Parlamento de Nafarroa, cuando dio luz verde a una Iniciativa Legislativa Popular avalada por más de 10.000 firmas en diciembre de 2014. Recibió el apoyo de todos los grupos de la Cámara salvo UPN y PP. Sin embargo, en mayo del año siguiente, la ley pasó a la larga lista de normas paralizadas por el Tribunal Constitucional después de un recurso del Estado. Lo mismo ha ocurrido recientemente con la Ley de Adicciones aprobada en abril del pasado año en el Parlamento de Gasteiz y que nada más arrancar 2017 fue recurrida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Las correlaciones de fuerzas en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa permitieron adaptar la norma a los usos sociales. Madrid, sin embargo, se escuda en las «competencias» para vetar.A.P.