«La retórica del ‘nosotros contra ellos’ con que se elabora la agenda en Europa, EEUU y otras partes del mundo está fomentando un retroceso en materia de derechos humanos y debilitando peligrosamente la respuesta global a las atrocidades masivas, según Amnistía Internacional (AI). AI atribuye esta tendencia a «los radicales cambios políticos de 2016», entre los que destaca la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, «un claro ejemplo» de esta «venenosa retórica» por su «discurso discriminatorio, misógino y xenófobo», que ha causado «una honda preocupación por el futuro compromiso de EEUU con los derechos humanos».

Vincent Ward, abogado de derechos civiles en EEUU que defendió a la soldado Chelsea Manning, autora de las primeras filtraciones a Wikileaks, afirmó que está horrorizado por el triunfo de Trump, pero sobre todo por la gente de la que se rodea, como Steve Bannon, su principal estratega. «Los derechos fundamentales están bajo ataque en EEUU», alertó.

Esta forma de hacer política, según AI, ha contagiado a Europa y, en 2016, «los mensajes y movimientos populistas irrumpieron en el discurso preponderante, y políticos de toda la región sacaron provecho de un sentimiento generalizado de marginación e inseguridad».

Así, estima que Europa sufrió en 2016 el debilitamiento generalizado del Estado de derecho y de la protección de los derechos humanos, lo que afectó a cualquier ciudadano.

Pero el principal objetivo de las vulneraciones han sido los refugiados. «La insolidaridad con las personas refugiadas y con otros estados miembros caracterizó las políticas migratorias de la mayoría de los países de la UE, que solo hicieron planes conjuntos para restringir la entrada y acelerar las devoluciones», denuncia. En concreto, criticó el pacto migratorio con Turquía, que la UE pretende replicar con «acuerdos marrulleros» con países como Libia, y el incumplimiento del sistema de cuotas para el reparto de los refugiados, ya que la UE debía haber acogido a 120.000 solicitantes de asilo en dos años y solo lo ha hecho con 8.000.

Una de las principales consecuencias ha sido que «las personas musulmanas y migrantes han corrido riesgo de discriminación y aplicación de criterios raciales por parte de la Policía» e incluso han sido víctimas de delitos de odio en varios países europeos.

AI advierte de «un cambio radical de paradigma: del planteamiento de que la función de los gobiernos era proporcionar seguridad para que las personas pudieran disfrutar de sus derechos se pasó a la idea de que debían restringir los derechos de las personas para proporcionar seguridad».

Una «peligrosa redefinición» que cuenta entre sus manifestaciones más alarmantes el empeño de los estados en facilitar la declaración y prolongación del estado de excepción.