Los sindicatos y asociaciones personados como acusación popular en el juicio por los pagos a cargo de Kutxabank al exdelegado del Gobierno español en la CAV Mikel Cabieces, exigieron ayer responsabilidades políticas a quienes conocían los hechos y lo permitieron, en la medida que ostentaban una representación política en la dirección de BBK, y matizaron que pudieran derivarse también responsabilidades penales de identificarse a los políticos que pidieron al presidente de un banco una contratación a cargo de los fondos de la entidad saltándose todos los procedimientos internos.

Según destacaron, el juicio ha demostrado la existencia del «fraude» y el «impulso político» que tenían los hechos, al mediar una llamada de un alto dirigente político al máximo responsable de la entidad, Mario Fernández, para que buscase el reciclaje profesional de Cabieces. Apuntaron, asimismo, que «los delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental no han podido ser desmentidos por los testimonios de los acusados».

En una comparecencia acompañados de la letrada que ha llevado la acusación popular, Jone Goirizelaia, indicaron que esperan una sentencia condenatoria y remarcaron que «toca a los responsables políticos dar la cara», en referencia expresa a quienes conocían los hechos por formar parte de los órganos de dirección y el patronato de BBK y «los permitieron».

Representantes de los sindicatos LAB, ESK, Steilas, EHNE Bizkaia, Hiru y las asociaciones Pentsionistak Martxan y de consumidores EKA remarcaron que, en la medida de sus posibilidades, denunciarán «cuantos tratos de favor, clientelismo, malversación de fondos y pagos indebidos se hayan podido realizar en todo este proceso de privatización y gestión opaca de los activos del banco».

«Lo lógico, es la condena»

La letrada de la acusación popular, Jone Goirizelaia, apuntó, por su parte, que no hay un plazo establecido para conocer la sentencia, aunque estimó una medida de dos meses y avanzó que, a la luz de lo escuchado en el juicio, «lo lógico es que esta sea condenatoria». Recordó que el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, afirmó que «unos responsables políticos le llamaron y le dijeron que le busque una forma de reciclarse a otro responsable político» y «eso no lo dice la acción popular, eso lo dice uno de los acusados». Explicó, asimismo, que hay responsabilidades políticas con «un claro reproche social», pero de las que pueden no derivarse responsabilidades penales que, en este caso, ve más relacionadas con los políticos que llaman pidiendo una acción «saltándose los protocolos, formas de contratación y organismos internos». Consideró igualmente significativo que la defensa de Fernández no rebatiera los hechos sino que cargara su argumentación sobre cuestiones técnicas.