Agustín GOIKOETXEA
VISTA MAÑANA EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Sare gana crédito social tras un expolio que intenta reparar

La Sección Segunda de lo Penal de la AN tiene que decidir si devuelve o no los 104.000 euros que la Guardia Civil incautó a Sare en enero de 2015. La vista se celebra mañana. Mientras, el apoyo a la red ha crecido tras un expolio que ha generado una gran ola de solidaridad desde la mayor parte de las sensibilidades del país.

La resaca de la multitudinaria movilización para reclamar el fin de la dispersión, que había tenido lugar el sábado 10 de enero de 2015 en Bilbo, continuaba cuando el Estado español lanzaba una nueva operación contra la solidaridad hacia los presos vascos. Dieciséis personas, doce de ellas abogados, eran detenidas por la Guardia Civil, que aprovechaba para llevarse 104.000 euros en monedas y billetes de la sede de LAB en la capital vizcaina. Era lo recaudado en la cuestación popular que habían llevado a cabo decenas de sarekides durante la marcha en la que participaron 80.000 personas.

Sare había depositado en las oficinas del sindicato, a escasos metros de donde había tenido lugar la marcha, 150 bolsas con el dinero. No hubo otro razón para elegir este lugar que la de que, siendo sábado por la tarde y con los bancos cerrados, la sede de la central que lidera Ainhoa Etxaide estaba muy cerca de la plaza Zabalburu, donde se desarrolló el acto final de la movilización.

Pero la Guardia Civil lo sabía y, con el plácet de la Audiencia Nacional, accedió al local de Alameda Rekalde, donde durante doce horas registró distintas dependencias causando importantes destrozos. Los propios agentes colgaron en las redes sociales imágenes en las que se les veía encapuchados contando una gran «montaña» de monedas, a todas luces orgullosos del «botín» que habían obtenido.

«Si lo que han pretendido con la requisa del dinero recaudado durante la movilización ha sido intimidarnos o asustarnos, les decimos muy claro y muy alto que han conseguido lo contrario», declararon entonces los sarekides Joseba Azkarraga y Arantza Aldazabal, arropados por un centenar de personas que protestaron contra el expolio. La red ciudadana en defensa de los derechos de presos, exiliados y deportados vascos estaba por entonces, por cierto, en periodo de constitución legal. Sin ese dinero aportado por miles de personas, esta organización nacida de la sociedad civil ha sufrido en estos dos años largos un quebranto económico que ha repercutido negativamente en sus planes. La falta de liquidez y las deudas adquiridas le impiden pensar en actividades más ambiciosas de sensibilización.

Veinticinco meses después de la incautación, el dinero sigue en poder de la Audiencia Nacional a pesar de que, desde el 12 de enero de 2015, Sare lleva repitiendo que ese dinero era para pagar los gastos generados por la laboriosa organización de aquella manifestación. «A falta de una Gürtel, la sociedad vasca se paga con esfuerzo sus actos a escote, lo que hace más intolerable que un juzgado se lleve literalmente el dinero de miles de personas», denuncia un manifiesto de medio centenar de personas referenciales de diferentes sensibilidades ideológicas y de diversos ámbitos profesionales que apoyan el trabajo de la red, hecho público la semana pasada. No se trata de una iniciativa más, viendo el perfil de los firmantes del documento, cuya lista encabezan dos exlehendakaris: Carlos Garaikoetxea y Juan José Ibarretxe.

Un tribunal poco prometedor

La vista del recurso en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal tendrá lugar finalmente mañana. La propia conformación del tribunal –con dos magistrados muy afines al PP, Concepción Espejel y Enrique López, y con José Ricardo de Prada que completa la terna– mantiene en vilo a Sare. «Veremos hasta dónde llega la politización de la justicia no ordinaria y la mano del Gobierno. Tendremos oportunidad de comprobar si una decisión política, revestida de judicial, impide a Sare recuperar lo que nunca se le debió arrebatar, con la intención de debilitarla mediante su asfixia económica», valoran sus representantes. Ven detrás de esta y otras jugadas la pretensión del PP de poner obstáculos a la red ciudadana en su denuncia de una política penitenciaria «arbitraria e injusta», que deja en evidencia «a quienes anclados en la venganza, quieren perpetuar el sufrimiento» de las personas presas y también de sus familias.

La defensa de Sare tiene que desmontar la tesis que defiende el auto del juez Eloy Velasco, en el que se justificó la requisa de los fondos por si pudieran tener un «fin ilícito», pues supuestamente vieron a personas con «chalecos de Herrira» en la marcha. Este el argumento estrella para no devolver el dinero: esgrimir que se iba a destinar a actividades de la ilegalizada Herrira, sin que exista la mínima prueba que avale ese hecho por parte de cuerpo policial alguno.

Otro magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, rechazó al año siguiente investigar esa misma cuestación popular efectuada el 9 de enero de 2016, tal y como pretendía el Ministerio del Interior con la intención de criminalizar a la red.

En la vista de mañana, Sare insistirá en que no hay dato ni prueba objetiva aportada que relacione su actividad con las presuntas actuaciones ilegales que se citan en el auto de Eloy Velasco. «La incautación del dinero se ha llevado a cabo sin que exista prueba alguna de que su fin no sería otro que afrontar los gastos generados por la organización de la manifestación», se insiste en el recurso de apelación, que se verá a puerta cerrada. Una mayoría social y política en Euskal Herria considera «inexplicable» que el tribunal no acepte el recurso, aunque la confianza no es absoluta viendo el perfil del tribunal.

Son muchas las voces que recuerdan que algunas decisiones judiciales cautelares en fase de instrucción, y que luego se anularon o rectificaron, fueron «terriblemente injustas» porque «arruinaron irreversiblemente empresas y proyectos comunicativos como ‘‘Egin’’ o ‘‘Egunkaria’’, sin que luego se reparara de ninguna manera el daño causado por parte de un Estado llamado a andana, un Estado irresponsable que expropia por motivos políticos y luego no repara ni indemniza ni pide perdón por sus errores o desmanes. Estas barbaridades indignas de un Estado de Derecho se han quedado en la memoria colectiva».

La alerta es absoluta por lo que pueda ocurrir en el tribunal especial. «Si se rectifica, lo celebraremos por el paso dado hacia la normalización; y si no fuera así y se ratifica la persecución a esta red ciudadana –explican quienes la respaldan–, será la propia Audiencia Nacional la que ahonde en su desprestigio y será la sociedad vasca quien seguirá haciéndose oír haciendo inútiles las zancadillas».

 

Diputados y Senadores respaldarán en Madrid a la red

Diputados y senadores de PNV, EH Bildu, Unidos Podemos, ERC y PDeCat, además de representantes de ELA y LAB, acudirán mañana a la Audiencia Nacional para apoyar el recurso que ha presentado Sare contra este expolio. En entrevista al programa Kalegorrian de Info7, Joseba Azkarraga reiteró anteayer que «si la Audiencia Nacional adopta una decisión político-judicial para hurtarnos nuestro dinero y nuestros derechos, deberá ser la sociedad la que, con su solidaridad o no, decida el futuro de la red ciudadana».

El portavoz de Sare apostó porque la sociedad vasca se movilice «para avanzar en la resolución y la paz». Quienes respaldan el trabajo de esta red aseguran que «si existe es porque la sociedad vasca, sensible a las injusticias que ha venido denunciando, le da su apoyo de forma reiterada».

Para denunciar lo que está sucediendo con este caso, mañana a las 19.30, en la plaza Elíptica, en Bilbo, se ha convocado una concentración a la que se anima a participar a la ciudadanía. A.G.