José María RIVADENEYRA
Exvicepresidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa
IMPACTO DE LA INCINERADORA EN LOS AYUNTAMIENTOS

Zubieta, quemar la economía

Uno de los efectos menos conocidos del proyecto de incineradora es la factura para los ayuntamientos, y especialmente para los que más impulsan el reciclaje y podrían por ello tener mucho menos coste. En Usurbil, por ejemplo, la diferencia iría de 110 a 518 euros por tonelada de rechazo.

Para sus impulsores, el principal problema de la incineradora de Zubieta no es ni su impacto en la salud de la población, ni el rechazo social derivado, sino su viabilidad económica. Es tan cara que a los ayuntamientos les resultaría más barato invertir en recoger los residuos por separado, evitando con ello llevarlos a incinerar y su enorme coste, lo que a su vez dejaría a la incineradora sin suficiente residuo que quemar, haciéndola inviable. Pongamos números a esta afirmación, basándonos en las cifras de generación de residuos de 2015 en Gipuzkoa y en las condiciones económicas de la oferta ganadora de la licitación de la incineradora.

En esa oferta ganadora queda fijado que Gipuzkoa se obliga a sí misma a pagar a la empresa gestora de la incineradora 21.672.069 euros fijos anuales, independientemente de la cantidad de residuos incinerados, más otros 15,6 euros por cada tonelada entregada. En 2015, el rechazo generado en Gipuzkoa fueron 149.000 toneladas, lo que supone un coste de 161 euros por tonelada, a lo que habría que sumar el IVA y el coste de transporte hasta Zubieta.

¿Es eso caro? Comparémoslo con la alternativa analizada por un grupo de ayuntamientos guipuzcoanos durante 2016, que contemplaba reducir el rechazo a materiales inertes, llevando todo lo demás a reciclar y depositando ese rechazo no reciclable en depósitos para inertes (que no deben confundirse con los basureros de toda la vida). Esos ayuntamientos encontraron ofertas que suponían 110 euros por tonelada, incluyendo transporte fuera de Gipuzkoa. Si en lugar de enviar ese rechazo fuera se aprovecharan los depósitos para inertes que hay en Gipuzkoa (Aizmendi, Lurpe, Epele ... ), esa cifra podría bajar aún más. Desde luego, pagar 161 euros por tonelada, pudiendo pagar 110 o menos, parece caro.

Pero más importante aún que la reducción del coste por tonelada es el hecho de la tremenda reducción de toneladas a procesar en caso de apostar por la alternativa a la incineración, es decir, por la separación en origen que reduzca el rechazo exclusivamente a lo no reciclable. En las poblaciones guipuzcoanas donde se está superando el 80% de tasa de separación de residuos, se produce aproximadamente la cuarta parte de rechazo por habitante que en otras donde se sigue recogiendo la mayor parte del residuo mezclado en contenedores verdes. Eso supone que también la factura por el tratamiento de ese rechazo sería la cuarta parte. Un ejemplo: con prácticamente la misma población, en Usurbil se pagarían al año 40.920 euros por tratar sus 372 toneladas de rechazo doméstico a 110 euros la tonelada, mientras en Urnieta costaría 214.613 euros anuales incinerar sus 1.333 toneladas de rechazo a 161 euros la tonelada. Efectivamente, la incineración es una opción muy cara.

De estas cifras surge el problema de la viabilidad económica de la incineradora: los ayuntamientos no iban a tardar mucho en percatarse de que les sale a cuenta evitar la incineración, mejorarían sus sistemas de recogida... y dejarían a la incineradora sin prácticamente nada que quemar.

Para evitar esa fuga de residuos, cuando se creó el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa con el objetivo de construir la incineradora, en sus estatutos se impuso a las mancomunidades la obligatoriedad de entregar sus residuos a ese Consorcio para ser incinerados. De esa manera, Usurbil estaría obligado a quemar sus 372 toneladas de rechazo a 161 euros la tonelada. Pero esto no arregla el problema, porque Usurbil seguiría pagando mucho menos que Urnieta: 59.982 euros anuales frente a los 214.613 de Urnieta. Seguiría siendo rentable mejorar sistemas de recogida, los ayuntamientos no tardarían en hacerlo y la incineradora quebraría por falta de residuo que quemar.

Esa enorme diferencia en la factura por el tratamiento de su rechazo entre poblaciones como Urnieta y Usurbil no es una hipótesis; es la realidad que se ha estado dando desde 2008 hasta hace poco. Constatar ese beneficio económico es lo que ha llevado a los actuales gobernantes a cambiar el sistema tarifario, para castigar económicamente a los municipios que generen poco rechazo. Ese cambio tarifario es el descrito al principio de este escrito: se paga tarifa fija anual proporcional a la población del municipio, más una pequeña cantidad por tonelada de rechazo entregado. El resultado: ahora Usurbil tendrá que pagar anualmente 192.686 euros por sus 372 toneladas, mientras Urnieta paga 208.618 por sus 1.333 toneladas. Expresado de otra manera, Usurbil tiene que pagar 518 euros por tonelada de rechazo entregada al Consorcio, mientras Urnieta solo paga 156,5 euros por tonelada.

Esta forma de repartir los gastos se podría denominar timo, estafa, tomadura de pelo, o, simplemente, robo, pero los actuales gestores del Consorcio han optado por llamarlo «pago por disponibilidad del servicio». La única salida que quedaba a los municipios dispuestos a mantener una recogida eficiente era abandonar el Consorcio, pero, previendo la estampida, los estatutos del mismo recogen que si alguien se va, tiene que pagar su parte proporcional del contrato por 35 años para incinerar. Es decir, si un ayuntamiento se va, tendría que pagar su parte fija de la factura con la empresa adjudicataria de la incineradora, y, además, su propia gestión de los residuos.

Es un modelo profundamente injusto, que, además, va contra un objetivo esencial de toda política de residuos, pues en lugar de premiar la reducción y el reciclaje, lo penaliza. Es tan demencial y tan contrario a lo que debe ser una politica fiscal de residuos, que hasta el PP, partidario de la incineración, se ha opuesto a esa forma de pago en Juntas Generales. Pero de nada ha servido: el tándem PNV-PSE ha seguido adelante con su plan, que supone renunciar a los beneficios económicos de la reducción, reutilización y reciclaje, y, lo peor de todo, no solo quemar nuestra economía, sino también nuestra salud.