Alberto PRADILLA
IRUÑEA
TORTURA E IMPUNIDAD EN EL ESTADO ESPAñOL

Catalá elude aportar datos sobre el torturador que estuvo con el CPT

El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, fue interrogado ayer por el senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, sobre el caso de José María De las Cuevas Carretero, guardia civil condenado por torturas e indultado que participó en un encuentro del CPT. No hubo respuesta más allá de generalidades y negación de un maltrato reconocido por los jueces.

Negar la existencia de torturas y eludir la respuesta a las preguntas concretas. Esta fue la actitud mantenida ayer por el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, encargado de contestar a las interrogantes formuladas por el senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, sobre la impunidad de la que se han beneficiado torturadores como el capitán de la Guardia Civil José María De las Cuevas Carretero. Como informó este diario el lunes, el agente fue condenado por los maltratos a Kepa Urra, indultado por el Gobierno de José María Aznar y, posteriormente, ascendido a capitán y encargado de representar al Ejecutivo en foros internacionales. Tanto es así que llegó a estar presente durante la visita del Comité de Prevención de la Tortura dependiente de la Comisión Europea. Durante la sesión de control al Gobierno que se celebra en la Cámara Alta el senador soberanista preguntó por este guardia civil y quiso saber si existen más casos similares. No obtuvo respuesta alguna.

«España es un Estado de Derecho y si hay errores, si alguien comete un delito, está la ley para protegerlo», afirmó Catalá. No dio la sensación de que el ministro hubiese prestado demasiada atención a lo expuesto por Iñarritu en su turno. Más que nada, porque el grueso de las preguntas quedaron sin respuesta, mientras el miembro del Gobierno español hacía referencia a cuestiones por las que nadie se había interesado. Lo más probable: que sus asesores tratasen de adelantarse a lo que preguntaría Iñarritu y redactasen una respuesta «estándar».

En ella, el ministro alabó el papel del Tribunal Constitucional (con mención expresa a la legalización de Sortu o el permiso para que EH Bildu se presentase a las elecciones), argumentando que es la última instancia judicial del Estado. Ignoraba así que, según la legislación española, quien indulta no es el Alto Tribunal sino el Ejecutivo. En la misma línea, el ministro rechazó que existan torturas en el caso de Sandra Barrenetxea, aferrándose al testimonio del forense de la Audiencia Nacional española.

«Las sentencias que dicten los tribunales, sean quienes sean los condenados, se aplicarán y tendremos todos las seguridad de que en España se respetan los derechos de todos y no existen prácticas de torturas», aseguró el ministro. Los propios jueces le desmienten, pero al no existir turno de réplica el ministro pudo quedarse tranquilo. Nadie le iba a contradecir.

Apoyar a «todas las víctimas» cuando se excluye a Lasa y Zabala

El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, optó por el malabarismo dialéctico para asegurar que no es partidario de poner «apellidos» a las víctimas y que defiende sus derechos sin distinción, al mismo tiempo que se mostraba partidario de excluir a las familias de Joxean Lasa y Joxi Zabala de la equiparación de las indemnizaciones con otros afectados por la violencia. El senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, se había interesado por el caso desvelado por GARA de un capitán de la Guardia Civil condenado por torturas y posteriormente indultado que había participado en una visita del Comité para la Prevención de la Tortura. El ministro, sin embargo, se fue por las ramas y evitó contestar a preguntas concretas. Ocupó su tiempo, por ejemplo, en realizar una defensa del papel del TC que recientemente negó el derecho de las familias de Lasa y Zabala a percibir el resto de la indemnización que les equipararía a otras víctimas por considerar que los dos refugiados fueron miembros de ETA a pesar de no haber sentencias que avalen la tesis.