Pendientes desde octubre de que el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbo resuelva si la quiebra de la planta de purines de Karrantza fue fortuita o no, tal y como se aventuró en el transcurso de aquella vista, se reactiva la causa penal en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Balmaseda. La última parte en personarse ha sido la Diputación, que se suma a un procedimiento impulsado a raíz de la querella que interpuso en 2014 el Consistorio del valle más occidental de Bizkaia contra once personas vinculadas al fallido proyecto, a los que acusa de apropiación indebida, falsificación de documentos públicos y malversación.

El Gobierno foral es el último afectado que se suma a la causa después de que la Fiscalía observase incidios de delito en la actuación de exaltos cargos del Ejecutivo de Lakua, responsables municipales, ganaderos y empresarios vinculados a la sociedad Karrantzako Minda (KM). Poco después, la Abogacía del Estado se personó y seguido el Gobierno autonómico.

En el pleno de control de noviembre en las Juntas Generales, la oposición ya denunció la «pasividad» del Gabinete que preside Unai Rementeria, al limitrse a actuar como un «acreedor más» en el proceso concursal, en vez de pedir la culpabilidad de los ocho implicados en la quiebra de KM. Entonces, la diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, la jeltzale Elena Unzueta, dijo que sí se habían personado en el proceso concursal, aunque EH Bildu, Podemos y PP criticaron que fuera de «forma testimonial», al no estar presentes en la vista oral que se siguió en octubre pasado.

Citados a declarar en mayo

En la actual fase de diligencias previas, la jueza ha citado a declarar el 3 y 9 de mayo, en calidad de investigados, a Martín Ascacibar, exdirector de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Departamento de Agricultura, a quien se considera el «cerebro» de la operación para hacerse con ayudas y subvenciones públicas con la excusa de construir una planta de purines; los representantes de la cooperativa ganadera Guvac Ángel María Ruiz Quintano, Manuel Fisure y Vicente Albisua; el exalcalde José Luis Portillo y el exedil también del PNV José Ignacio Muro.

En la segunda jornada, se interrogará a Mikel Aingeru Ibarrondo y Alfredo González Urigoitia, representantes de Ade Biotec; el exalto cargo Xabier Agiriano Erkizia; la asesora María López Claudios y al abogado Emiliano Garayar. Una vez tomado declaración a los citados, la titular del juzgado de Balmaseda no descarta llamar a otras de las personas que las acusaciones han propuesto.

A la espera de la sentencia por la quiebra

La titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbo, Olga Ahedo, no acaba de dictar la sentencia sobre el papel que jugaron Martín Ascacibar, Ángel María Ruiz Quintano, Vicente Albisua, Manuel Fisure, José Luis Portillo, José Ignacio Muro, Concepción García y Felipe Mendibil en la quiebra de Karrantzako Minda. En la vista, en octubre, administrador concursal, Fiscalía, Abogacía del Estado y el letrado del Ayuntamiento de Karrantza defendieron la culpabilidad de los implicados, lo que supone que las ocho personas tendrían que afrontar con su patrimonio un agujero de 8 millones de euros, a los que habría que sumar una indemnización por valor de 12 millones por daños y perjuicios

Detrás del proyecto, así lo apuntó la abogada del Estado en sus conclusiones, estaban Ascacibar y la empresa Ade Biotec, que fueron «los grandes beneficiados de los fondos» que otorgaron Lakua, Diputacion y el Gobierno español. El ex directivo de la firma Mikel Aingeru Ibarrondo dijo en su declaración que «el ser o no ser» de Karrantzako Minda (KM) radicaba en la recepción de subvenciones para su desarrollo.A.G.