«Que salgan de la cárcel de forma inmediata sería lo más lógico, lo normal y lo más justo», manifestó ayer Isabel Pozueta, madre de Adur Ramírez de Alda, uno de los tres detenidos por la pelea de Altsasu con dos guardias civiles que sigue preso como presunto «terrorista» contra el criterio de la Audiencia Provincial de Iruñea. Los padres de los nueve procesados han dado un paso adelante en la denuncia y búsqueda de apoyos a través de una rueda de prensa en la capital navarra en la que valoraron el último auto en el que tres jueces navarros concluyen que «no cabe considerar, ni siquiera indiciariamente» que se trate de un delito de terrorismo».

«Nuestro deseo es que este caso se instruya en la Audiencia Provincial de Navarra, que se investiguen y se esclarezcan los hechos, se respeten la presunción de inocencia y los derechos a la defensa y un juicio justo», aseguraron los padres. «Este camino está siendo muy duro, con nuestros hijos detenidos y encarcelados. Recordamos que cuatro salieron en diciembre después de más de un mes, pero Adur (Ramírez de Alda), Jokin (Unamuno) y Oihan (Arnanz) siguen en prisión, ya más de cuatro meses, en la cárcel de Soto del Real, en la Provincia de Madrid, y en régimen FIES, lo cual supone una severa restricción de derechos dentro de la propia cárcel», señalaron.

El auto de la Audiencia Provincial ha abierto dos caminos distintos. De una parte, el Supremo debe decidir ahora si sera Iruñea o Madrid el lugar donde se celebrará el juicio, ya que la instrucción está finalizada por la jueza de la AN, Carmen Lamela, que mantiene la acusación por terrorismo. Por otro lado, quien debe pronunciarse sobre si los tres detenidos pueden recobrar su libertad es la Sala de la Audiencia Nacional. Los abogados de la defensa están intentando que esta sala tome la decisión por la vía de urgencia.

Mientras, los padres manifiestan su deseo de que el caso quede fuera «de las luchas partidistas» y se sienten víctimas de un «periodismo amarillista». En este sentido, han destacado que su labor está siendo «hablar con todas las sensibilidades».

La iniciativa de las madres y padres de los procesados han cosechado el apoyo de 88 diputados y senadores, así como la solidaridad del Parlamento de Nafarroa, del Ayuntamiento de Altsasu (y otras 70 localidades), así como el de más de 11.000 ciudadanos a título personal.

Recurso por el proceso a los cuatro jóvenes de Errenteria

El padre de uno de los jóvenes de Errenteria detenidos tras los incidentes de la manifestación del 11 de marzo en Iruñea avanzó ayer que también van a poner un recurso contra la decisión de trasladar el caso a la AN. Al igual que hizo en su día Instrucción Numero 3 por la trifulca de Altsasu, el juzgado de Instrucción Número 4 de Iruñea se inhibió al apreciar que la calificación del presunto delito pudiera ser terrorismo y lo derivó a la Audiencia Nacional. En Madrid, el caso, de nuevo, ha caído en manos de la juez Carmen Lamela, que comparte la tesis de que los hechos se encuadran en la definición de terrorismo del nuevo Código Penal. Ahora, la defensa de los procesados (tres de ellos en la cárcel, a excepción del menor de edad) intentará que la Audiencia de Iruñea se pronuncie sobre cuál es el juzgado competente (y, en consecuencia, diga si aprecia un delito de terrorismo). Patxi Petrirena (padre de uno de los detenidos) confesó que la decisión de la Audiencia Provincial sobre Altsasu les ha devuelto algo de esperanza.A.I.