Martxelo DÍAZ
IRUÑEA

El tetrapartito deja sin efecto la ley que criminalizaba la ikurriña

Los cuatro partidos que sostienen el Cambio en Nafarroa votaron ayer para derogar la Ley de Símbolos de 2003, impulsada por Miguel Sanz y que castigaba a los ayuntamientos que colocasen la ikurriña u otra enseña en sus edificios. UPN y PP optaron por sacar banderas en el hemiciclo y abandonar sus escaños hasta el momento de la votación.

UPN y PP recurrieron a la pataleta y al tremendismo ante la evidencia que los cuatro partidos que sostienen el Cambio tenían ayer la mayoría suficiente para derogar la Ley de 2003, que a instancias de Miguel Sanz, castigaba a los ayuntamientos que optaban por colocar la ikurriña en su balcón.

«Hoy es un día triste para miles de navarros», proclamó el portavoz de UPN, Javier Esparza, que en su discurso culpó en 22 ocasiones a la lehendakari Uxue Barkos de atacar a los símbolos de Nafarroa, a pesar de que ayer se votaba una iniciativa acordada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E. «Han dejado huérfana de identidad a Navarra», acusó la portavoz del PP, Ana Beltrán, que culpó a Barkos de «los altercados» que surgirán al colocar la ikurriña en los ayuntamientos que así lo decidan. Esparza, por su parte, volvió a acusar a EH Bildu de ser «el brazo político de una banda terrorista que ha amenazado a todos los políticos navarros».

El Pleno de ayer comenzó tranquilo, con la aprobación por unanimidad de una proposición de ley para proteger a los contribuyentes con cláusulas suelo.

Pero nada más empezar a debatir el segundo punto, la derogación de Ley de Símbolos de 2003, se lió Los parlamentarios de UPN colocaron en sus escaños banderas de Nafarroa de tamaño escritorio. Los del PP fueron más allá y colocaron una de tamaño mástil. En la tribuna del público también había movimiento. Miembros del PP, entre los que se encontraba Amaya Zarranz, vicesecretaria de Acción Política y Comunicación, desplegaron otra bandera navarra, mientras que el secretario de Organización de UPN, Jorge Esparza, mostraba una camiseta con el diseño de esa enseña. Los parlamentarios de I-E respondieron desplegando una bandera de la II República española.

La presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, llamó la atención a los electos de UPN y PP, que respondieron airadamente marchándose de sus escaños con la excusa de que la bandera republicana era «inconstitucional». Aznárez suspendió momentáneamente la sesión, pero decidió, acertadamente, continuar con el debate mientras los parlamentarios de UPN y PP estaban fuera del hemiciclo. No regresaron hasta el momento de la votación. Los del PSN optaron por quedarse todo el debate.

Adolfo Araiz (EH Bildu) fue el encargado de defender la proposición de ley en nombre de los cuatro partidos, destacando, una vez más, que la derogación no supone alterar los símbolos oficiales de Nafarroa, sino que se limita a dejar sin efecto una norma elaborada expresamente para castigar a los ayuntamientos que colocasen la ikurriña. Añadió que se vuelve a la situación de 1986, que no prohíbe expresamente la ikurriña, y subrayó que serán los ayuntamientos los que decidan libremente si colocan este bandera o cualquier otra. Además, defendió la necesidad de impulsar una norma de símbolos de carácter inclusivo.

Los portavoces de Geroa Bai (Koldo Martínez), Podemos (Mikel Buil) y José Miguel Nuin (I-E) reclamaron tranquilidad para el debate y abogaron por la defensa de una Nafarroa plural que supere las imposiciones y las exclusiones. Además, recordaron que cumplieron un punto del acuerdo programático.

María Chivite (PSN) se sumó a las posiciones de UPN y PSN y criticó a I-E y a Podemos por «asumir posturas nacionalistas». Esparza les dijo que «se habían vendido por sillones». Chivite optó por leer el blog del dirigente del PNV Koldo Mediavilla para censurar la «agenda nacionalista», obviando que su partido mantiene un acuerdo de coalición con los jeltzales en el Gobierno de Lakua.

Pese a los exabruptos, los numeritos, las huidas y las salidas de tono, los cuatro partidos del cambio hicieron valer sus 26 escaños y aprobaron la derogación de la punitiva ley de 2003.