La Guardia Civil detuvo ayer al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra la corrupción en la gestión del Canal de Isabel II en la que fueron arrestadas otras once personas. Se les acusa de delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Todo hace indicar el uso de la empresa pública madrileña para el lucro privado y está por determinar si hubo también financiación ilegal del PP.

Entre otras cuestiones, se investiga una compra realizada por el Canal en noviembre de 2013 de una empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por un importe de 21 millones de euros. Un año después, el valor contable era de apenas cinco millones. Uno de los datos a desvelar es adónde fue tanto dinero pagado de más.

Ignacio González ha sido la mano derecha de la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, que ayer guardó absoluto silencio y que hoy tendrá que declarar en la Audiencia Nacional como testigo en el juicio por el caso Gürtel. Aguirre dijo en su día que había sido ella quien había desvelado ese caso.

Ahora es la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien asegura que esta investigación sobre corrupción en la empresa pública del Canal de Isabel II está propiciada por la información que en mayo de 2016 su Ejecutivo puso en manos de la Fiscalía. Sin embargo, la investigación es bastante anterior. La causa judicial, declarada secreta, se abrió a raíz de una querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de julio, si bien las diligencias fiscales fueron iniciadas un año antes, en 2015.

Batalla interna en el PP

Pero en este asunto, además de las acusaciones de corrupción, hay dosis de batalla interna dentro del PP madrileño. Cuando Cristina Cifuentes llegó a la presidencia de la Comunidad, relevó a los principales responsables del Canal de Isabel II y puso en marcha una operación de limpieza en la empresa, probablemente para no verse salpicada por las aguas corruptas que la recorrían.

Una vez conocida la detención de su antecesor en el cargo, Ignacio González, Cristina Cifuentes compareció en rueda de prensa para destacar su pasada, presente y futura colaboración con los jueces en el esclarecimiento del caso. Dos de sus colaboradores más cercanos declararon ya ayer como testigos ante el juez Eloy Velasco y ella misma recibió un cuestionario para responder por escrito, a lo que tiene derecho en función de su cargo de presidenta.

Pero frente a la imagen de limpieza que pretende trasmitir Cristina Cifuentes, desde Podemos recordaron que ella misma era consejera del Canal de Isabel II «cuando se aprobó una de las operaciones» por las que Ignacio González ha sido detenido, por lo que «no puede decir que no sabía nada». El diputado por Madrid Iñigo Errejón sostuvo que «o mientras esto sucedía miraban a otro lado y por lo tanto no son de fiar; o eran cómplices y tampoco son de fiar; o no se enteraban de nada y entonces nadie querría ponerles al frente del Gobierno».

Implicaciones mediáticas

Además de los detenidos ayer, el juez ha llamado hoy a declarar como investigados al presidente y al director del diario “La Razón”, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda respectivamente, bajo la acusación de haber coaccionado a la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, para que no denunciara los asuntos turbios del Canal de Isabel II. Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de Ignacio González y uno de los detenidos en la operación policial, es consejero de la editora del diario “La Razón”, Audiovisual Española 2000, desde 1999.

Según informaciones publicadas ayer, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda habrían amenazado a Cristina Cifuentes con iniciar una campaña en su contra tanto a través del diario como en otras plataformas de Atresmedia.

Precisamente el presidente del grupo Atresmedia y de Planeta, José Crehueras, fue una de las cinco personas que declararon ayer ante Eloy Velasco como testigos en la causa.

Suspensión provisional del PP

Tras conocerse su detención, el PP decidió ayer suspender provisionalmente de militancia a Ignacio González. El partido tenía abierto desde marzo de 2016 un expediente a González por la investigación en un juzgado de Estepona (Málaga) relativa a la compra de su ático en esta localidad, pero desde entonces no había tomado ninguna decisión.

A su vez, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, aseguró que lamenta «profundamente» que haya en su partido personas implicadas en casos de corrupción, pero defendió la presunción de inocencia. «A ver si intentamos no condenar a la gente antes de que la condenen los tribunales», apuntó.

 

Hernando intenta defender a Rajoy atacando con dureza al tribunal de la Gürtel y a ADADE

Mariano Rajoy ha sido citado por el tribunal como testigo en el caso Gürtel, pero, a la vista de la reacción de su partido, se diría que lo llevan al cadalso, donde va a ser ejecutado en plaza pública por la Asociación de Abogados Demócratas Europeos, (ADADE). El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, recalcó ayer que el cambio de criterio de los jueces para citar ahora como testigo al líder del PP se debe a las «presiones espúreas» de la asociación ADADE –que vinculó directamente al PSOE– para «desprestigiar» y «difamar» al presidente del Gobierno, creando «escándalo donde no lo hay». «Es el Ausbanc del Partido Socialista, buscan obtener un beneficio político a través de los tribunales», enfatizó.

La Moncloa y la dirección del PP dicen por un lado que respetan y no comentan las decisiones de los tribunales, pero ahora se revuelven contra una decisión que, según se sabe, anidaba ya en el ánimo de dos de los tres magistrados que integran el tribunal, pero que fue pospuesta en aras de salvaguardar equilibrios internos en la Audiencia Nacional.

Rafael Hernando sostiene que la decisión de los jueces obedece a «la presión de una asociación de abogados que todo el mundo sabe que está vinculada al PSOE, dirigida por dos dirigentes del PSOE y que llevan intentando que el señor Rajoy se siente en un tribunal en calidad de lo que sea».

Entre las razones aducidas por el tribunal para aceptar la declaración como testigo de Mariano Rajoy se encuentra la declaración por escrito realizada en la fase de instrucción por la presidente del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, quien contó que a finales de 2004 asistió en despacho de Rajoy de la sede de Génova a una reunión convocada por el tesorero Álvaro Lapuerta donde les informó de maniobras de Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel.

Sin emabrgo, según Rafael Hernando, lo que pasa tiene que ver con el «perverso y espúreo» uso de la figura penal de la acusación popular con «fines y criterios exclusivamente políticos». «Se trata de desprestigiar a alguien, llevándole a los tribunales, a sabiendas de que esas personas no tienen nada que decir ni responsabilidad alguna sobre ese asunto», y recalcó que Rajoy no tenía «ni capacidad ni responsabilidad para conocer los hechos».

El portavoz del PP afirmó que ADADE «es el Ausbanc del PSOE, buscan obtener un beneficio político a través de los tribunales. No voy a decir que es el 'Manos Sucias' del PSOE, no, pero ya está bien».GARA